La causa por el crimen de Érika Álvarez empezó a correrse del núcleo inicial del femicidio para abrir otra línea cada vez más sensible: los presuntos vínculos narco del principal acusado. El dato que empujó ese giro surgió de la declaración de Nicolás Navarro Flores, uno de los imputados por encubrimiento, quien aseguró que Felipe “El Militar” Sosa le había ofrecido venderle droga por montos que llegaban hasta los $2 millones.
Esa afirmación no quedó aislada. La nueva cobertura del caso señala que esos dichos comenzaron a conectar el expediente con otras investigaciones y a reforzar la sospecha de que detrás del asesinato de la joven no sólo había una trama de encubrimiento, sino también un entramado delictivo más amplio alrededor del acusado.
De un femicidio brutal a una red de relaciones oscuras
El caso ya venía mostrando una complejidad creciente. La investigación por el crimen de la joven hallada sin vida en Manantial Sur sumó en las últimas semanas nuevos detenidos y acusaciones por encubrimiento, a partir de la hipótesis de que Sosa no actuó solo después del asesinato y que contó con ayuda para mover elementos clave y obstaculizar el esclarecimiento.
Ahora, con la aparición de este testimonio, la pesquisa agrega una dimensión que puede cambiar la lectura completa del expediente. Ya no se trata solamente de reconstruir cómo fue el crimen y quiénes ayudaron a ocultarlo, sino también de establecer si el entorno del principal imputado estaba atravesado por actividades narco y si esas relaciones pueden explicar parte de los movimientos posteriores al hecho.
Nuevas sospechas y más presión sobre los acusados
La situación se volvió todavía más delicada porque el caso quedó envuelto, además, en otra denuncia explosiva. En una nota vinculada a la misma causa se indicó que uno de los procesados denunció que un abogado ligado a Sosa le ofreció asumir su defensa para desligarlo del expediente, en un episodio interpretado como un posible intento de alinear versiones o comprar silencio.
Con ese cuadro, la investigación ingresa en una etapa más pesada para los acusados. El expediente ya no sólo persigue responsabilidades por el asesinato de Érika Álvarez y su posterior encubrimiento, sino que empieza a rozar una red de negocios, favores y contactos que podría ampliar todavía más el mapa judicial del caso.
