En la política tucumana parece que hasta una necesidad fisiológica puede convertirse en un asunto de negocios. El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán tuvo que frenar el tratamiento de un proyecto que pretendía concesionar los baños públicos de cuatro de los principales parques de la ciudad, después de que la iniciativa llegara al recinto sin precisiones sobre aspectos fundamentales de su funcionamiento. La propuesta, impulsada por los concejales Leandro Argañaraz, Alfredo Terán de Zavalía y Gastón Eduardo Gómez, contemplaba que empresas privadas se hicieran cargo de construir, instalar, mantener y explotar comercialmente los sanitarios de los parques 9 de Julio, Guillermina, Avellaneda y Quinto Centenario. Sin embargo, el texto no establecía expresamente si el servicio continuaría siendo gratuito para los vecinos o si terminaría transformándose en una nueva actividad comercial dentro de espacios que pertenecen a todos.
La iniciativa había conseguido dictamen favorable de la Comisión de Salud, Adicciones en General, Discapacidad y Acción Social el pasado 5 de octubre, con las firmas de Ana María González, Ramiro Ortega y Gustavo Cobos. Estaba previsto que se tratara durante la sesión del jueves 22 de octubre, pero los concejales resolvieron devolverla a comisión para profundizar su análisis. La decisión evitó, al menos por el momento, que avanzara una propuesta cuya redacción dejaba cuestiones centrales pendientes de definición. Porque una cosa es reconocer que los parques necesitan baños públicos limpios, accesibles y en condiciones, y otra muy distinta es habilitar su explotación privada sin establecer previamente las garantías esenciales para los usuarios.
Un negocio posible, pero sin reglas claras
El mecanismo diseñado contemplaba que el Departamento Ejecutivo Municipal elaborara, dentro de los 60 días posteriores a la promulgación de la ordenanza, los pliegos de bases y condiciones para llamar a licitación pública. Esos documentos deberían regresar al Concejo para su aprobación y, posteriormente, el municipio tendría otros 30 días para convocar a las empresas interesadas. Se trataba, por lo tanto, de una iniciativa que establecía un procedimiento administrativo, pero postergaba definiciones sustanciales sobre el servicio que se pretendía concesionar.
Entre los puntos que no estaban precisados figuraban la duración de las concesiones, las condiciones económicas de explotación, las obligaciones concretas de las empresas adjudicatarias y las características de las instalaciones. Tampoco se establecía explícitamente la gratuidad del servicio, una omisión especialmente sensible cuando se habla de sanitarios ubicados dentro de parques públicos. Es cierto que los pliegos posteriores podían incorporar estas condiciones, pero precisamente allí aparece el cuestionamiento: ¿por qué impulsar primero el marco para concesionar y dejar para después la definición de algo tan importante como el eventual cobro a los usuarios?
¿El municipio no puede mantener sus propios baños?
Más allá de la polémica por la eventual concesión, el proyecto abre una discusión sobre las responsabilidades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Los parques son espacios públicos cuyo mantenimiento, infraestructura y condiciones de uso forman parte de la gestión urbana. Garantizar instalaciones sanitarias adecuadas no constituye un lujo ni un servicio extraordinario: es una necesidad elemental para quienes utilizan esos lugares, desde familias con niños pequeños hasta adultos mayores, deportistas y personas con discapacidad.
La participación privada no es necesariamente perjudicial. Existen modelos de concesión que funcionan correctamente cuando están acompañados por reglas transparentes, controles efectivos, inversiones verificables y garantías de acceso. El problema comienza cuando no queda suficientemente claro qué recibe la ciudad, qué obtiene el concesionario y quién termina pagando la cuenta. Si el municipio decide delegar un servicio básico, debería poder explicar por qué esa alternativa resulta más conveniente que prestarlo directamente, cuánto cuesta actualmente su mantenimiento y cuáles serían los beneficios concretos para los contribuyentes.
Baños turbios y demasiadas preguntas sin respuesta
La devolución del expediente a comisión no significa que la propuesta haya sido definitivamente rechazada. Los concejales podrán modificarla, establecer nuevas condiciones y volver a llevarla al recinto. Pero el episodio deja una advertencia sobre la forma en que se discuten determinadas iniciativas municipales: incluso un proyecto aparentemente sencillo, como garantizar baños públicos en los parques, puede involucrar decisiones económicas y administrativas que requieren un nivel de precisión muy superior al presentado inicialmente.
Los autores de la propuesta deberían explicar qué modelo de concesión imaginan, si consideran aceptable cobrar por el uso de los sanitarios, qué mecanismos de fiscalización proponen y cuáles son las razones para incorporar operadores privados. Del mismo modo, sería importante conocer la posición de la administración de la intendenta Rossana Chahla, a la que el proyecto le asignaba la tarea de elaborar los pliegos y conducir el eventual proceso licitatorio, aunque la iniciativa no se originó en el Ejecutivo.
La discusión no consiste en demonizar toda concesión ni en suponer negocios oscuros donde todavía no existen pruebas que los acrediten. Consiste en exigir que quienes administran los recursos públicos expliquen con claridad qué pretenden hacer, por qué quieren hacerlo y cómo garantizarán que los ciudadanos no terminen perjudicados.
Por ahora, el proyecto quedó frenado y las dudas siguen abiertas. No se sabe si los baños serían gratuitos, cuánto tiempo podrían quedar en manos privadas ni cuáles serían las condiciones económicas del servicio. Demasiadas incógnitas para una iniciativa que ya había superado una instancia de comisión y estaba a punto de ser debatida para su aprobación.
Porque los tucumanos necesitan baños públicos que funcionen, no proyectos que dejen más preguntas que respuestas. Y si para ir al baño en un parque algún día hay que sacar la billetera, sería conveniente que los concejales lo expliquen antes de levantar la mano.
