Por segunda vez en menos de dos años, una armería de Tucumán quedó bajo la lupa de la Justicia Federal por causas vinculadas a la presunta venta ilegal de armas. El comercio, ubicado en calle Chacabuco al 100, aparece ahora mencionado en una investigación de alcance nacional que derivó en 141 allanamientos realizados en distintas provincias del país.
La causa, instruida desde Campana por el juez federal Adrián González Charvay y la fiscalía especializada en Crimen Organizado, a cargo de Santiago Marquevich, apunta a una organización que habría adquirido armas en el mercado legal para luego desviarlas al circuito clandestino, tanto dentro del país como hacia el exterior.
El antecedente que encendió las alarmas en Tucumán
El caso tiene un antecedente directo en una investigación iniciada en diciembre de 2023, cuando personal de Gendarmería Nacional detuvo en Aguilares a un micro que tenía como destino Mendoza. En el procedimiento fueron demorados dos ciudadanos chilenos que trasladaban ocho pistolas calibre 9 milímetros y 13 cargadores.
Los hombres, identificados como Alejandro Piero Arias Glaria y Francisco Eduardo Cáceres, no contaban con la documentación que acreditara el origen del armamento ni con los permisos correspondientes para portarlo y trasladarlo. A partir de ese secuestro, el fiscal federal Agustín Chit inició una pesquisa para reconstruir la ruta de las armas.
Según la investigación, las pistolas estaban registradas a nombre de personas que habrían actuado como compradores formales, pero que luego habrían permitido que ese armamento terminara en el mercado ilegal.
Una maniobra con testaferros y operaciones simuladas
De acuerdo con la hipótesis judicial, empleados de una armería de calle Chacabuco al 100 y un instructor de tiro habrían participado en maniobras destinadas a simular operaciones de compraventa de armas. Los sospechosos habrían captado a legítimos usuarios para que inscribieran armamento a su nombre y luego lo introdujeran en el circuito clandestino.
La pesquisa también apunta a personas que, pese a figurar como compradores, no tendrían ingresos suficientes para justificar la adquisición de varias armas. En ese esquema, algunos sospechosos habrían actuado como intermediarios, mientras que otros se habrían encargado de colocar las armas en el mercado negro.
Todos los mencionados en la investigación tucumana ya fueron indagados por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien aguarda los resultados de las pericias sobre los celulares secuestrados para resolver la situación procesal de los acusados.
Allanamientos, detenidos y una ruta internacional
La nueva causa federal permitió avanzar sobre una presunta organización de mayor escala. En total, se concretaron más de 140 allanamientos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego.
En Tucumán, los procedimientos volvieron a alcanzar a la armería investigada por Chit y también a domicilios particulares vinculados al comercio. Fuentes policiales indicaron que una persona habría sido detenida en la provincia, aunque su identidad no trascendió.
Como resultado de los operativos nacionales, fueron detenidas 35 personas y se secuestró una importante cantidad de armamento: escopetas, pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, cargadores, más de 40.000 municiones, una granada y pólvora.
Para los investigadores, el destino final de las armas era el mercado negro argentino y también organizaciones criminales de países limítrofes. En el caso tucumano, el expediente señala como destino principal a Chile, aunque también habrían surgido indicios de posibles traslados hacia otras provincias. En la causa de alcance nacional, la hipótesis apunta a envíos hacia Chile y Uruguay, con destino final en organizaciones criminales de Brasil y Paraguay.
