Pasaron más de doce años desde que Mariana Griselda González salió de su casa y desapareció sin dejar rastros. Doce años de búsquedas, allanamientos, denuncias, sospechas y esperanzas que nunca terminaron de convertirse en respuestas concretas. Su nombre, que durante algún tiempo apareció junto al de otras mujeres desaparecidas de Tucumán, fue perdiendo espacio en los medios de comunicación, pero su expediente continuó abierto y este martes volvió a adquirir relevancia pública por una decisión del Gobierno provincial. Mediante el Decreto N.º 2505/7 (MS), firmado el 13 de octubre de 2026 y publicado en el Boletín Oficial N.º 31.306, el Poder Ejecutivo elevó de un millón a veinte millones de pesos la recompensa destinada a quienes aporten información precisa que permita establecer su paradero.
Mariana tenía 31 años cuando desapareció de Villa Fiad, en el departamento Leales, donde vivía junto a sus tres hijos. Las crónicas policiales de 2014 y el registro de búsqueda del Ministerio de Seguridad de la Nación sitúan su desaparición el 8 de marzo de ese año, aunque el decreto publicado este martes consigna el 3 de marzo, una diferencia documental que debería ser aclarada por las autoridades. Según reconstruyó su madre, Francisca Nery Corbalán, Mariana había salido de su vivienda durante la tarde para encontrarse con una persona cuya identidad no pudo establecerse públicamente. Un sobrino de la mujer la habría visto salir alrededor de las 16, sin llevar su documento de identidad ni sus tarjetas.
A partir de entonces, los relatos sobre sus últimos movimientos conocidos se concentraron en distintos lugares de San Miguel de Tucumán, particularmente en las inmediaciones de la antigua Terminal de Ómnibus y una farmacia cercana al Hospital de Niños. Ninguna de aquellas referencias permitió establecer con certeza qué sucedió después. Su familia denunció la desaparición ante la Policía y la investigación quedó inicialmente a cargo del fiscal Diego López Ávila, titular de la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación.
La búsqueda llevó a los investigadores a examinar distintos escenarios. En mayo de 2014, efectivos de la División Trata de Personas realizaron allanamientos en dos inmuebles de Concepción a partir de una información que sugería que Mariana podía encontrarse en un establecimiento donde se ejercía la prostitución. Los procedimientos no permitieron localizarla. También se realizaron diligencias en provincias vecinas, sin resultados positivos.
Por entonces, su madre había contado que Mariana trabajaba en una carnicería y atravesaba dificultades relacionadas con el consumo de un analgésico conocido como Nubaína, cuya utilización había comenzado después de un accidente de tránsito que le provocó lesiones graves y dolores persistentes. Este antecedente fue considerado durante la investigación y la familia lo mencionó públicamente como una posible circunstancia de vulnerabilidad, pero no existe evidencia que permita establecerlo como la causa de su desaparición. La propia investigación reconocía, en sus primeros años, que no había conseguido construir una hipótesis suficientemente sólida sobre lo ocurrido.
La denuncia de abuso sexual y las amenazas que despertaron nuevas sospechas
Uno de los aspectos más inquietantes del expediente se conoció públicamente varios años después de la desaparición. En septiembre de 2018, Francisca Corbalán reveló que Mariana había denunciado ante la Justicia haber sido víctima de abuso sexual por parte de cuatro hombres aproximadamente cuatro meses antes de que se perdiera su rastro. Según explicó su madre, la mujer había mantenido aquella situación en reserva frente a su familia y había llegado a recibir atención hospitalaria después del episodio denunciado.
También aseguró que Mariana había sido amenazada y perseguida, circunstancias que le provocaban temor. La información fue publicada por LA GACETA y retomada posteriormente por LA NACION en una investigación de la periodista María Ayuso, difundida en marzo de 2023. De acuerdo con esas reconstrucciones, la denuncia había sido presentada en una comisaría y en la misma fiscalía que posteriormente intervino en la búsqueda de Mariana, un dato que vuelve especialmente relevante conocer qué medidas se adoptaron entonces y cuál fue el resultado judicial de aquella investigación.
La información publicada en 2018 agregó otro elemento sensible: las actuaciones relacionadas con la denuncia de abuso habían dado lugar a allanamientos en los que se encontraron estupefacientes y a la intervención de la Justicia Federal. LA GACETA señaló que en ese contexto habían sido vinculados integrantes de un grupo conocido como Los Garras, señalado en investigaciones sobre posibles actividades relacionadas con drogas en la zona sur de San Miguel de Tucumán.
Sin embargo, no fue posible verificar mediante resoluciones judiciales públicas cuál fue el desenlace de la denuncia de abuso sexual ni si se acreditó responsabilidad penal de alguna de las personas investigadas. Mucho menos existen elementos suficientes para afirmar que ese grupo, o cualquiera de sus integrantes, haya participado en la desaparición. La coincidencia temporal entre una denuncia de violencia sexual, las amenazas referidas por la familia y la posterior desaparición constituye un antecedente que merece ser examinado, pero no permite establecer una relación causal sin pruebas.
En septiembre de 2018 apareció una información que, al menos por un momento, renovó las esperanzas de la familia. El fiscal López Ávila declaró públicamente que existían indicios de que Mariana podría estar con vida y dentro de Tucumán. Entre los elementos analizados figuraban registros del Sistema Provincial de Salud que sugerían posibles atenciones médicas realizadas a nombre de la mujer, algunas vinculadas con establecimientos como el policlínico de Banda del Río Salí. También se había examinado una filmación de una cámara de seguridad de la Terminal de Ómnibus, donde aparecía una persona con características físicas aparentemente similares a las de Mariana. La madre expresó dudas sobre esa imagen, mientras los investigadores profundizaban las averiguaciones. La información generó expectativas porque abría la posibilidad de que la desaparición no hubiera tenido un desenlace fatal. Sin embargo, las publicaciones posteriores no permiten determinar qué ocurrió finalmente con esos indicios, si se confirmó la identidad de la persona registrada por las cámaras o si los datos sanitarios correspondían efectivamente a Mariana.
Una recompensa de $20 millones y preguntas que siguen sin respuesta
El nuevo decreto publicado el 20 de octubre de 2026 modifica parcialmente la disposición de 2022 y establece una recompensa de veinte millones de pesos para quienes, sin haber intervenido en un eventual delito, proporcionen datos útiles, precisos y ciertos que permitan localizar a Mariana o contribuir al esclarecimiento del caso. La norma también dispone que se mantenga en reserva la identidad de quienes aporten información y autoriza la difusión pública del ofrecimiento. El incremento es significativo: la recompensa se multiplica por veinte respecto del monto original.
La publicación oficial vuelve a colocar sobre la mesa interrogantes que permanecen abiertos desde 2014. ¿Qué ocurrió realmente después de que Mariana abandonara su vivienda? ¿Con quién debía encontrarse aquella tarde? ¿Qué resultado tuvo la investigación de la denuncia de abuso sexual que había presentado meses antes? ¿Se estableció quiénes la habrían amenazado y por qué? ¿Qué sucedió con las filmaciones y los registros sanitarios que en 2018 hicieron pensar que podía estar con vida? Y, fundamentalmente, ¿qué nuevas medidas se están desarrollando para encontrarla después de doce años?
La desaparición de Mariana Griselda González ocurrió el 8 de marzo de 2014, según la mayoría de los registros históricos y el sistema nacional de búsqueda, una fecha particularmente significativa por tratarse del Día Internacional de la Mujer. Doce años después, su historia vuelve a la agenda pública por una recompensa que alcanza los veinte millones de pesos, pero que todavía necesita convertirse en información capaz de orientar la investigación. Mientras tanto, el registro oficial nacional continúa presentándola como una persona desaparecida y la provincia mantiene abierto el ofrecimiento económico para localizarla. Detrás de los expedientes, los decretos y las hipótesis está la historia de una mujer que salió de su casa y no regresó, de tres hijos que crecieron sin conocer su destino y de una madre que durante años sostuvo el reclamo para que su desaparición no cayera en el olvido.
La recompensa tiene ahora un nuevo monto, pero la pregunta sigue siendo la misma desde marzo de 2014: ¿dónde está Mariana Griselda González?
