Osvaldo Jaldo eligió abrir la semana con un mensaje de control. Habló de una “baja importante de delitos”, de menos homicidios en el primer trimestre de 2026 y de un verano “relativamente tranquilo” en Tucumán. El problema para ese discurso es el contexto inmediato en el que fue pronunciado: apenas horas antes, Banda del Río Salí había quedado marcada por una balacera entre clanes que dejó un joven de 19 años muerto, una nena de 11 herida por una bala perdida y, al día siguiente, un cortejo fúnebre que derivó en un nuevo episodio de extrema tensión con un hombre intentando abrir fuego contra la Policía.
La contradicción no es menor. No porque los datos oficiales no puedan mostrar una mejora global en algunos indicadores, sino porque el fin de semana dejó expuesto que debajo del balance optimista siguen funcionando núcleos de violencia dura, con disputas familiares armadas, circulación de armas de grueso calibre y escenas que obligan a desplegar operativos especiales incluso en un entierro.
Un crimen, una bala perdida y un sepelio bajo tensión
La secuencia que golpea al relato oficial comenzó el viernes 28 de marzo en la intersección de Saavedra y Perú, en Banda del Río Salí. Según la reconstrucción judicial y policial, Juan Molina, de 19 años, fue atacado a tiros en la vía pública en medio de un enfrentamiento de vieja data entre los clanes Molina y Coronel. Recibió disparos en el abdomen, fue trasladado primero al hospital Eva Perón, luego al Centro de Salud, y murió por la gravedad de las heridas.
Durante esa misma balacera, uno de los disparos entró a una casa e hirió en el hombro a una nena de 11 años que estaba en el patio. La imagen es brutal por sí sola: una interna entre grupos familiares terminó metiendo el terror dentro de una vivienda y alcanzando a una menor ajena al enfrentamiento.
La escalada no terminó ahí. El domingo 29, durante el cortejo fúnebre del joven asesinado, la Policía montó un operativo especial por el riesgo de nuevos incidentes. Y el riesgo se confirmó. Según el parte difundido, un hombre acompañado por otros dos extrajo un arma calibre 11,25 e intentó disparar contra los efectivos. La intervención de Infantería evitó que se concretara el ataque y hubo reducidos y demorados. Es decir: el crimen inicial no fue un hecho aislado, sino el disparador visible de una cadena de violencia que siguió incluso en el sepelio.
El Gobierno habla de baja del delito, pero no mostró los números
Pese a esa secuencia, el lunes 30 Jaldo encabezó una reunión con la plana mayor de la Policía y presentó un balance positivo del primer trimestre. Dijo que hubo una baja importante de delitos y de homicidios respecto del mismo período de 2025, destacó el Operativo Lapacho, habló de profesionalización policial y sostuvo que la seguridad se consolidó como política de Estado.
El punto débil de esa construcción política es que el Gobierno difundió el mensaje sin acompañarlo, al menos en la comunicación pública, con cifras desagregadas, series comparativas ni detalle territorial. La afirmación quedó apoyada en la palabra oficial, no en datos abiertos que permitan medir cuánto bajó cada delito, en qué zonas y bajo qué criterios.
Esa ausencia de números importa porque la seguridad no se discute sólo en términos estadísticos, sino también en percepción, recurrencia y tipo de violencia. Un gobierno puede exhibir una baja agregada de robos o hurtos y, sin embargo, convivir con escenas que socialmente pesan mucho más: homicidios, tiroteos en la calle, menores heridos, armas circulando y funerales convertidos en escenarios de riesgo. Cuando eso ocurre, el relato del orden pierde potencia, aunque la planilla muestre alguna mejora.
La paz social que se proclama no llega igual a todos los territorios
Hay además otro aspecto incómodo en las propias palabras del gobernador. Jaldo resaltó que diciembre, enero y febrero fueron meses “relativamente tranquilos” en lugares turísticos y de alta concurrencia. La frase deja ver, casi sin querer, una asimetría clásica de la política de seguridad tucumana: la foto de control se construye mejor en circuitos visibles, mientras los barrios y ciudades atravesados por conflictos viejos siguen siendo más difíciles de ordenar.
Banda del Río Salí volvió a mostrar justamente eso. Allí no se vio una provincia pacificada, sino una trama de violencia que ya venía escalando, que fue conocida por los investigadores como una disputa de vieja data y que terminó con un muerto, una menor baleada y un sepelio custodiado como si fuera una zona de combate. No parece el retrato de una situación bajo control, sino el recordatorio de que hay territorios donde el Estado llega, pero no logra desactivar del todo las lógicas criminales y familiares que sostienen la violencia.
Por eso, más que una simple contradicción discursiva, lo que dejaron estas horas en Tucumán es una tensión de fondo entre estadística y realidad. Jaldo necesita mostrar resultados en seguridad y políticamente le conviene hacerlo. Pero la sucesión de hechos en Banda del Río Salí le rompió la escena. Porque mientras el Gobierno habla de paz social, hay barrios donde esa paz sigue siendo apenas una consigna oficial.
