En los primeros días tras la agresión a Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle, la reacción política fue inmediata y con tono encendido. El gobernador Osvaldo Jaldo se plantó públicamente el 3 de febrero de 2026 y calificó el episodio como un ataque “en manada”, con una frase que marcó el clima social de esos días: dijo que los agresores eran “cobardes y casi asesinos”. Incluso trazó un paralelismo con el caso Báez Sosa para remarcar la gravedad de lo ocurrido.
Pero esa presencia inicial —con declaraciones, repudio y exigencia de esclarecimiento— se fue desdibujando con el correr de las semanas. Mientras la causa entraba en una etapa más compleja, con discusiones técnicas y versiones enfrentadas, el respaldo público de los principales dirigentes que habían salido a hablar empezó a desaparecer de la escena.
Molinuevo también se metió y apuntó a la Justicia y al Poder Ejecutivo
El 6 de febrero de 2026, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, tomó un rol activo cuando quedaron detenidos dos jóvenes de su ciudad por el caso. Cuestionó la prisión preventiva con una definición contundente: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”. Además, rechazó que se instalara una equivalencia automática con Báez Sosa y habló de “condena social anticipada”.
Molinuevo fue más lejos: sugirió que las declaraciones del gobernador podían condicionar a la Justicia y denunció presión política en el expediente. Aquella intervención pública generó polémica por su participación en una marcha en Concepción y por el tono de sus críticas.
Desde entonces, con la investigación avanzando y con nuevas derivaciones, tampoco volvió a mostrarse con el mismo nivel de exposición pública sobre el caso.
El giro: ahora la defensa quiere denunciar a la víctima y el debate cambió de eje
En las últimas horas, el expediente sumó un giro que reordena el debate: una defensora anunció que preparará una denuncia para que se investigue a Ledezma por un supuesto hecho previo en el boliche. La abogada Paula Morales Soria anticipó que hará una presentación para que se analice esa situación y, al mismo tiempo, planteó que aportará testigos para sostener que algunos jóvenes señalados no participaron de la agresión.
El cambio de escenario es evidente: la discusión ya no pasa únicamente por identificar agresores y responsabilidades, sino también por el contexto de la noche, las versiones contrapuestas y la disputa entre defensa y querella. Y en medio de ese nuevo tablero —con un expediente mucho más sensible y enredado— los políticos que al principio se mostraron al frente, hoy no vuelven a aparecer con nuevas definiciones, ni para ratificar lo dicho ni para actualizar postura ante el giro de la causa.
