Mientras la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán aguarda respuestas de la Unidad de Información Financiera y de otros organismos, la defensa del médico José Alberto Gijena analiza la posibilidad de constituirse como querellante en la causa iniciada contra directivos de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán.
La denuncia fue presentada en febrero contra el presidente de la entidad, Walter Alú, y el coordinador general, Héctor Heredia, por presunto desvío de fondos de la obra social para beneficios personales, en perjuicio de la cobertura de los afiliados. La causa está en manos del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
Críticas al avance de la investigación
El abogado Sebastián Rodríguez Rueda, patrocinante de Gijena, cuestionó el accionar del fiscal y sostuvo que su defendido nunca fue citado formalmente para ratificar la denuncia. Además, consideró que los pedidos de informes se ordenaron con demora.
“Es mucho tiempo el que dejó pasar el fiscal. Los directivos pueden haber acomodado muchas cosas. Quizá no se encuentre nada por el paso del tiempo; eso habla por lo menos de una negligencia de parte del fiscal”, afirmó el letrado.
Según Rodríguez Rueda, en una investigación por presunto lavado de activos el tiempo resulta determinante para evitar la desaparición de pruebas. También señaló que la causa habría comenzado a registrar movimientos esta semana, luego de publicaciones periodísticas sobre el caso.
Un planteo por la carátula de la causa
El abogado aseguró que Gijena no recibió ninguna citación formal desde febrero. No obstante, indicó que en los últimos días se presentaron ante la Fiscalía y que se dictó un decreto teniéndolos como notificados.
Rodríguez Rueda también advirtió que la carátula de la causa consigna a su defendido como imputado y denunciante, situación que calificó como un error. Por ese motivo, pidió que se corrija la identificación procesal de Gijena.
“Vamos a estar expectantes a las medidas del fiscal y a los informes que remita la UIF. Estamos evaluando la posibilidad de constituirnos en querellantes. Mientras tanto, seguimos como denunciantes”, expresó.
La respuesta de la obra social
Desde la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán rechazaron las acusaciones y sostuvieron, mediante un comunicado, que las denuncias “carecen de todo sustento fáctico y documental”.
La entidad reconoció que Gijena trabajó en la institución, pero afirmó que fue despedido “con justa causa” por haber desarrollado tareas en paralelo en otra firma de salud.
Rodríguez Rueda dio otra versión: sostuvo que el despido fue por un supuesto incumplimiento de carga horaria. Además, señaló que su defendido trabajó durante casi dos décadas en la obra social y que no estaba registrado como director médico.
El abogado reconoció que existe un juicio laboral en trámite, aunque aclaró que ese expediente avanza por una vía paralela, ante la justicia ordinaria. En tanto, la causa penal continuará su curso a la espera de los informes requeridos a los organismos competentes.
