La contaminación del río Salí volvió a poner al Gobierno de Tucumán frente a una realidad que resulta difícil de disimular. Los estudios realizados por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) sobre muestras tomadas en distintos puntos del cauce revelaron concentraciones alarmantes de bacterias de origen fecal, especialmente en el tramo que atraviesa el Gran Tucumán. Pero, más allá de la gravedad ambiental y sanitaria, la situación dejó al descubierto otra cuestión: la manera en que las autoridades provinciales administran las explicaciones cuando los resultados de una gestión quedan bajo cuestionamiento.
En un primer momento, desde el ámbito gubernamental se puso el acento en relativizar algunos aspectos del problema. Una fuente del Ministerio de Desarrollo Productivo señaló que los ríos poseen capacidad de autodepuración y destacó que la calidad del agua había mejorado en relación con los desechos industriales. Si bien no negó los registros de contaminación fecal, esa explicación contrastó con la magnitud de los resultados conocidos. Posteriormente, el discurso oficial incorporó otro argumento: las obras de saneamiento necesarias no avanzaron por la paralización de la obra pública nacional.
La explicación puede tener fundamentos presupuestarios, pero deja una contradicción política difícil de ignorar. El deterioro del Salí lleva décadas, mientras que el actual Gobierno nacional asumió en diciembre de 2023. Y durante buena parte de ese período, Tucumán estuvo administrada por gobiernos del mismo signo político que hoy conducen la Provincia.
Del discurso tranquilizador a los números que encendieron la alarma
El relevamiento difundido el 6 de octubre se realizó sobre muestras extraídas el 13 de mayo de 2026 en cuatro puntos del río. Los resultados fueron especialmente preocupantes en el puente Ingeniero Barros, donde se detectaron 240.000 NMP de coliformes fecales cada 100 mililitros de agua, frente a un valor máximo de referencia de 100 NMP para aguas destinadas a actividades recreativas con contacto humano directo.
La diferencia es contundente: una concentración 2.400 veces superior al parámetro considerado. También se registraron valores elevados en el puente Lucas Córdoba, con niveles 750 veces superiores a la referencia, y en otros sectores del cauce.
Los análisis evidenciaron una problemática vinculada principalmente con la descarga de líquidos cloacales sin tratamiento suficiente, las deficiencias de infraestructura sanitaria y los asentamientos que carecen de servicios básicos. No se trata solamente de un río sucio ni de una cuestión paisajística: la presencia elevada de contaminación fecal puede representar riesgos para quienes entran en contacto con el agua, especialmente niños y poblaciones vulnerables.
Frente a esos resultados, destacar que el río tiene capacidad natural para depurarse o que determinados indicadores industriales mejoraron resulta insuficiente. Son aspectos que pueden ser técnicamente ciertos, pero no eliminan la gravedad de los registros bacteriológicos. La cuestión central no es cuánto mejora el agua después de atravesar la ciudad, sino por qué sigue recibiendo semejante volumen de contaminación mientras la atraviesa.
La Nación como explicación de una deuda que viene de décadas
El 15 de octubre, el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro, explicó que la administración de Osvaldo Jaldo había impulsado proyectos de saneamiento desde 2023 y que en junio de 2024 se firmó un convenio con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para avanzar con plantas depuradoras en distintas localidades, entre ellas Alderetes, Banda del Río Salí, San Andrés, San Felipe, Famaillá, Aguilares y Concepción.
Según el funcionario, los proyectos quedaron detenidos por la falta de prioridad que el Gobierno nacional asignó a la obra pública. También anunció previsiones para algunas de esas instalaciones dentro del presupuesto nacional de 2027.
La suspensión de financiamiento nacional puede constituir un obstáculo real para concretar infraestructura costosa. Desconocerlo sería tan incorrecto como aceptar que esa circunstancia explica por sí sola la situación actual del Salí. El problema es que la contaminación no comenzó en 2024, ni en 2023, ni con la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
El propio Castro reconoció que se trata de una problemática de entre 40 y 50 años. Esa afirmación, lejos de eximir responsabilidades, abre un interrogante todavía más incómodo: si el deterioro era conocido desde hace tanto tiempo, ¿por qué no se consiguió una solución estructural durante las sucesivas administraciones provinciales?
El financiamiento nacional puede ser indispensable para grandes proyectos, pero las tareas de fiscalización ambiental, planificación territorial, control de vertidos y coordinación con los municipios también forman parte de las responsabilidades que deben asumir las autoridades locales. La Nación tiene obligaciones que cumplir; la Provincia, también.
