La decisión del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán de cancelar durante cinco años la matrícula profesional de Gustavo Morales vuelve a poner bajo la lupa un episodio que excedió largamente los límites de un expediente judicial: la intervención pública que tuvo el gobernador Osvaldo Jaldo cuando la causa todavía se encontraba en pleno trámite.
Morales fue condenado en julio de 2025 a tres años de prisión de ejecución condicional luego de admitir su responsabilidad penal por distintos delitos, entre ellos instigación a cometer delito, desobediencia judicial reiterada, turbación de un acto legítimo de la autoridad y falso testimonio reiterado en calidad de instigador. Ahora, el Tribunal de Ética sumó una sanción profesional al disponer la cancelación de su matrícula por cinco años.
El desenlace judicial y disciplinario, sin embargo, no borra lo ocurrido meses antes. Cuando Morales había sido sometido a prisión preventiva, Jaldo convirtió la apertura de sesiones de la Legislatura del 1 de marzo de 2025 en escenario para referirse directamente al acusado, leer elementos incorporados a la investigación y hasta anticipar públicamente cuál sería su destino.
“En Benjamín Paz va a tener lugar para hacer TikTok”
La frase fue pronunciada por el propio gobernador ante la Asamblea Legislativa. Jaldo habló de Morales, repasó mensajes y audios que formaban parte de la investigación fiscal y cuestionó duramente al abogado por la acusación de haber promovido una sedición policial.
En aquel discurso, el mandatario sostuvo que Morales había intentado impulsar acciones contra las instituciones y lanzó una expresión que rápidamente quedó instalada en la discusión pública: “Ahora lo vamos a mandar a la cárcel de Benjamín Paz para que haga sus videos de TikTok”.
No se trató solamente de una valoración política sobre la gravedad de los hechos investigados. El gobernador se refirió en primera persona plural al destino carcelario de una persona cuya situación procesal estaba siendo definida por fiscales y jueces.
También ironizó sobre el estado de salud de Morales durante su detención al señalar que cuando le colocaban las esposas le subía la presión, pero que se encontraba “normal” cuando hacía TikTok.
La escena adquirió una dimensión institucional particular porque Jaldo no era parte del Poder Judicial. Era —y sigue siendo— el titular del Poder Ejecutivo provincial hablando públicamente sobre una causa penal en trámite y sobre un acusado que acababa de recibir prisión preventiva.
Del expediente leído en la Legislatura al discurso sobre la división de poderes
El episodio cobra otra dimensión cuando se lo compara con las declaraciones que el propio Jaldo realizó posteriormente sobre el funcionamiento de la Justicia.
En marzo de este año, durante la apertura del año judicial, el mandatario destacó que el trabajo conjunto entre las instituciones provinciales debía realizarse “siempre respetando la división de poderes” y las jurisdicciones correspondientes.
El concepto volvió a aparecer con claridad en agosto, cuando la Justicia ordenó poner fin a la prolongada intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo. Ante ese fallo adverso para el Ejecutivo, Jaldo afirmó que era “muy respetuoso de la división de poderes” y sostuvo que las resoluciones judiciales debían cumplirse. Incluso aseguró que su Gobierno acata “a rajatabla” los fallos de la Justicia provincial y federal.
Ese discurso institucional contrasta con aquella jornada de marzo de 2025, cuando el gobernador no esperó una sentencia definitiva para exponer públicamente elementos de la investigación, cuestionar al acusado y hablar de enviarlo a un establecimiento penitenciario.
El contraste no modifica un dato central: Morales terminó admitiendo su responsabilidad penal y fue condenado. Pero una condena posterior tampoco convierte automáticamente en irrelevante la discusión acerca de cómo debe actuar un gobernador frente a una investigación judicial todavía abierta.
Una condena posterior no elimina la discusión sobre los límites del Ejecutivo
La situación actual de Morales es concreta. Existe una sentencia penal dictada tras un juicio abreviado y ahora también una fuerte sanción del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados.
Según se informó, la resolución disciplinaria fue adoptada por unanimidad y consideró que los delitos cometidos en el ejercicio profesional afectaron de manera irreparable el decoro del foro. La consecuencia será la imposibilidad de ejercer la abogacía durante cinco años.
Pero el cierre de aquella etapa abre nuevamente otra discusión, de naturaleza institucional.
En marzo de 2025 Jaldo sostuvo que su exposición buscaba demostrar que no existía una persecución política contra Morales. Para hacerlo, sin embargo, utilizó la principal tribuna política de la Provincia para ingresar de lleno en una causa que estaba siendo investigada por el Ministerio Público Fiscal y resuelta por magistrados.
Más de un año después, el gobernador reivindica públicamente el respeto a las jurisdicciones, la división de poderes y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
La condena de Morales confirmó judicialmente hechos por los que había sido acusado. La sanción del Colegio de Abogados agregó ahora consecuencias profesionales. Lo que permanece abierto es otro interrogante: hasta dónde puede avanzar un gobernador cuando habla de un expediente en trámite sin cruzar la frontera entre la defensa política de las instituciones y la intromisión de un Poder del Estado en asuntos que corresponde resolver a otro.
