Una discusión entre vecinos terminó convertida en una batalla campal con disparos, armas blancas, heridos, ataques contra policías y una presunta maniobra para hacer desaparecer las armas utilizadas. Todo ocurrió a plena luz del día, frente a una escuela de Los Pocitos.
El saldo describe por sí solo la magnitud del episodio: tres personas heridas durante el enfrentamiento, un cuarto involucrado lesionado por la mordedura de un perro y 13 aprehendidos después de que la Policía debiera desplegar varias unidades para controlar la situación.
El hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre, pasadas las 15, sobre calle Campaña del Desierto al 1100, en inmediaciones del barrio Hipólito Yrigoyen y frente a la Escuela Lina Velárdez.
Según las primeras actuaciones, una disputa entre integrantes de las familias Orellana y Yapura escaló hasta que aparecieron armas de fuego y comenzaron los disparos en plena vía pública.
Un joven de 26 años recibió perdigonadas en la zona lumbar y la cadera y debió ser trasladado hasta el Hospital Padilla. Otro, de 21, sufrió heridas superficiales de arma de fuego en un brazo y un hombro. Una joven de 28 años terminó con un corte en el rostro y debió ser suturada.
Podría presentarse como otra pelea vecinal que se salió de control.
Pero cuando una discusión termina con tiros frente a una escuela, una multitud enfrentándose con la Policía y sospechas de que las armas fueron trasladadas a otro departamento para ocultarlas, la explicación del conflicto barrial empieza a quedar demasiado chica.
De una discusión a los tiros en cuestión de minutos
Uno de los aspectos más preocupantes del episodio de Los Pocitos es la velocidad con la que una disputa interpersonal habría escalado hasta convertirse en un enfrentamiento armado.
No fue necesario un conflicto criminal sofisticado ni una organización delictiva enfrentándose por territorio.
De acuerdo con la investigación preliminar, todo habría comenzado con diferencias entre grupos familiares y vecinos. Después aparecieron las armas.
Ese patrón viene repitiéndose en Tucumán. Discusiones familiares, problemas vecinales, conflictos de tránsito, amenazas y enfrentamientos personales incorporan cada vez con mayor frecuencia armas de fuego.
En junio, otra batalla campal con más de 30 participantes terminó con tres personas heridas de bala en la Capital. Ese mismo mes, un tiroteo en Barrio Sur dejó un muerto y un cuidacoches herido, en un episodio originado dentro de un contexto de violencia contra una mujer.
También se registraron durante los últimos meses allanamientos por amenazas con armas, ataques a familias y enfrentamientos en los que la Policía terminó secuestrando revólveres, pistolas, rifles y municiones.
Las estadísticas conocidas este año tampoco ofrecen tranquilidad. Durante 2025, Tucumán registró 11.538 lesiones dolosas, alrededor de un 6% más que durante el año anterior.
Son unos 32 hechos diarios. El problema, por lo tanto, no pasa únicamente por determinar quién disparó el domingo en Los Pocitos.
También obliga a preguntarse cuántas armas circulan en los barrios, de dónde salen y por qué sacar un arma parece haberse convertido en una respuesta posible frente a conflictos que antes terminaban, como máximo, en una pelea a golpes.
Diez personas atacaron a los policías para impedir las detenciones
La llegada de la Policía tampoco terminó inmediatamente con el enfrentamiento.
Personal de la Comisaría de Los Pocitos debió solicitar apoyo de Infantería Norte, la División Motorizada de Tafí Viejo y la Guardia Urbana Municipal ante la dimensión que había adquirido la pelea.
Tres sospechosos señalados como posibles participantes de la balacera intentaron refugiarse en una vivienda cercana.
Dos hombres, de 25 y 31 años, quedaron a disposición de la Justicia, mientras que un adolescente de 17 fue trasladado al Centro de Alojamiento Transitorio de Menores.
Pero cuando los efectivos intentaron realizar los procedimientos, la violencia continuó.
Familiares y allegados de los sospechosos habrían atacado a los uniformados con piedras, golpes y amenazas para impedir que fueran trasladados.
Otras diez personas terminaron aprehendidas por atentado y resistencia a la autoridad.
El dato resulta tan grave como la propia balacera.
No sólo hubo armas en una disputa frente a una institución educativa. También fue necesario movilizar distintas fuerzas para concretar detenciones que una parte de los presentes intentaba impedir por la fuerza.
Y Los Pocitos ya viene acumulando antecedentes que ponen a la zona bajo atención.
En mayo de 2025, después de que un hombre resultara baleado durante un asalto, la Policía realizó cuatro allanamientos en Los Pocitos y la Capital. En aquellos procedimientos se secuestraron un arma de fuego y cartuchos, mientras cuatro personas terminaron aprehendidas luego de intentar obstaculizar uno de los operativos.
Aquel mismo año también ocurrió dentro de la comisaría local uno de los casos más brutales de violencia registrados recientemente: un detenido fue torturado durante horas por otros presos y murió posteriormente en el Hospital Padilla. El caso llegó a juicio en 2026.
Son hechos diferentes y no existe evidencia que permita vincularlos entre sí.
Pero todos forman parte de una realidad de violencia que resulta difícil ignorar.
Las armas desaparecieron y ahora las buscan en Burruyacú
El enfrentamiento del domingo dejó además un interrogante que puede convertirse en una de las claves de la investigación.
Las armas utilizadas no fueron encontradas inmediatamente.
Testimonios y registros fílmicos incorporados a la pesquisa indicarían que parte del armamento utilizado durante la balacera habría sido cargado en una camioneta para trasladarlo hasta Burruyacú.
La hipótesis es que el objetivo habría sido ocultarlo antes de los procedimientos policiales.
La fiscalía ordenó pericias de dermotest y análisis toxicológicos a los sospechosos y no se descarta que se realicen allanamientos para encontrar las armas.
Determinar su origen será fundamental.
Porque cada revólver, pistola o escopeta que aparece en un conflicto callejero plantea una pregunta que excede a los protagonistas concretos del hecho: cómo llegó hasta allí.
El Gobierno provincial sostiene desde hace tiempo una política de operativos preventivos, controles territoriales y secuestro de armas. Sin embargo, los procedimientos posteriores a cada nuevo episodio muestran que todavía existe una circulación de armamento capaz de transformar una discusión en una tragedia en cuestión de segundos.
En Los Pocitos, esta vez no hubo muertos.
Pero hubo personas baleadas, una joven herida con un arma blanca, policías atacados, 13 detenidos y armas cuyo paradero todavía se intenta determinar.
Todo frente a una escuela y durante la tarde de un domingo.
Puede discutirse si cada balacera constituye un hecho aislado.
Lo que resulta cada vez más difícil es considerar aislada la facilidad con la que las armas aparecen en los conflictos cotidianos de Tucumán.
