La Corte Suprema de Justicia de Tucumán cerró el conflicto por el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán al confirmar la nulidad del contrato firmado durante la gestión anterior, una decisión que no sólo pone fin a una larga disputa judicial, sino que además le abre a la intendenta Rossana Chahla una oportunidad concreta para rediseñar un sistema con fuerte impacto en la recaudación municipal.
El fallo dejó sin efecto el vínculo con la unión transitoria de empresas Tecno Agro Vial al considerar que la concesión fue ilegal y arbitraria desde su origen. Pero detrás del argumento institucional sobre la necesidad de ordenar el tránsito, empieza a asomar otro debate: cuánto del nuevo impulso oficial está puesto en mejorar la circulación y cuánto en sumar nuevas fuentes de ingresos, en una ciudad donde el estado de las calles sigue siendo uno de los reclamos más repetidos por vecinos y conductores.
Una concesión caída y una puerta abierta para volver a cobrar
La sentencia del máximo tribunal provincial rechazó el recurso presentado por la empresa y ratificó que la adjudicataria no estaba en condiciones de contratar con el Estado. Según se estableció, la firma se encontraba en estado concursal cuando se presentó en 2021, una situación expresamente prohibida por el pliego licitatorio.
Para la Justicia, no se trató de un detalle administrativo ni de una falla menor, sino de una irregularidad central que contaminó todo el proceso. A eso se sumó otro aspecto que también fue objetado: la distribución económica del sistema, ya que la empresa retenía el 85% de lo recaudado y el municipio apenas recibía el 15%.
Con ese panorama, la anulación del contrato no sólo despejó el camino jurídico, sino que dejó servida la posibilidad de una nueva licitación. Y allí aparece con fuerza la discusión política: la gestión actual podrá relanzar el esquema bajo nuevas condiciones y con mayor margen para redefinir el reparto de recursos.
Más control, más regulación y más ingresos en la mira
La resolución judicial llega en un momento en que el municipio también busca avanzar sobre otro frente sensible: la regulación de las plataformas de transporte. En ambos casos, el denominador común es claro. La administración municipal se mueve sobre actividades de alta circulación urbana y fuerte potencial recaudatorio.
Así, el estacionamiento medido y las apps de transporte aparecen como dos piezas de una misma estrategia: ampliar la capacidad de control del Estado municipal sobre servicios que generan movimiento diario de dinero. El problema es que esa avanzada convive con una ciudad que todavía exhibe serias falencias en infraestructura, calles deterioradas, señalización deficiente y problemas cotidianos de tránsito que están lejos de resolverse.
En ese contexto, crece la sospecha de que el ordenamiento urbano funciona también como argumento para justificar nuevos mecanismos de cobro, mientras los déficits estructurales siguen a la vista.
La discusión de fondo: ordenar la ciudad o engordar la caja
El fallo de la Corte marcó un límite importante en materia de contrataciones públicas al recordar que no puede haber concesiones válidas sin buena fe, transparencia y estricto cumplimiento de las condiciones legales. Pero la etapa que se abre ahora no estará exenta de cuestionamientos.
La gestión de Chahla podrá avanzar con un nuevo proceso para implementar el estacionamiento medido bajo reglas avaladas por la Justicia. Sin embargo, el verdadero examen no pasará sólo por la legalidad del futuro contrato, sino por el sentido político de la medida. En una capital golpeada por el mal estado de sus calles y por problemas urbanos no resueltos, cualquier intento de sumar cargas al bolsillo de los ciudadanos quedará bajo lupa.
Con el viejo esquema caído, el municipio tiene vía libre para rediseñar el sistema. La pregunta que sobrevuela es otra: si esa decisión estará orientada a mejorar de verdad la movilidad en San Miguel de Tucumán o si, una vez más, la prioridad será recaudar más.
