La causa que investiga la agresión sufrida por María Teresa Miranda sumó en las últimas horas un elemento clave: una pericia médica oficial confirmó que la víctima padeció lesiones graves, con un tiempo de curación superior a un mes. Con ese informe en mano y el respaldo de al menos tres testigos que avalaron su versión, el fiscal Mariano Fernández evalúa ahora un posible agravamiento de la imputación contra las tres mujeres señaladas por el ataque.
La pericia judicial complicó a las acusadas
La denuncia había sido impulsada por Lucas Pontoni, actual pareja de Miranda, quien acusó a su ex esposa, Florencia Ortiz, a su excuñada Carolina y a su ex suegra Elena Soria de haber atacado a la mujer. Según esa versión, le arrojaron agua hirviendo en el rostro y luego la golpearon contra el alambrado de la cancha. La propia víctima ratificó ese relato y agregó que las agresoras también habrían intentado atacar a Pontoni.
A pedido del fiscal, la médica del Poder Judicial Lionella Safarsi examinó a Miranda y concluyó que sufrió quemaduras y golpes en distintas partes del cuerpo. En su informe, la profesional dejó asentado que, salvo complicaciones, las lesiones demandarán más de un mes de curación e inutilidad para desarrollar sus tareas habituales, y recomendó una nueva evaluación dentro de 90 días para determinar posibles secuelas.
Con ese diagnóstico, Fernández ya cuenta con evidencia suficiente para avanzar con una acusación por lesiones graves, aunque todavía deberá precisar el grado de intervención que tuvo cada una de las mujeres involucradas en el episodio.
La clave ahora pasa por definir si fue en un partido oficial
La situación procesal de las acusadas podría empeorar aún más si se confirma que el hecho ocurrió durante un partido oficial de hockey. Por ese motivo, el fiscal solicitó informes al club Universitario y a la Asociación Tucumana de Hockey para que determinen si el incidente se produjo en el marco de una competencia formal.
Ese dato no es menor. Si se acredita que la agresión se registró durante un espectáculo deportivo, Fernández podría aplicar la Ley 23.184 de Seguridad Deportiva. Esa norma no reemplaza al Código Penal, pero sí contempla agravantes y figuras específicas para hechos violentos ocurridos en ese contexto.
Además del impacto penal, la aplicación de esa ley también habilitaría otras medidas, como pedir restricciones de acceso a eventos deportivos para las acusadas mientras avance la investigación e incluso eventuales sanciones en caso de condena.
Una nueva denuncia por amenazas y pedido de detención
Mientras se conocían los resultados de la pericia, la causa sumó otro capítulo. Patricio Fresia, abogado de la víctima, presentó una denuncia adicional contra Florencia Ortiz, a quien señaló como la principal sospechosa de haber arrojado el agua hirviendo.
Según el escrito presentado, Ortiz le habría enviado un mensaje amenazante a Noraly Barrionuevo, hermana de Miranda. Para la querella, ese contacto no fue un hecho aislado, sino una maniobra de intimidación hacia el entorno de la víctima en plena investigación judicial.
Fresia sostuvo que ese episodio puede ser interpretado como un intento de entorpecer la causa y anticipó que insistirá con un pedido de detención. A su entender, el mensaje constituye un nuevo elemento para reclamar prisión preventiva cuando se realice la audiencia correspondiente.
Con la pericia médica ya incorporada, la declaración de testigos y la posibilidad de sumar agravantes por violencia en un evento deportivo, la causa quedó en una etapa decisiva. Ahora, la atención está puesta en los informes que deben enviar el club y la Asociación, documentos que podrían modificar de manera sustancial el escenario judicial de las acusadas.
