La decisión del municipio de anticipar $900 millones a las empresas de transporte volvió a encender críticas en San Miguel de Tucumán. Desde la oposición advirtieron que se trata de una nueva transferencia de recursos a un servicio que sigue sin mostrar mejoras concretas en frecuencias, estado de las unidades y regularidad del sistema.
El planteo opositor pone el foco en que la asistencia económica llega en medio de una crisis persistente del transporte urbano, con reclamos vecinales por demoras, recorridos deficientes y colectivos en malas condiciones. Para los sectores críticos del oficialismo municipal, el problema no es sólo el desembolso, sino la falta de condiciones claras que obliguen a las empresas a traducir esos fondos en resultados visibles para los usuarios.
La oposición carga contra la lógica de la improvisación
Uno de los principales cuestionamientos es que la gestión de Rossana Chahla vuelve a responder con medidas de emergencia ante un problema estructural. En ese sentido, desde la oposición remarcan que la política oficial repite una receta que ya mostró sus límites: más dinero para sostener el sistema, pero sin controles estrictos, metas públicas ni un esquema integral de reordenamiento del transporte.
Esa crítica también alcanza al área de Movilidad Urbana, señalada por impulsar decisiones apresuradas y sin una planificación de fondo. Los cuestionamientos apuntan a que el municipio sigue apostando a soluciones transitorias mientras los usuarios continúan pagando un servicio que, según denuncian, no está a la altura de las necesidades de la ciudad.
Exigen resultados verificables y un plan de fondo
Frente a este nuevo anticipo, la oposición reclama que cualquier asistencia económica esté atada a exigencias concretas: cumplimiento de frecuencias, mejoras en las unidades, controles permanentes y sanciones para las empresas que no respondan. La discusión, sostienen, no debería limitarse a cuánto dinero se gira, sino a qué garantías ofrece el Ejecutivo para que esa inversión tenga impacto real en la calle.
El trasfondo del debate es político y de gestión. Para los espacios opositores, la administración de Chahla sigue apelando a parches costosos en lugar de presentar un plan serio de movilidad urbana. Con ese enfoque, buscan instalar que el problema del transporte no se resolverá con nuevos auxilios aislados, sino con una estrategia integral que deje de administrar la crisis y empiece a transformar el servicio.
