Una investigación periodística volvió a poner el foco sobre el entorno íntimo de Carlos Cisneros, esta vez por un emprendimiento turístico de alta gama en Tafí del Valle. El dato que sacudió el tablero no es que el diputado figure formalmente como socio, sino que el complejo aparece vinculado a sus tres hijas y a Juan Federico Petraglia, uno de sus colaboradores más cercanos.
Según la publicación, la firma Emprendimiento Turístico SRL fue constituida en octubre de 2020 y explota las cabañas La Madrina y el restaurante Muppa Cocina Ritual, en un predio ubicado sobre la ruta 307. De acuerdo con ese trabajo, operadores inmobiliarios del valle valuaron el conjunto entre 3,7 y 5 millones de dólares, una cifra que convirtió al caso en algo más que una curiosidad comercial: lo transformó en una pregunta política sobre el crecimiento patrimonial del entorno cisnerista.
Petraglia, el terreno y las preguntas patrimoniales
El punto más delicado de la investigación no pasa sólo por la sociedad comercial, sino por la situación del terreno donde funciona el complejo. Siempre según ese informe, la propiedad no estaría a nombre de la SRL, sino vinculada a Petraglia, quien figura como poseedor en una mensura para prescripción adquisitiva sobre una parcela de La Quebradita.
Ahí es donde la historia gana espesor político. Porque Petraglia no aparece como un socio más ni como un inversor ajeno al universo de Cisneros, sino como una pieza de confianza dentro de su estructura. Y al mismo tiempo, la publicación conecta ese dato con una declaración patrimonial del propio diputado, en la que figura un inmueble en Tafí del Valle incorporado como “cesión gratuita”. La combinación de esos elementos no prueba por sí sola una irregularidad, pero sí abre interrogantes sobre cómo se articularon los negocios, la tenencia de la tierra y los vínculos personales en torno al emprendimiento.
La revelación llega en el peor momento político
La aparición de este capítulo patrimonial no ocurre en el vacío. Llega mientras la Justicia federal analiza el pedido de indagatoria contra Cisneros, Patricia Neme y el propio Petraglia en una causa derivada del caso Vélez, vinculada a un presunto delito de trata de personas. Ese contexto vuelve todavía más sensible cualquier información sobre sociedades, propiedades y movimientos patrimoniales alrededor del dirigente bancario.
Desde la defensa de Cisneros insistieron en que la causa federal está en una etapa preliminar, negaron que exista un pedido de desafuero y remarcaron que el diputado está a disposición de la Justicia. El propio Cisneros también rechazó esa interpretación y sostuvo que no necesita fueros para defenderse ni para enfrentar al Gobierno nacional. Pero el problema político ya está planteado: mientras avanza la investigación judicial, una nueva publicación puso sobre la mesa el nivel de patrimonio y de negocios que rodea a una de las figuras más poderosas del sindicalismo y de la política tucumana.
