La confirmación del sobreseimiento de los cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield no sólo cerró una etapa decisiva para los futbolistas acusados en Tucumán. También dejó abierto otro frente, mucho más delicado, para el diputado nacional Carlos Cisneros y para el grupo de abogados y operadores que aparece mencionado alrededor de la denunciante Lourdes Parache.
El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital ratificó la sentencia que había dictado el juez Augusto Paz Almonacid y confirmó que no hubo delito en el encuentro ocurrido en marzo de 2024 en el Hotel Hilton. La vocal Patricia del Valle Carugatti sostuvo que se alcanzó una “certeza negativa” respecto de la existencia de un abuso, al considerar probado que el encuentro sexual fue consentido.
Con esa resolución, los sobreseimientos de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín quedaron confirmados. Pero el dato político y judicial más fuerte está en otro punto: la derivación al fuero federal para investigar una posible trama de trata de personas, falso testimonio, adulteración de evidencia y maniobras extorsivas quedó firme.
El cierre de una causa y el inicio de otra más pesada
La resolución de segunda instancia golpeó de lleno la estrategia de la querella. El Tribunal rechazó el planteo contra la pericia informática UFED, que recuperó mensajes, audios y elementos digitales considerados claves para reconstruir qué ocurrió antes y después de la denuncia.
Esa prueba, que la acusación privada intentó excluir, quedó validada. Para las defensas, allí aparece el corazón del nuevo escenario: conversaciones previas a la denuncia, referencias a un posible “recupero económico” y mensajes que, según la interpretación judicial, contradicen el relato que luego fue presentado ante la Justicia.
El fallo también dejó asentado que el Ministerio Público Fiscal no acompañó la impugnación ni sostuvo la hipótesis original de abuso sexual. La acusación quedó impulsada únicamente por la querella, mientras que el Tribunal confirmó que no correspondía llevar el caso a juicio oral cuando la evidencia ya había descartado la existencia de delito.
En términos procesales, esa definición libera a los futbolistas, pero al mismo tiempo fortalece la causa federal que mira hacia quienes habrían intervenido en el armado, acompañamiento o direccionamiento de la denuncia.
Cisneros y su círculo, bajo presión judicial y política
La situación más complicada es la de Carlos Cisneros. Según surge de la causa mencionada por la Justicia tucumana, el diputado nacional aparece vinculado a una investigación federal cuya derivación ya no puede ser discutida en esta instancia. Ese detalle no es menor: lo que antes podía ser presentado como una línea secundaria o una consecuencia lateral del expediente, ahora quedó consolidado por una resolución de segunda instancia.
El problema para Cisneros es doble. Por un lado, enfrenta el impacto jurídico de una causa federal que podría avanzar sobre su presunta participación y la de personas de su confianza. Por otro, carga con el costo político de quedar asociado a un expediente que, según la resolución judicial, ya no gira alrededor de una denuncia de abuso sino de una posible maniobra montada alrededor de esa denuncia.
En ese entorno aparecen nombres como Patricia Neme, Federico Petraglia, Franco Venditti y otras personas mencionadas en el expediente. Algunos de ellos no cuentan con fueros, a diferencia del diputado nacional, por lo que eventuales pedidos de detención o medidas judiciales podrían avanzar con mayor rapidez.
Las defensas de los futbolistas, además, anticiparon que podrían promover nuevas presentaciones judiciales. El objetivo sería que la investigación federal avance sobre quienes, según su mirada, participaron de una operación que les provocó daños personales, familiares, profesionales y económicos durante más de dos años.
Una trama que deja heridas abiertas
Más allá del expediente, el caso deja una secuela social profunda. Los futbolistas fueron señalados públicamente durante todo el proceso, mientras que la denunciante también quedó expuesta a una discusión judicial y mediática extremadamente dura. Ahora, con la confirmación del sobreseimiento, la atención se desplaza hacia quienes rodearon, asesoraron o condujeron esa denuncia.
Allí aparece el punto más sensible para Cisneros y su estructura: la Justicia no sólo descartó el delito atribuido a los jugadores, sino que validó pruebas que podrían ser utilizadas para investigar si existió una maniobra organizada con otros fines. La causa dejó de tener como centro a los exjugadores de Vélez y pasó a colocar bajo la lupa a un entramado político, jurídico y operativo con ramificaciones en Tucumán.
El fallo también plantea una discusión incómoda para el sistema judicial y para el debate público: cómo investigar denuncias de violencia sexual con perspectiva de género sin debilitar garantías básicas como la presunción de inocencia, el debido proceso y la valoración integral de la prueba.
Para Cisneros, el escenario quedó mucho más adverso. La confirmación del sobreseimiento cerró el capítulo penal para los jugadores, pero abrió una etapa de mayor incertidumbre para el diputado y su entorno. Con la derivación federal firme, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió en la habitación del hotel, sino quiénes intervinieron después, con qué intereses y hasta dónde llegó la trama que ahora deberá investigar la Justicia Federal.
