La resolución judicial que este martes benefició a Marcelo “Pichón” Segura con el arresto domiciliario volvió a encender una discusión que en Tucumán aparece cada vez con más fuerza: la velocidad con la que algunas situaciones se destraban cuando el imputado forma parte, o se mueve cerca, de la estructura del poder.
Segura está acusado por lesiones graves agravadas por alevosía en la causa que tiene como víctima al diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza. El hecho fue de alto impacto público: según la imputación, el 11 de marzo, en La Madrid, le dio un cabezazo a Pelli cuando el legislador y otros dirigentes habían llegado para asistir a damnificados por las inundaciones. La agresión fue de tal magnitud que el diputado debió ser operado por fracturas en la nariz.
En una primera instancia, la Justicia había ordenado la prisión preventiva por cuatro meses y su traslado a Benjamín Paz. Sin embargo, menos de un mes después, esa situación cambió. El juez Raúl Robín Márquez hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso que Segura cumpla la preventiva en su domicilio, con tobillera electrónica y custodia policial hasta que se concrete la colocación del dispositivo.
El dato que más ruido hace: el silencio del MPF
Más allá de los argumentos de salud esgrimidos por la defensa, el punto que políticamente más peso tiene no pasa tanto por la decisión del juez como por la postura del Ministerio Público Fiscal. La auxiliar fiscal Gabriela Ghiliardi, en representación de la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción, no presentó oposición al pedido de morigeración.
Ese dato no es menor. De hecho, es el corazón del problema. Porque si la querella sostuvo que no había evidencias concluyentes de que Segura no pudiera permanecer en Benjamín Paz y advirtió sobre riesgos procesales, la gran pregunta es por qué el MPF eligió no confrontar ese planteo y dejó allanado el camino para el beneficio.
En cualquier expediente de esta sensibilidad, la actitud de la Fiscalía define el clima de la audiencia. Si el órgano acusador no objeta, el mensaje que baja es claro: la resistencia institucional a la domiciliaria es mínima o directamente nula. Y cuando eso ocurre en un caso con fuerte repercusión pública, las sospechas políticas aparecen de inmediato.
Salud, abreviado y un beneficio que llegó demasiado pronto
El juez fundamentó su decisión en el estado de salud del imputado, con referencias a problemas de hipertensión y diabetes, y también en la posibilidad de una salida alternativa, incluso con la hipótesis de un juicio abreviado con pena de ejecución condicional. Es decir, no sólo se alivió la modalidad de detención: además se dejó entrever un horizonte procesal bastante menos gravoso para el acusado.
Eso explica el malestar de la querella y también el de quienes observan el caso desde afuera. Porque la sensación que deja la audiencia es que, para determinados imputados, el sistema encuentra rápidamente canales de flexibilidad. Lo que para cualquier ciudadano común suele ser un largo recorrido de rechazos, aquí apareció habilitado en poco tiempo, sin resistencia fiscal y con una puerta procesal abierta hacia una eventual resolución menos severa.
No se trata solamente de discutir una domiciliaria. Se trata de entender por qué, en una causa con un hecho violento, una víctima identificable y un fuerte interés público, el MPF no opuso reparos. Esa ausencia de objeciones es la que hoy convierte una resolución judicial en un hecho político.
La sospecha de fondo: cuando la cercanía al poder pesa más que el expediente
La frase del abogado querellante, Juan Colombres Garmendia, sintetizó el clima que dejó la audiencia: cuando la política entra por la puerta, el derecho sale por la ventana. Puede sonar dura, pero expresa con crudeza lo que muchos leen detrás de esta decisión.
La Justicia podrá sostener que actuó en base a informes médicos y a criterios legales. Pero en términos públicos el daño ya está hecho: quedó instalada la impresión de que, cuando el acusado forma parte de la trama del poder o se mueve dentro de ella, las soluciones llegan más rápido, las resistencias se diluyen y las respuestas del Estado se vuelven más amables.
El punto central, entonces, ya no es sólo Segura. El punto es el comportamiento del Ministerio Público Fiscal. Porque si el órgano que debía defender la acusación no encontró motivos para oponerse en un caso de esta gravedad, la sociedad tiene derecho a preguntarse qué vio el MPF que no explicó, o qué decidió no ver. Y en Tucumán, cuando esas respuestas faltan, lo que crece no es la confianza: es la sospecha.
