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San Martín, entre la huelga y los millones del Estado: la crisis que compromete a las últimas dirigencias y sus vínculos políticos

La crisis de San Martín de Tucumán dejó de ser exclusivamente deportiva. La decisión del plantel profesional de iniciar una medida de fuerza y denunciar públicamente que lleva tres meses sin cobrar sus salarios representa uno de los episodios más graves de una situación institucional que viene deteriorándose desde hace tiempo.

A la falta de pago se suma una denuncia especialmente preocupante: según el comunicado difundido por futbolistas, un integrante del plantel lleva más de un mes esperando una operación de rodilla que no pudo concretarse por falta de recursos económicos.

El conflicto estalló mientras el presidente Oscar Mirkin intenta reorganizar el equipo para la temporada 2027, negociando rescisiones contractuales y reducciones salariales.

Sin embargo, reducir el problema a las dificultades económicas actuales sería ignorar una parte fundamental de la historia.

San Martín atraviesa una crisis que obliga a revisar las responsabilidades de sus últimas administraciones, sus relaciones con dirigentes políticos y sindicales y el manejo de los recursos económicos que recibió o tuvo comprometidos durante los últimos años.

Porque, aunque las deudas se acumulen y las conducciones cambien, hay una pregunta que sigue sin una respuesta suficientemente clara: ¿cómo llegó uno de los clubes más importantes del norte argentino a una situación en la que sus propios jugadores denuncian que no cobran?

La herencia de Moisello, el peso de Cisneros y la responsabilidad de Mirkin

Durante varios años, la conducción de San Martín estuvo fuertemente vinculada a la Asociación Bancaria y al sector político y sindical encabezado por el diputado nacional Carlos Cisneros.

Rubén Moisello, reelecto presidente en junio de 2024, fue uno de los principales referentes de esa etapa. Su trayectoria en el gremio bancario y su cercanía con Cisneros formaban parte de una relación que excedía ampliamente la actividad deportiva.

Un dato particularmente significativo es que Moisello también se desempeñó como coordinador general del Casino de Tucumán, dependiente de la Caja Popular de Ahorros, institución que mantenía vínculos comerciales con San Martín a través del patrocinio deportivo.

La superposición de funciones y relaciones políticas plantea interrogantes sobre los controles institucionales y la transparencia de esos vínculos, aunque por sí sola no constituye una prueba de irregularidades.

La salida de Moisello y la llegada de Oscar Mirkin, en diciembre de 2025, abrieron una etapa marcada por acusaciones cruzadas.

En mayo de 2026, la nueva comisión directiva presentó un informe sobre los primeros 120 días de gestión en el que denunció deudas y compromisos que, según sostuvo, no habían sido debidamente reflejados por las autoridades anteriores.

Entre los conceptos señalados aparecieron un reclamo de $86 millones de una aseguradora de riesgos del trabajo, una deuda de $49,5 millones con la Policía provincial por servicios de seguridad correspondientes a 2025 y obligaciones salariales pendientes.

La conducción saliente rechazó las acusaciones, aseguró que había entregado documentación contable respaldatoria y cuestionó públicamente a Mirkin por sus propias decisiones administrativas.

Es decir, mientras unos denunciaban haber recibido un club financieramente comprometido, los otros sostenían que las nuevas autoridades intentaban trasladarles responsabilidades.

Pero el paso del tiempo también obliga a examinar la gestión actual.

Mirkin asumió en diciembre de 2025 y, casi un año después, enfrenta un conflicto salarial que involucra directamente a su administración.

Las dificultades heredadas pueden explicar parte de los problemas financieros, pero no eximen a las autoridades actuales de justificar cómo administraron los ingresos, qué prioridades establecieron y por qué no consiguieron garantizar el cumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores.

Ni la conducción anterior puede desentenderse de la situación que dejó, ni la actual puede utilizar indefinidamente esa herencia como explicación de todos sus problemas.

Subsidios provinciales, Caja Popular y millones que necesitan explicaciones

Otro capítulo central de la crisis es la relación económica de San Martín con el Estado tucumano.

Durante 2025, bajo la gobernación de Osvaldo Jaldo y mientras Moisello todavía presidía el club, el Poder Ejecutivo provincial autorizó al menos dos subsidios de $40 millones cada uno para la institución de La Ciudadela.

Uno de ellos fue dispuesto mediante el decreto 1009/14, destinado a cubrir gastos de traslados, comidas y alojamiento correspondientes a marzo de 2025.

El segundo quedó establecido en el decreto 1949/14, fechado el 16 de julio de ese año y publicado en el Boletín Oficial del 1 de agosto, por otros $40 millones para gastos vinculados con abril.

En conjunto, se trata de al menos $80 millones en subsidios provinciales autorizados durante 2025, sin que esa cifra represente necesariamente la totalidad de los aportes estatales destinados al club.

Los decretos contemplaban la obligación de rendir cuentas, por lo que resulta pertinente conocer si los fondos fueron efectivamente transferidos, cómo se aplicaron y si las rendiciones correspondientes fueron presentadas y aprobadas.

A este mecanismo de asistencia directa se suma otro vínculo económico relevante: el patrocinio de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, entidad perteneciente al ámbito estatal provincial.

El informe institucional difundido por la administración de Mirkin en mayo de 2026 reconoció que San Martín había desarrollado una importante dependencia económica de ese patrocinador principal y que no había logrado diversificar suficientemente sus fuentes de financiamiento.

Los subsidios presupuestarios y los contratos de patrocinio son instrumentos diferentes, con obligaciones y contraprestaciones distintas. Sin embargo, ambos muestran la importancia que tuvieron los recursos provenientes de la órbita estatal en el sostenimiento de la institución.

Hay otro dato que merece una explicación detallada.

En su informe de gestión, las actuales autoridades afirmaron que la administración anterior había incluido entre sus cuentas por cobrar una supuesta acreencia de $240 millones frente al Gobierno provincial, sin la documentación respaldatoria que, según Mirkin, permitiera acreditar ese derecho de cobro.

La cifra no puede confundirse con dinero efectivamente recibido. Se trata de una acreencia cuestionada por la conducción entrante, dentro de una controversia contable que la dirigencia anterior rechaza.

Pero el episodio refleja hasta qué punto las cuentas de San Martín llegaron a estar vinculadas con recursos esperados desde el Estado provincial.

El otorgamiento de subsidios a entidades deportivas no constituye por sí mismo una irregularidad. Tampoco lo es que una institución estatal patrocine actividades deportivas. Lo que corresponde exigir es transparencia sobre los montos, las condiciones, las contraprestaciones y el destino efectivo del dinero.

Y esa exigencia adquiere todavía mayor relevancia cuando los responsables de administrar el club mantienen relaciones directas con sectores políticos y organismos públicos.

Los jugadores no cobran, las gestiones se culpan y los hinchas pagan las consecuencias

El conflicto salarial que estalló este viernes 20 de noviembre representa la consecuencia más visible de una crisis que ninguna de las últimas conducciones consiguió resolver definitivamente.

Oscar Mirkin había explicado días atrás que las negociaciones para desvincular futbolistas respondían a decisiones deportivas y no a deudas correspondientes a septiembre u octubre.

Sin embargo, el comunicado del plantel planteó un escenario mucho más delicado al denunciar tres meses de salarios impagos.

A ello se suman los problemas contractuales y las dificultades para reorganizar el equipo, en medio de un proceso que incluyó propuestas de importantes reducciones salariales.

La situación también vuelve a poner bajo análisis el modelo de gestión que San Martín sostuvo durante los últimos años.

El club contó con dirigentes de fuertes vínculos políticos y sindicales, patrocinadores vinculados al Estado y subsidios provinciales autorizados para acompañar su participación deportiva. Pese a ello, llegó al cierre de 2026 con futbolistas que denuncian no percibir sus haberes y una institución que continúa buscando estabilidad económica.

No alcanza con atribuir todos los problemas a una sola gestión. Tampoco sería responsable afirmar, sin documentación, que los fondos públicos fueron desviados o utilizados irregularmente.

Lo que sí puede exigirse es una rendición institucional integral que permita establecer cuánto dinero ingresó efectivamente, cuál fue su origen, cómo se utilizó, qué obligaciones se contrajeron y quiénes fueron responsables de las decisiones económicas.

Esa explicación debería alcanzar tanto a la administración encabezada por Rubén Moisello como a la actual conducción de Oscar Mirkin, sin dejar fuera de análisis los contratos de patrocinio y los subsidios otorgados por el Estado.

Los socios y simpatizantes de San Martín tienen derecho a conocer esa información. Y los ciudadanos tucumanos también tienen un interés legítimo en conocer el destino de los recursos públicos comprometidos con la institución.

El club tiene una historia que trasciende a cualquier presidente, dirigente sindical o referente político. Su identidad pertenece a generaciones de hinchas que sostuvieron a San Martín incluso en sus momentos más difíciles.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que las responsabilidades se diluyan entre gestiones enfrentadas mientras los problemas económicos se acumulan.

Porque el verdadero interrogante ya no es solamente cuándo cobrarán los futbolistas o cómo se conformará el plantel de 2027.

La pregunta de fondo es quién se hará cargo de explicar cómo se administró San Martín durante todos estos años y por qué, después de contar con respaldo político, patrocinadores estatales y subsidios provinciales, el club terminó otra vez sumergido en una crisis.

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