El caso dejó hace tiempo de ser solamente una derivación judicial de la denominada “causa Vélez”. Lo que ahora tiene por delante Tucumán es un escenario institucional de una dimensión mucho mayor: un diputado nacional en ejercicio, Carlos Cisneros, fue citado a prestar declaración indagatoria por la Justicia Federal en una investigación por presunta trata de personas.
La convocatoria fue dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán. También deberán comparecer Patricia Micaela Neme y Federico Petraglia. Las audiencias fueron fijadas para los días 28, 29 y 30 de septiembre, respectivamente.
Cisneros deberá presentarse el 30.
Conviene marcar una diferencia fundamental desde el comienzo. Una citación a indagatoria no es una condena, ni significa que la responsabilidad penal del diputado haya sido determinada. El dirigente conserva plenamente su presunción de inocencia y podrá ejercer su defensa.
Pero minimizar lo ocurrido por esa razón sería desconocer igualmente la magnitud procesal del paso que acaba de dar la Justicia.
Para disponer una indagatoria, el Código Procesal Penal exige que exista un grado de sospecha suficiente respecto de la participación de una persona en un delito investigado. En este caso, además, no se está hablando de una contravención ni de una controversia administrativa: la investigación tramita bajo la ley que reprime la trata de personas.
Y el protagonista no es solamente un dirigente político.
Es un diputado de la Nación actualmente en funciones.
De una denuncia por abuso a una investigación sobre quienes rodearon a la denunciante
El origen de esta historia se remonta al episodio ocurrido durante la madrugada del 3 de marzo de 2024 en un hotel de San Miguel de Tucumán, que derivó en una denuncia contra los entonces futbolistas de Vélez Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín.
Después de un extenso proceso, los cuatro fueron sobreseídos. El 11 de septiembre de este año, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el recurso presentado por la querella y dejó firme la resolución adoptada a favor de los jugadores.
Pero mientras la causa provincial contra los futbolistas llegaba a su cierre, otra investigación comenzó a recorrer el camino inverso.
La Justicia empezó a analizar qué había sucedido alrededor de la denunciante después del encuentro y, particularmente, cuál habría sido la intervención de personas vinculadas con su ámbito laboral y político.
El fiscal federal subrogante Rafael Vehils Ruiz pidió la indagatoria de Cisneros, Neme y Petraglia al considerar que existían elementos que debían ser investigados bajo la hipótesis de trata de personas.
Según el planteo fiscal conocido públicamente, se analiza si la joven habría sido sometida posteriormente a un proceso de captación, condicionamiento y direccionamiento de su voluntad aprovechando una relación de poder y dependencia laboral.
La hipótesis es particularmente delicada porque el ámbito que aparece reiteradamente mencionado es la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
No se trata de una empresa privada cualquiera.
La Caja Popular integra la estructura estatal provincial, funciona como organismo financiero y desarrolla sus acciones de acuerdo con las políticas económicas, financieras y sociales fijadas por el Poder Ejecutivo.
Por eso, si una investigación judicial analiza si relaciones nacidas dentro o alrededor de ese organismo pudieron haber sido utilizadas para condicionar la voluntad de una trabajadora, la discusión necesariamente supera las fronteras de un expediente penal individual.
Pasa a existir un interrogante institucional.
¿Existieron estructuras de poder político, sindical o laboral utilizadas para influir sobre una persona subordinada?
Eso es precisamente lo que tendrá que determinar la Justicia, con pruebas y respetando el derecho de defensa de todos los involucrados.
Un diputado nacional y la responsabilidad de las instituciones
La figura de Cisneros agrega otra dimensión.
Actualmente ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Su condición de legislador no impide que sea investigado ni tampoco que sea citado a declaración indagatoria.
La Ley de Fueros establece expresamente que un proceso penal contra un legislador puede avanzar y que el llamado a indagatoria no constituye, por sí mismo, una restricción a la libertad.
El desafuero entra en juego si un juez pretende ejecutar determinadas medidas que afectan la inmunidad de arresto o ante los supuestos previstos por la propia legislación.
Es decir: los fueros no significan impunidad ni detienen una investigación.
Y allí aparece otro aspecto institucional que merece atención.
La Justicia Federal no está convocando a Cisneros como testigo para que aporte información sobre terceros. Lo está citando a indagatoria dentro de una causa en la que deberá responder por hechos que el Ministerio Público Fiscal considera suficientemente relevantes como para avanzar sobre su situación procesal.
Después de escucharlo, evaluar su descargo y analizar las pruebas, la Justicia deberá decidir los pasos siguientes.
Podrá avanzar o podrá concluir que las sospechas no alcanzan.
Ese resultado todavía no existe.
Lo que sí existe hoy es un legislador nacional tucumano formalmente convocado por un juez federal en una investigación sobre uno de los delitos más graves contemplados por la legislación argentina.
Esa circunstancia, por sí sola, debería impedir que el expediente sea reducido a una pelea entre sectores políticos, medios de comunicación, dirigentes sindicales o abogados.
Las instituciones tienen algo que explicar y, sobre todo, algo que garantizar: que la investigación avance sin presiones, interferencias ni protecciones políticas.
El silencio o la defensa corporativa también tienen un costo
La dimensión institucional del caso tampoco termina en los tribunales.
Cisneros es una figura con peso político, sindical y empresarial en Tucumán. Durante años construyó influencia dentro de La Bancaria, de la política provincial y del peronismo, además de ocupar una banca en el Congreso.
Por eso lo que ocurra alrededor del expediente será observado también como una prueba para el sistema político tucumano.
No corresponde condenarlo antes que los jueces.
Pero tampoco corresponde actuar como si nada hubiera sucedido.
Existe una distancia enorme entre respetar la presunción de inocencia y pretender que la citación a indagatoria de un diputado nacional por una investigación de esta naturaleza sea un trámite judicial más.
No lo es.
También debería prestarse atención a otro aspecto señalado dentro de las actuaciones: las eventuales maniobras sobre evidencia, reuniones, intervenciones de personas vinculadas al ámbito laboral de la denunciante y movimientos realizados antes y después de la presentación original.
Cada una de esas circunstancias tendrá que ser probada judicialmente.
No alcanza con que aparezcan escritas en una denuncia ni con que sean sostenidas por una de las partes.
Pero cuando un fiscal federal las considera suficientemente relevantes como para solicitar indagatorias y un juez dispone esas comparecencias, el Estado tiene la obligación de llegar hasta el final de la investigación.
Sin condenas anticipadas.
Pero también sin silencios convenientes.
La democracia no se fortalece protegiendo dirigentes propios ni celebrando investigaciones contra dirigentes ajenos. Se fortalece cuando las mismas reglas se aplican independientemente del apellido, la banca, el partido, el sindicato o la capacidad de influencia de quien se encuentra bajo investigación.
El próximo 30 de septiembre, Cisneros tendrá la posibilidad de brindar su versión ante la Justicia Federal.
Luego serán los magistrados quienes deberán determinar si las sospechas se sostienen o se desvanecen.
Hasta entonces rige la presunción de inocencia.
Pero eso no borra el dato político e institucional que Tucumán ya tiene delante: uno de sus diputados nacionales fue llamado a responder como imputado en una investigación federal por presunta trata de personas y por hechos que, según la hipótesis fiscal, podrían haber involucrado relaciones de poder vinculadas a un organismo del Estado provincial.
No hay una condena.
Hay algo que, institucionalmente, tampoco es menor: una investigación judicial que llegó hasta uno de los hombres con mayor poder político y sindical de la provincia.
Y frente a una situación de esa magnitud, mirar para otro lado también sería una forma de degradar las instituciones.
