Tucumán suele presentarse como una provincia cultural. Se reivindica su teatro, su música, sus artistas, su producción audiovisual y una historia que la convirtió durante décadas en referencia para todo el NOA. Sin embargo, cuando llega el momento de transformar esos elogios en presupuesto, infraestructura y políticas sostenidas, la cultura vuelve a encontrarse con una realidad bastante menos celebratoria.
El último llamado de atención llegó desde la Asociación Civil Tucumán Audiovisual, que reclamó al Gobierno provincial la asignación de los fondos previstos por la Ley de Promoción Audiovisual 9.578. La demora, advierten los realizadores, no constituye simplemente un inconveniente administrativo: paraliza proyectos, pone en riesgo fuentes laborales y amenaza con interrumpir un proceso de crecimiento que empieza a mostrar resultados dentro y fuera de la provincia.
La contradicción resulta todavía más evidente porque este mismo año el Gobierno exhibió como un logro la puesta en funcionamiento de Cine Tucumano, una plataforma oficial destinada a mostrar la producción local. Pero quienes generan buena parte de ese contenido ahora deben salir nuevamente a reclamar que se cumpla con el financiamiento establecido por ley.
El problema, entonces, parece repetirse: hay reconocimiento, actos, festivales y discursos sobre la importancia de la identidad tucumana, pero cuando los artistas preguntan por los recursos necesarios para producir, la respuesta suele demorarse.
Del reconocimiento público a tener que reclamar lo que establece una ley
El audiovisual tucumano no atraviesa precisamente una crisis creativa. Producciones locales consiguieron lugares en festivales, concursos y laboratorios nacionales, mientras distintos proyectos lograron hacerse visibles fuera de la provincia.
La propia Asociación destacó casos recientes como “Un pensamiento feliz en el horizonte de la extinción”, seleccionado para el Laboratorio Impulsar de la Academia de Cine de la Nación en articulación con Netflix, además de otros proyectos que participaron de convocatorias nacionales.
También está el caso de “Muña Muña”, que recibió $4 millones del Plan de Fomento Audiovisual 2023 y, según los datos difundidos por el sector, provocó un movimiento económico superior a $15 millones solamente en El Mollar.
El dato no es menor porque desmonta una mirada todavía frecuente sobre la cultura como un gasto sin retorno.
Una película no paga solamente actores y directores. Contrata técnicos, alquila equipos, requiere transporte, alojamiento, gastronomía, vestuario, locaciones y una extensa cadena de servicios. Una producción realizada en los Valles o en cualquier localidad del interior deja dinero allí donde filma.
Por eso el reclamo excede a quienes hacen cine. Lo que está en discusión es si el Estado provincial considera a la producción cultural una verdadera actividad económica o si continúa tratándola como un complemento al que se atiende cuando quedan recursos disponibles.
La Ley 9.578 debería ofrecer justamente lo contrario: previsibilidad. Si existe una norma de promoción, el desarrollo de la actividad no debería quedar condicionado año tras año a peregrinaciones por despachos oficiales para conseguir que aparezcan los fondos.
No es sólo el cine: un Ente Cultural entre deudas, pocos recursos y problemas edilicios
El reclamo audiovisual tampoco constituye un episodio excepcional dentro de la política cultural tucumana.
Cuando Sandra Maldonado asumió la presidencia del Ente Cultural a fines de abril, encontró un organismo atravesado por dificultades financieras. Había deudas de alquiler, reclamos por problemas edilicios y hasta un corte de energía eléctrica por falta de pago en el centro cultural Don Bosco.
La necesidad de conseguir mayor presupuesto apareció, desde el primer día de la nueva gestión, como uno de los principales desafíos.
También el teatro independiente viene advirtiendo sobre una situación crítica. Este año se estimó una fuerte reducción en la cantidad habitual de estrenos tucumanos en un escenario marcado por la caída del público, el aumento de los costos y la disminución de los mecanismos de fomento.
Dentro de ese panorama, la Comisión Provincial de Teatro Independiente disponía para 2026 de apenas $6 millones para atender al universo teatral de toda la provincia, tanto de la capital como del interior.
A esto se suma un problema estructural: desde fines de 2023 el Ente Cultural perdió su autonomía y pasó a depender del Ministerio de Educación.
La discusión nacional, naturalmente, también impacta. El ajuste sobre organismos y programas culturales de la Nación golpeó con especial fuerza a sectores como el cine y el teatro. Pero esa situación vuelve todavía más importantes las herramientas provinciales.
Tucumán difícilmente pueda reclamar federalismo cultural frente a Buenos Aires mientras sus propias leyes de promoción esperan fondos.
Mucho orgullo por los artistas, pero poco margen para que puedan producir
La cultura ocupa un lugar curioso dentro del discurso político tucumano.
Es imprescindible cuando llega el momento de hablar de identidad. Está presente en aniversarios, festivales, actos oficiales y campañas de promoción turística. Tucumán se enorgullece de sus músicos, actores, escritores, bailarines, cineastas y artistas plásticos cuando reciben premios o logran reconocimiento nacional.
El problema aparece antes: cuando necesitan condiciones para producir.
La plataforma Cine Tucumano, presentada oficialmente por el gobernador Osvaldo Jaldo en mayo, fue anunciada como una herramienta para fortalecer y difundir a la industria audiovisual provincial. Hoy reúne decenas de largometrajes, cortometrajes, series, videoclips y otras producciones locales.
Es una iniciativa valiosa. Pero una vidriera necesita que detrás de ella siga existiendo producción.
Si los recursos para nuevas películas permanecen paralizados, tarde o temprano faltarán nuevas obras para exhibir. Y si los realizadores deben financiar sus proyectos únicamente con esfuerzo personal, trabajos paralelos o convocatorias externas, el Estado terminará mostrando como política cultural aquello que los propios artistas consiguieron a pesar de las dificultades.
El reclamo de Tucumán Audiovisual vuelve a poner sobre la mesa una discusión bastante más profunda que el desembolso de una partida.
Tucumán debe decidir qué lugar quiere darle a su cultura.
Porque una provincia no puede declararse orgullosa de su potencia artística y, al mismo tiempo, obligar permanentemente a sus trabajadores culturales a reclamar por fondos, edificios, subsidios o leyes que no terminan de cumplirse.
El talento está. Las producciones también. Incluso hay resultados concretos que muestran que invertir en cultura genera empleo y movimiento económico.
Lo que sigue faltando, una vez más, es que la cultura deje de ser la primera candidata al recorte y la última en la fila de las prioridades.
