La sentada de los alumnos de la Escuela Normal no fue un episodio aislado ni una reacción exagerada. Fue la expresión visible de un problema que se viene acumulando desde hace años en muchas escuelas tucumanas: edificios deteriorados, filtraciones, pisos rotos, muebles dañados y condiciones de higiene que ya no resisten explicación oficial alguna.
En la Normal, el conflicto estalló tras la difusión de videos con ratas dentro de las aulas, pero el malestar no empezó ahí. La comunidad educativa venía denunciando techos con filtraciones, problemas en los pisos, sectores inseguros y un deterioro general que, con las lluvias, terminó de volver insostenible una situación ya muy delicada. Lo que ocurrió en uno de los establecimientos más emblemáticos de la Capital puso en evidencia una postal incómoda: el estado deplorable de parte de la infraestructura escolar en Tucumán.
La gravedad del caso también radica en el simbolismo. No se trata de una escuela perdida en un punto alejado de la provincia, sino de un edificio histórico ubicado en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Si en ese lugar los alumnos tienen que reclamar por condiciones básicas de salubridad y seguridad, el mensaje hacia el resto del sistema educativo es todavía más preocupante.
Montaldo no puede correrse del problema edilicio
En este escenario, la principal responsabilidad por el estado del edificio recae sobre el Ministerio de Educación que conduce Susana Montaldo. La propia ministra reconoció que la escuela arrastra dificultades de infraestructura, recordó que en 2024 se hicieron arreglos en un sector del techo y admitió que todavía hay partes que no pudieron intervenirse. También sostuvo que se realizan desinfecciones periódicas y que técnicos oficiales estaban revisando la situación. Pero esa explicación, lejos de cerrar el debate, confirma que el problema existe y que la respuesta llegó cuando el conflicto ya había escalado.
El punto político más débil de la respuesta oficial es que la protesta estudiantil no nació de una percepción aislada, sino de un desgaste acumulado. Padres, alumnos y docentes vienen describiendo desde hace días un combo de humedad, filtraciones, aberturas en los pisos y temor por accidentes dentro del establecimiento. La sentada, en ese marco, no fue una presión desmedida, sino la consecuencia de una paciencia agotada.
Por eso Montaldo queda en el centro del reclamo. Porque lo edilicio no admite demasiadas excusas: mantener en condiciones un edificio escolar, garantizar reparaciones y evitar que los alumnos estudien entre deterioro, olores y plagas es una obligación básica de la Provincia. La discusión ya no pasa por si hubo controles o si se mandó un técnico. Pasa por por qué se llegó a este punto.
Chahla también queda alcanzada por la insalubridad del entorno
Pero el conflicto no termina en la puerta del colegio. La propia Montaldo introdujo otro dato clave al señalar que el entorno de la escuela, rodeado de negocios y depósitos, complica el control de los roedores, y que por la noche suelen verse bolsas de basura en la peatonal frente al establecimiento. Esa definición abre una segunda responsabilidad, ya no provincial sino municipal.
Ahí aparece de lleno la gestión de Rossana Chahla. Si el problema sanitario también se alimenta de residuos acumulados, falta de higiene en la vía pública y condiciones insalubres en el entorno inmediato de una escuela céntrica, la Municipalidad de la Capital no puede mirar para otro lado. La limpieza del espacio público, el control sobre la disposición de basura en una zona comercial y la prevención de focos de contaminación forman parte de competencias elementales del municipio. Y si ese entorno favorece la circulación de roedores, entonces no alcanza con fumigar adentro del edificio.
La protesta de la Normal, en definitiva, expuso una responsabilidad compartida entre dos niveles del Estado. Montaldo no puede despegarse del abandono edilicio de una escuela que depende de la Provincia. Chahla tampoco puede eludir lo que pasa en el entorno urbano de un establecimiento ubicado en el corazón de la Capital. Cuando los alumnos tienen que hacer una sentada para reclamar condiciones mínimas, ya no se está frente a un problema puntual: se está frente a una señal de fracaso estatal que golpea a la educación pública por ambos lados.
