Todavía falta para que los tucumanos vuelvan a las urnas para elegir gobernador, legisladores, intendentes y comisionados comunales. Pero la carrera hacia 2027 ya comenzó y, como ocurrió en otros años previos a elecciones, los fondos destinados al interior vuelven a quedar bajo la lupa.
El Gobierno de Osvaldo Jaldo habilitó ahora hasta $600 millones para financiar obras, equipamiento y servicios en las comunas rurales. El dinero será canalizado a través del Fondo Fiduciario Comunal y podrá ser solicitado por las administraciones del interior mediante préstamos que posteriormente deberán devolver.
El Decreto N° 1.963/3 fue firmado el 21 de agosto y publicado el 14 de septiembre en el Boletín Oficial. Según la disposición, los recursos podrán ser utilizados para ejecutar obras, adquirir equipamiento o afrontar servicios públicos en las 93 comunas rurales de Tucumán.
Formalmente, no se trata de subsidios ni de aportes no reintegrables. Tampoco los $600 millones serán divididos automáticamente entre los comisionados comunales. Cada administración deberá tramitar su préstamo y garantizar la devolución mediante recursos coparticipables u otras partidas admitidas por la normativa.
Sin embargo, el anuncio aparece cuando la política tucumana ya dejó de hablar del presente para empezar a organizarse alrededor de 2027. Y la historia reciente de la provincia ofrece razones suficientes para que cada movimiento de fondos hacia municipios y comunas en períodos preelectorales sea observado con particular atención.
$600 millones y una campaña hacia 2027 que ya empezó
Las comunas rurales están lejos de ser actores menores dentro del mapa electoral tucumano.
En las elecciones provinciales de 2023, casi una cuarta parte del padrón se encontraba radicada en estas jurisdicciones. El peronismo terminó imponiéndose en 91 de las 93 comunas que estuvieron en disputa.
Su importancia es todavía mayor en las secciones electorales del interior. Un estudio reciente de Datacivis calculó que las comunas representan alrededor del 55% de los votos de la Sección Este y más del 31% de la Sección Oeste.
Es decir: controlar políticamente el territorio comunal tiene un peso decisivo no solamente para elegir comisionados, sino también para definir bancas legislativas y contribuir al resultado de una elección a gobernador.
Eso explica por qué el financiamiento de las comunas provoca periódicamente discusiones sobre los criterios utilizados para distribuir los recursos.
El Gobierno sostiene que se trata de dinero necesario para garantizar servicios y concretar obras en localidades que dependen fuertemente de la asistencia provincial. Y existe un dato que también debe ser mencionado: el actual mecanismo no nació en vísperas de 2027. En noviembre de 2024, Jaldo ya había autorizado otros $600 millones para el Fondo Fiduciario Comunal con el mismo objetivo de otorgar préstamos para obras, equipamiento y servicios.
Por sí solo, entonces, el nuevo decreto no demuestra que exista un destino electoral de los recursos.
Pero los antecedentes explican las sospechas.
Porque cada vez que las urnas aparecen cerca en el calendario tucumano, las discusiones por la distribución del dinero público vuelven a ocupar un lugar central.
De los $6.300 millones de 2025 a los casi $24.000 millones del electoral 2023
No hace falta retroceder demasiado. En abril de 2025, año de elecciones legislativas nacionales, Jaldo autorizó una ampliación presupuestaria de $6.300 millones destinada a garantizar servicios y operatividad en las 93 comunas rurales.
La decisión desató una inmediata reacción opositora.
La diputada Paula Omodeo habló directamente de “fondeo electoral” y cuestionó la discrecionalidad del mecanismo. La Libertad Avanza también vinculó la ampliación de recursos con el calendario electoral.
El Gobierno rechazó aquellas acusaciones. El ministro del Interior, Darío Monteros, defendió el financiamiento y sostuvo que las comunas debían continuar prestando servicios independientemente de que fuera un año electoral. Desde el área de Municipios y Comunas aseguraron además que el dinero no quedaba a libre disposición de los delegados y que cada utilización debía ser justificada.
Dos años antes se había producido una controversia incluso mayor.
Durante 2023, cuando Tucumán eligió gobernador, intendentes, legisladores y comisionados comunales, la Provincia autorizó entre enero y octubre unos $23.759 millones en aportes financieros no reintegrables para municipios y comunas.
La distribución despertó cuestionamientos porque una porción importante de esos recursos terminó en administraciones vinculadas políticamente con el oficialismo.
Hasta agosto de aquel año se habían contabilizado 53 decretos por alrededor de $11.853 millones. Entre los municipios opositores, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Concepción y Bella Vista no habían recibido aportes no reintegrables bajo ese esquema.
La discusión continuó durante todo 2023. Para octubre, el monto total distribuido mediante aportes no reintegrables ya se acercaba a los $24.000 millones.
El dato político tampoco era menor: en las elecciones provinciales de junio, el oficialismo ganó 91 de las 93 comunas rurales.
No existe una prueba que permita establecer que aquellos recursos determinaron el comportamiento electoral de los votantes. Pero la concentración de fondos y la proximidad con las elecciones alimentaron durante meses las denuncias opositoras sobre el manejo discrecional de la caja provincial.
2019 y 2021: subsidios, largas filas y millones en las semanas previas a votar
Los antecedentes más controvertidos aparecen cuando se retrocede un poco más.
En 2019, durante la gestión de Juan Manzur, el Gobierno provincial incrementó de manera extraordinaria la capacidad para entregar ayudas sociales.
En enero de aquel año, el tope mensual disponible a través de un régimen de subsidios para personas e instituciones vulnerables era de $800.000.
En marzo ya había llegado a $40 millones.
Y en mayo, apenas semanas antes de las elecciones provinciales del 9 de junio, el máximo autorizado alcanzó los $130 millones mensuales.
En pocos meses, la capacidad mensual para distribuir esas asistencias se había multiplicado más de 160 veces respecto del monto con el que comenzó el año.
Durante aquellas semanas se registraron largas filas de beneficiarios que acudían a bancos y al Hipódromo para cobrar ayudas económicas. La oposición denunció un uso electoral de los subsidios. El oficialismo lo negó y argumentó que el incremento respondía a la crisis económica y a la necesidad de asistir a sectores vulnerables.
Dos años después, la escena volvió a repetirse.
En septiembre de 2021, mes en el que se realizaron las PASO nacionales y en medio de la feroz interna entre el manzurismo y el jaldismo, la Provincia distribuyó alrededor de $186 millones en subsidios correspondientes a una de las entregas de ayudas sociales.
Las imágenes de largas filas en el Hipódromo volvieron a generar polémica.
Esta vez, incluso Jaldo, enfrentado políticamente con Manzur en aquella interna, acusó al entonces gobernador de pretender influir sobre la voluntad de los tucumanos.
Entre agosto y septiembre de aquel año, además, el Poder Ejecutivo elevó el límite mensual disponible para estas ayudas desde $130 millones hasta $300 millones.
La respuesta oficial volvió a ser similar: los subsidios eran habituales, estaban contemplados por la normativa y respondían a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.
Cinco años después, el escenario político es diferente y también lo es el mecanismo utilizado.
Los $600 millones autorizados ahora no son ayudas sociales individuales ni aportes no reintegrables. Son préstamos para obras, equipamiento y servicios que las comunas deberán devolver.
Pero en una provincia donde las comunas tienen una enorme gravitación electoral y donde durante sucesivas campañas existieron polémicas por la distribución de fondos públicos, el calendario importa.
La campaña hacia 2027 ya está en marcha. El oficialismo discute candidaturas, la oposición busca organizarse y las 93 comunas rurales vuelven a ocupar un lugar central en la disputa territorial.
En ese contexto, cada peso que salga de la Casa de Gobierno hacia el interior estará bajo observación.
No necesariamente porque financiar una obra sea hacer campaña.
Sino porque Tucumán ya tiene demasiados antecedentes en los que los millones comenzaron a multiplicarse justo cuando las urnas empezaban a acercarse.
