La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez sumó un nuevo eje de discusión: para el fiscal Pedro Gallo, Felipe “El Militar” Sosa no habría actuado solo al momento de cometer el femicidio. La hipótesis oficial sostiene que el acusado pudo haber contado con la ayuda de otras personas todavía no identificadas, aunque hasta ahora no aparecieron pruebas concluyentes que permitan determinar quiénes habrían intervenido de manera directa en el hecho.
Qué está acreditado en el expediente
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la joven ingresó durante la madrugada del 7 de enero a la vivienda de Sosa, en Yerba Buena, y horas después murió tras una violenta golpiza. La autopsia estableció que presentaba graves lesiones en el cráneo, el rostro y la zona cervical, además de una mandíbula dislocada. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en un descampado de Manantial Sur. En la causa, Sosa está imputado por femicidio, mientras que Justina Gordillo, Nicolás Navarro Flores y Jorge Orlando “Chicho” Díaz permanecen con prisión preventiva acusados de encubrimiento.
Entre el encubrimiento y las dudas sobre los posibles cómplices
El debate ahora gira sobre si hubo partícipes en el asesinato o si las otras responsabilidades fueron posteriores al crimen. Las defensas de los imputados por encubrimiento sostienen que no existen evidencias de que otras personas hayan estado presentes al momento del homicidio y afirman que, en todo caso, su intervención habría ocurrido después. Sin embargo, algunas declaraciones incorporadas al expediente reforzaron las sospechas sobre maniobras para ocultar el cuerpo, limpiar la escena y desprenderse de elementos vinculados a la víctima. Así, la causa sigue abierta entre lo ya probado y las incógnitas que todavía no logra despejar la Justicia.
