La presentación de un proyecto para autorizar al Poder Ejecutivo tucumano a tomar un crédito de hasta USD 600 millones volvió a poner en primer plano una discusión que la provincia arrastra desde hace años: cómo enfrentar de manera definitiva las inundaciones y la vulnerabilidad hídrica. La iniciativa fue impulsada por el legislador Walter Berarducci en el marco de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica y plantea que esos fondos se destinen exclusivamente a infraestructura.
Sobre el papel, la propuesta apunta a uno de los principales reclamos que dejaron los últimos temporales: dejar atrás las respuestas parciales y pasar a un esquema de obras de gran escala. El proyecto menciona defensas, canales, diques, sistematización de cuencas y trabajos de captación y aprovechamiento del agua, con un enfoque integral sobre las distintas cuencas de la provincia.
La magnitud del crédito abre expectativas, pero también interrogantes
La cifra impacta y, por eso mismo, instala una pregunta inevitable: si el problema hídrico de Tucumán requiere semejante nivel de financiamiento, entonces la solución no dependerá sólo del monto, sino de la capacidad política, técnica y administrativa para ejecutar las obras. Un crédito de esta envergadura puede convertirse en una herramienta histórica, pero también en una apuesta riesgosa si no hay prioridades claras, plazos concretos y control real sobre el destino de los recursos.
El proyecto intenta responder a parte de esas dudas al prohibir expresamente que el dinero se use para salarios, gastos corrientes o fines ajenos a la infraestructura hídrica. También prevé informes semestrales a la Legislatura sobre el estado de avance de las obras y sobre las condiciones financieras del endeudamiento. Aun así, la discusión de fondo no desaparece: autorizar deuda no equivale automáticamente a resolver el problema.
La clave estará en la ejecución y no en el anuncio
La iniciativa enumera obras consideradas estratégicas, como Potrero del Clavillo y Potrero de las Tablas, además de tareas complementarias como dragado y purga de diques. Ese detalle técnico le da volumen político al proyecto, porque lo aparta de una declaración genérica y lo acerca a un plan con antecedentes. Pero la verdadera prueba estará en otra instancia: conseguir el financiamiento, sostener las garantías exigidas y traducir el crédito en obras visibles y eficaces.
Por eso, la pregunta sobre si esta propuesta será la solución todavía no tiene una respuesta cerrada. Puede ser el comienzo de una salida de fondo para una provincia golpeada por anegamientos recurrentes, pero también puede quedar reducida a una promesa de alto voltaje si no supera la etapa legislativa y si no logra ejecución concreta. En Tucumán, el problema ya está diagnosticado; lo que falta saber es si esta vez habrá una transformación real o sólo un nuevo anuncio de gran escala.
