El Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, resolvió sobreseer al secretario de Estado de Energía de la Provincia, Martín Viola, en la causa en la que se investigaba el presunto uso indebido de un DNI ajeno y suplantación de identidad.
La decisión judicial declaró extinguida la acción penal y dispuso el archivo definitivo del expediente, luego de que el Ministerio Público Fiscal considerara suficiente el acuerdo de reparación integral propuesto por el funcionario. Viola realizó una donación de $5 millones a la Diócesis de la Santísima Concepción y publicó un pedido de disculpas al denunciante.
El expediente quedó cerrado en términos penales, pero el trasfondo político e institucional sigue abierto. Lo investigado no fue un hecho menor: se denunció el uso de la identidad de otra persona para crear una cuenta digital en La Gaceta y publicar mensajes ofensivos contra Alejandro Sangenis, funcionario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
El dato que compromete al funcionario
La causa se inició tras la denuncia de Julián Echazú Toneatti, quien había extraviado su DNI y luego fue advertido de que una cuenta registrada a su nombre había sido utilizada para publicar comentarios agraviantes. Durante la investigación, el diario informó que la suscripción digital había sido abonada con una tarjeta Visa cuyo titular era Martín Viola.
Ese dato fue central para que el funcionario fuera citado a declaración indagatoria. Luego, con el avance del expediente, Viola propuso una reparación integral del daño. En su publicación de disculpas, expresó que lamentaba los inconvenientes sufridos por Echazú Toneatti, aunque también sostuvo que su conducta había estado “ajustada a derecho”.
El juez remarcó que Viola no era funcionario público al momento de los hechos investigados, ya que asumió como secretario de Energía el 20 de agosto de 2025, mientras que el extravío del DNI habría ocurrido en junio de ese año. Sin embargo, esa aclaración legal no elimina la discusión de fondo: hoy sí ocupa un cargo público relevante dentro del Gobierno provincial.
El sobreseimiento no borra el costo político
La Justicia cerró el expediente mediante una salida alternativa prevista por la ley. Pero que una causa penal se extinga por reparación integral no significa que el caso pierda gravedad institucional ni que desaparezcan las preguntas sobre la idoneidad política de quien ocupa una función estatal.
Viola sigue al frente de la Secretaría de Energía de la Provincia, pese a haber quedado involucrado en una investigación vinculada al presunto uso de una identidad ajena para intervenir en una plataforma digital con mensajes ofensivos. En tiempos en los que se exige transparencia, responsabilidad y conducta pública ejemplar, el caso deja una incomodidad evidente para el Gobierno.
La resolución judicial puede haber cerrado el capítulo penal, pero no necesariamente el político. Porque más allá de la donación, las disculpas y el archivo de la causa, la pregunta sigue vigente: ¿alcanza con reparar el daño para que un funcionario continúe sin mayores consecuencias en un cargo público?
