Nélida Patricia Rodríguez, ex gerenta de Administración del Subsidio de Salud, reconoció haber usado dinero de los afiliados para financiar gastos personales durante más de un año. Ropa, productos de farmacia, servicios de entretenimiento, pasajes en avión y compras internacionales formaron parte de los consumos realizados con una tarjeta corporativa del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán.
La acusada admitió que utilizó esa tarjeta, habilitada a su nombre pero vinculada a una cuenta corriente del organismo, para pagar compras propias entre junio de 2021 y agosto de 2022. Según la investigación, el plástico debía emplearse exclusivamente para abonar bienes y servicios vinculados al funcionamiento del Subsidio de Salud.
El monto reconocido supera los $5 millones de aquel período, una cifra que hoy equivaldría aproximadamente a $30 millones. Además, Rodríguez admitió consumos internacionales por más de U$S 1.300.
Una condena en libertad pese al daño al Estado
El titular de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, Fernando Blanno, acusó a la ex funcionaria por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. Al reconocer los hechos, la imputada accedió a un acuerdo que fijó una condena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.
En términos concretos, Rodríguez no irá presa. Continuará en libertad, aunque deberá cumplir reglas de conducta para conservar ese beneficio. También tendrá que realizar tareas comunitarias sin remuneración en una institución de bien público, que en este caso será la cooperadora del Hospital Avellaneda.
La decisión vuelve a dejar una sensación amarga: una ex funcionaria admitió haber utilizado fondos públicos para gastos personales, fue descubierta y condenada, pero no cumplirá la pena tras las rejas.
Abuso de confianza y una sanción política de por vida
Blanno fue claro al describir la gravedad del caso. “Se evidenció un abuso de confianza funcional por parte de la imputada”, sostuvo el fiscal. También remarcó que no se trató de un episodio aislado, sino de una maniobra sostenida en el tiempo.
Ese punto es clave. Rodríguez no cometió un error administrativo ni un gasto ocasional mal imputado: reconoció haber usado durante más de un año una herramienta institucional para financiar consumos personales con dinero que debía estar destinado a la administración del sistema de salud de los afiliados.
Además de la condena condicional, la ex gerenta quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Esa sanción aparece como el castigo más fuerte en términos institucionales, aunque no elimina el dato que probablemente genere mayor indignación social: la funcionaria confesó la defraudación, fue condenada, pero seguirá en libertad.
