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305 empresas menos en un año: el dato incómodo que el Gobierno provincial y los libertarios se pasan de mano

Mientras el Gobierno de Osvaldo Jaldo cuestiona las consecuencias de la política económica nacional y los referentes de La Libertad Avanza en Tucumán responsabilizan a la presión impositiva provincial, hay un número que queda en medio de esa discusión: Tucumán perdió 305 empleadores privados en apenas un año.

Los datos corresponden a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y fueron analizados por Politikon Chaco. En junio de 2025 había 10.451 empleadores privados activos en la provincia. Doce meses después quedaban 10.146. La caída fue del 2,9%.

La estadística requiere una precisión: no significa necesariamente que 305 sociedades hayan presentado la quiebra o bajado definitivamente sus persianas. La SRT considera empleador a quien tiene al menos un trabajador declarado bajo el sistema de riesgos del trabajo. Lo que refleja el indicador es una pérdida neta de unidades empleadoras formales.

El dato, de todos modos, se combina con otro indicador que enciende las alertas: desde noviembre de 2023, Tucumán también acumula una pérdida cercana a 1.800 puestos de trabajo asalariado privado registrado.

Y mientras empresas y empleos desaparecen de las estadísticas, la discusión política tucumana parece concentrarse, fundamentalmente, en quién debe cargar con la responsabilidad.

La caída tucumana forma parte de un problema nacional

Tucumán no es una excepción dentro del mapa argentino.

En junio de 2026 se contabilizaron 476.750 empleadores privados activos en todo el país, 16.259 menos que un año antes. La contracción interanual alcanzó el 3,3%.

Si la comparación se realiza contra noviembre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei, la pérdida nacional supera los 31.000 empleadores.

La construcción, la industria manufacturera y el comercio aparecen entre los sectores más afectados durante ese período.

En materia laboral ocurre algo similar. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, el empleo asalariado privado registrado se encontraba en junio un 3,9% por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una pérdida acumulada superior a los 246.000 puestos.

En Tucumán, la caída empresarial fue porcentualmente menor a la observada en gran parte del país. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026 pasó de 10.392 a 10.146 empleadores privados: 246 menos, una contracción del 2,4%.

Eso ubica a la provincia entre las jurisdicciones con menores retrocesos relativos. Pero estar entre los que menos caen no convierte una caída en crecimiento: el saldo sigue siendo negativo.

Y detrás de cada estadística hay comercios, industrias, emprendimientos y puestos laborales que dejaron de formar parte del circuito formal.

Jaldo reconoce la crisis, pero pone el foco en la política nacional

El Gobierno provincial no desconoce completamente el deterioro económico.

Durante los últimos meses, Jaldo habló públicamente sobre la caída del consumo, el endeudamiento de las familias y la necesidad de preservar los puestos de trabajo. También sostuvo que la disminución de la actividad afecta la recaudación provincial.

Su administración realizó, además, gestiones concretas para algunos sectores. En julio, por ejemplo, anunció negociaciones para garantizar la provisión de gas a las industrias azucarera y citrícola. En septiembre recibió a representantes de la UTA en medio de la crisis de cuatro empresas de transporte concursadas y de la preocupación por unos 500 puestos laborales.

Pero el discurso oficial provincial coloca buena parte de las causas del deterioro en el escenario económico nacional.

Jaldo viene señalando la caída del consumo y las consecuencias que las decisiones de la Casa Rosada tienen sobre las provincias. Ese diagnóstico explica una parte del escenario, aunque no agota la discusión sobre las herramientas que tiene Tucumán para mejorar las condiciones del sector privado dentro de su propio territorio.

Presión tributaria, Ingresos Brutos, tasas, costos locales, burocracia y condiciones para la inversión forman parte de una discusión que no puede limitarse exclusivamente a lo que ocurre en Buenos Aires.

Es precisamente allí donde los libertarios tucumanos concentran sus cuestionamientos.

Los libertarios celebran la inflación y apuntan a la Provincia

La Libertad Avanza ofrece una explicación diferente.

El diputado nacional Gerardo Huesen cuestionó días atrás a la Federación Económica de Tucumán y sostuvo que uno de los principales problemas que enfrenta el sector privado local es la presión tributaria ejercida por la Provincia y los municipios.

El legislador reclamó bajar el gasto público, eliminar tasas y reducir la carga sobre comerciantes, productores y PyMEs.

Desde ese sector político, por lo tanto, la responsabilidad se desplaza hacia la administración provincial.

Al mismo tiempo, referentes libertarios como Lisandro Catalán y el propio Huesen celebraron públicamente que la inflación de agosto se ubicara en el 1,7% y reivindicaron el rumbo económico impulsado por Milei.

Son dos fotografías de una misma economía que conviven: una inflación sensiblemente más baja que la registrada al comienzo del actual Gobierno nacional y, a la vez, una contracción en la cantidad de empleadores y del empleo privado formal.

Por eso, reducir el debate a elegir exclusivamente entre “culpa de Milei” o “culpa de Jaldo” puede servir para la disputa política, pero explica poco a quien perdió su comercio, su empresa o su trabajo.

La Nación define variables centrales de la economía: política cambiaria, comercio exterior, regulación laboral y buena parte de la política tributaria y fiscal. La Provincia, por su parte, decide sobre impuestos propios, gasto público, regulaciones locales, infraestructura y programas destinados al sector productivo.

Mientras unos exhiben la desaceleración de la inflación y otros señalan los efectos de la recesión nacional, la estadística tucumana deja un dato mucho menos cómodo para los discursos de ambos sectores: entre junio de 2025 y junio de 2026 desaparecieron del registro 305 empleadores privados.

La discusión política puede continuar buscando a quién pasarle la factura. Las empresas que dejaron de emplear formalmente, en cambio, ya aparecen en los números.

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