Familias que llegan desde el interior y no tienen dónde pasar la noche. Padres y abuelos que esperan durante horas un parte médico. Personas que deben calcular si pueden pagar un colectivo para regresar a sus casas o quedarse prácticamente a la intemperie para estar cerca de un hijo internado. La postal que volvió a mostrar el Hospital de Niños expone un problema que excede largamente la falta de un espacio para los acompañantes.
Es también una fotografía del nivel de presión que soporta el sistema público de salud tucumano.
En el Hospital de Niños, familiares de pacientes internados en terapia intensiva reclamaron un lugar donde permanecer luego de que se les informara que debían dejar el playón que utilizaban para instalar sus pertenencias y descansar. Algunos provienen de localidades alejadas y explicaron que regresar diariamente a sus hogares resulta directamente imposible por el costo y el tiempo de traslado.
Una mujer puso números a esa realidad: viajar en Uber hasta Alberdi puede costar $90.000 y hacerlo en colectivo, alrededor de $18.000. La alternativa termina siendo quedarse cerca del hospital.
Pero la escena no es nueva. Meses atrás ya se habían registrado familiares pasando noches enteras en las veredas de distintos hospitales tucumanos, ya fuera para acompañar a una persona internada o para resolver consultas y trámites. La peregrinación sanitaria tiene así varias estaciones: conseguir atención, trasladarse hasta la Capital, permanecer cerca del paciente y afrontar los gastos de una espera que muchas veces se prolonga durante días o semanas.
Más tucumanos dependen de la salud pública
Detrás de esas imágenes existe además un fenómeno económico que comenzó a trasladarse con fuerza hacia los hospitales.
Los datos oficiales correspondientes al Gran Tucumán-Tafí Viejo mostraron que, hacia fines de 2025, el 35,5% de la población dependía exclusivamente del sistema público de salud. Se trataba de casi 330.000 personas.
Al mismo tiempo, la proporción de habitantes con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia había retrocedido 3,5 puntos porcentuales en un año.
Entre los menores de 18 años, el fenómeno era todavía más pronunciado: más del 41% dependía únicamente de la cobertura pública.
La presión también puede observarse entre quienes formalmente conservan algún tipo de cobertura. Ya en 2024, desde el Hospital Padilla advertían que había aumentado notablemente la cantidad de pacientes con obra social que igualmente recurrían al hospital público. En determinadas prestaciones, la participación de ese grupo había pasado del 25% al 40%.
La explicación entonces apuntaba al bolsillo: tener una obra social ya no significaba necesariamente poder afrontar coseguros, estudios, medicamentos o consultas dentro del circuito privado.
El propio Ministerio de Salud de Tucumán reconoció durante este año una “creciente demanda” y una “mayor afluencia de personas” en los efectores públicos. No se trata, por lo tanto, sólo de una percepción de pacientes que hacen filas o de familias que duermen afuera de un hospital.
Hay más gente buscando respuestas en un sistema que debe absorber también a quienes antes resolvían una parte de sus necesidades por fuera del Estado.
El ajuste nacional también llegó a los botiquines
El cuadro tiene además una dimensión nacional.
Una de las expresiones más concretas fue el programa Remediar, destinado a enviar medicamentos esenciales a centros de atención primaria de todo el país. Un relevamiento realizado sobre datos presupuestarios oficiales determinó que el presupuesto real del programa para 2026 resultó 72% inferior al ejecutado en 2023 y que la cantidad de tratamientos distribuidos había caído de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025.
En Tucumán, las propias autoridades sanitarias provinciales advirtieron en abril que la reducción de Remediar obligaba a la Provincia a reemplazar con recursos propios medicamentos que antes llegaban desde Nación. Entre ellos se mencionaron tratamientos vinculados con hipertensión, diabetes y epilepsia.
El Gobierno nacional sostuvo posteriormente una posición diferente: afirmó que el financiamiento de sus programas sanitarios estaba garantizado. Y a comienzos de septiembre dispuso además una ampliación de partidas para vacunas, medicamentos y hospitales nacionales de alta complejidad.
La discusión sobre el alcance final de esos refuerzos continúa, pero el impacto previo sobre las provincias fue planteado incluso por el Gobierno tucumano, que calculó pérdidas millonarias derivadas de la reducción de partidas nacionales para distintas áreas, entre ellas Salud.
En ese escenario también aparece la responsabilidad política de los representantes tucumanos que respaldan el rumbo del Gobierno de Javier Milei.
Los diputados de La Libertad Avanza por Tucumán defienden públicamente el programa de reducción del gasto nacional. Gerardo Huesen, por ejemplo, sostuvo este año que Nación había comenzado a “ordenar” el Estado y defendió la necesidad de reducir el gasto político. El espacio libertario incluso propone trasladar a Tucumán una reducción del 25% del gasto provincial, aunque sus dirigentes aseguran que Salud, Educación, Seguridad y Justicia quedarían preservadas del núcleo de ese ajuste.
Los legisladores libertarios no administran los hospitales tucumanos ni el Siprosa. Esa responsabilidad corresponde al Gobierno provincial. Pero sí representan y respaldan políticamente una administración nacional cuyas decisiones presupuestarias tienen consecuencias sobre programas que históricamente complementaron el financiamiento sanitario de las provincias.
Mientras crece la demanda, la política ya piensa en 2027
La otra responsabilidad es provincial.
Frente al Hospital de Niños, la discusión inmediata es mucho más sencilla que cualquier debate presupuestario: dónde duerme una madre que llegó desde Alberdi, dónde espera un abuelo cuyo nieto está en terapia y qué respuesta recibe una familia que no puede gastar miles de pesos todos los días para regresar a su casa.
La dirección del establecimiento sostiene que existen protocolos de seguridad e higiene y que los casos sociales son evaluados mediante un circuito específico. Es una explicación administrativa frente a un problema que, por su repetición y magnitud, empieza a adquirir otra dimensión.
Mientras tanto, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, comienza a aparecer también dentro de un calendario atravesado por la política.
A comienzos de septiembre acompañó al gobernador Osvaldo Jaldo en el cierre de campaña de la Lista Azul de ATSA. Días después volvió a participar de actividades junto al gremio. Y su nombre figura desde hace meses entre los funcionarios que podrían tener algún papel electoral en 2027. Fuentes del propio oficialismo reconocieron que, sean o no candidatos, los integrantes del gabinete deberán participar de la campaña.
La actividad política de un ministro no elimina su gestión sanitaria. Tampoco alcanza por sí misma para explicar los problemas estructurales del sistema. Pero la simultaneidad plantea una imagen difícil de ignorar: mientras comienza a moverse la maquinaria electoral, hay familias que siguen buscando un lugar donde pasar la noche afuera de un hospital.
El Gobierno provincial enfrenta entonces dos desafíos diferentes pero conectados. Por un lado, reclamar los recursos que considera que Nación dejó de enviar y absorber a una población que cada vez depende más del sistema estatal. Por el otro, administrar mejor una estructura que está bajo su responsabilidad directa.
Porque para quien necesita un turno, un medicamento, una cama o simplemente una silla donde esperar noticias de su hijo, la discusión sobre si el problema nació en Buenos Aires o en Tucumán puede resultar secundaria.
La crisis empieza mucho antes: empieza cuando acceder a la salud se transforma en una peregrinación.
