La intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, quedó en el centro de una denuncia penal presentada hoy ante el Fuero Penal de Tucumán. La presentación pide que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, a partir de la supuesta compra de dos terrenos en el country Las Yungas, en Yerba Buena, por una suma superior a U$S 1.000.000.
La denuncia fue impulsada por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el ex candidato a intendente de Alberdi, Luis Augier. Según el escrito, la operación inmobiliaria habría sido realizada en efectivo y no encontraría, en principio, una explicación patrimonial compatible con los antecedentes laborales conocidos de la jefa municipal.
Una acusación que golpea la institucionalidad
El planteo judicial no se limita a una sospecha patrimonial individual. Por el cargo que ocupa Graneros, el caso adquiere una gravedad institucional evidente: se trata de una intendenta en ejercicio, responsable de administrar recursos públicos en uno de los municipios más vulnerables de la provincia.
Los denunciantes señalaron que Graneros habría adquirido los lotes 70 y 71 del sector 12 de Las Yungas, un barrio cerrado ubicado en Yerba Buena. También presentaron liquidaciones de expensas de junio, en las que la intendenta figuraría como titular de ambos terrenos, con montos mensuales de $570.090 y $566.690, respectivamente. Según indicaron, esos lotes habrían sido unificados para la construcción de una vivienda.
Courel agregó un dato que, de comprobarse, podría profundizar la investigación: afirmó que Ariel Mendelek, secretario de Hacienda del municipio de Graneros, habría trasladado parte del dinero en efectivo para concretar la operación en una sucursal del Banco Galicia.
El silencio político de Jaldo
El caso también incomoda al oficialismo provincial. Raquel Graneros llegó a la intendencia dentro del esquema político que conduce Osvaldo Jaldo, quien además la acompañó institucionalmente al inicio de su gestión. Por eso, el silencio del gobernador no resulta un detalle menor.
Hasta ahora, Jaldo eligió hacerse el distraído frente a una denuncia que involucra a una dirigente de su propio espacio y que apunta a una posible incompatibilidad entre ingresos públicos, patrimonio personal y acceso a bienes de lujo. En términos políticos, el gobernador no enfrenta solamente una causa judicial ajena: enfrenta una pregunta sobre los estándares de transparencia que exige —o no exige— a los intendentes que forman parte de su armado territorial.
La gravedad del caso obliga a una respuesta pública. No alcanza con esperar que la Justicia avance. En una provincia donde los municipios dependen fuertemente del poder político central, el silencio del gobernador puede ser leído como una forma de protección, indiferencia o cálculo.
Una mansión bajo sospecha en uno de los departamentos más pobres
La denuncia cobra mayor impacto por el contraste social. Graneros aparece señalado en informes recientes como uno de los departamentos con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica de Tucumán. De acuerdo con mediciones difundidas sobre pobreza multidimensional, Graneros y Burruyacú encabezan el ranking provincial con un índice de 45,8 sobre 100, por encima del promedio tucumano.
Ese indicador no mide solamente ingresos. También contempla condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos, educación, empleo y vulnerabilidad infantil. En otras palabras: mientras una parte importante de la población de Graneros enfrenta carencias estructurales, la intendenta quedó bajo sospecha por la presunta compra de terrenos millonarios en uno de los barrios cerrados más exclusivos de Yerba Buena.
Augier sostuvo que pidieron a la Justicia citar a Mendelek como testigo, requerir informes a la administración de Las Yungas y reconocer a los denunciantes como parte interesada para seguir el avance de la causa.
La investigación recién comienza, pero el daño político ya está planteado. En un municipio atravesado por la pobreza, la sola sospecha de una operación inmobiliaria millonaria en efectivo exige explicaciones inmediatas. La Justicia deberá determinar si hubo delito. La política, mientras tanto, deberá explicar por qué calló tanto.
