La apertura de la zafra 2026 en Aguilares dejó bastante más que el inicio formal de una nueva campaña. El acto se convirtió en una tribuna para que el sector sucroalcoholero volviera a reclamar por el cumplimiento de la ley de biocombustibles, en medio de un escenario de incertidumbre por el precio del azúcar, el valor del alcohol y la presión económica que atraviesa la actividad. La voz más fuerte fue la de Catalina Rocchia Ferro, que apuntó al Gobierno nacional y, al mismo tiempo, le pidió al gobernador Osvaldo Jaldo que interceda para defender a una de las actividades clave de la economía tucumana.
Un reclamo directo a la Casa Rosada
Durante el acto en el ingenio Aguilares, Rocchia Ferro insistió en que no se trata de pedir beneficios extraordinarios, sino de exigir que se cumpla la normativa vigente. En su planteo, remarcó que el sector necesita reglas claras y que el precio del alcohol debe respetar lo que establece la ley. También describió un panorama complejo, atravesado por la caída del precio internacional del azúcar, las lluvias que amenazan con complicar el arranque y un mercado interno debilitado.
Jaldo, en el centro de la presión tucumana
El mensaje no quedó dirigido sólo a Javier Milei. En el inicio de la zafra también se coló una interpelación política hacia Jaldo, en un momento en que la Provincia busca mostrarse como defensora del complejo sucroalcoholero. La industria viene reclamando acompañamiento institucional para sostener la actividad, ordenar excedentes y proteger el precio interno, mientras el Gobierno provincial intenta exhibir diálogo con el sector y respaldo a la ley de biocombustibles. En ese marco, la ausencia o la falta de una reacción más fuerte frente al conflicto nacional empezó a ser leída como una señal política.
La “vaca lechera” tucumana y el peso de la zafra
La frase que sobrevoló el acto resumió el malestar empresario: Tucumán vuelve a sentirse una “vaca lechera” cada vez que la Nación demora definiciones o condiciona a una actividad que mueve empleo, producción y recursos en el interior. Desde el sector remarcan que detrás de cada zafra hay miles de familias que dependen de la cadena cañera, desde obreros e industriales hasta productores y proveedores. Por eso, el reclamo excede una discusión técnica sobre combustibles: toca de lleno el corazón productivo de la provincia y reabre la tensión entre un gobierno nacional que pregona desregulación y una economía regional que exige protección, previsibilidad y reglas que se cumplan.
