Rossana Chahla aseguró que el Estado debe reducir trabas, agilizar respuestas y generar mejores condiciones para que las empresas puedan desarrollar su actividad en San Miguel de Tucumán. Las declaraciones de la intendenta, pronunciadas durante un encuentro con representantes del sector productivo, podrían resultar llamativas para una industria que hace apenas unas semanas protagonizó una fuerte polémica con su administración: la de los laboratorios farmacéuticos.
“Tenemos que facilitar el entorno”, sostuvo Chahla durante su exposición en “Industria que transforma: territorio, personas, futuro”. La jefa municipal planteó que los funcionarios deben entender su tarea como un servicio no sólo destinado a los vecinos, sino también a los comercios y las empresas, y habló de eliminar requisitos que puedan convertirse en obstáculos.
El mensaje difícilmente pase inadvertido para la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que a fines de agosto cuestionó con dureza el avance del Municipio capitalino sobre empresas del sector mediante el Tributo Económico Municipal (TEM).
Un sector que hace dos semanas salió a cuestionar al Municipio
La discusión se desató porque la Municipalidad comenzó a reclamar el pago del TEM a laboratorios que comercializan sus productos en San Miguel de Tucumán pero que, según sostiene CILFA, no poseen establecimientos, oficinas ni personal radicado en la jurisdicción.
La cámara empresaria rechazó el criterio y habló de una “insólita pretensión recaudatoria”. Su planteo es que el tributo, al calcularse sobre los ingresos provenientes de las ventas, termina funcionando como un impuesto y no como una tasa vinculada a un servicio municipal concreto brindado a las compañías.
El conflicto escaló además por una cuestión especialmente sensible: el precio de los medicamentos. CILFA advirtió que la mayor presión tributaria puede trasladarse a los costos y terminar repercutiendo sobre los valores que pagan los tucumanos.
La entidad reclamó entonces que las autoridades municipales revisaran la medida para evitar que la carga fiscal termine generando mayores costos en el acceso a los medicamentos.
Ese posicionamiento introduce ahora una inevitable pregunta frente a las palabras de Chahla: ¿consideran los laboratorios que el Municipio está efectivamente “facilitando el entorno” para las empresas?
Reclamos por cientos de millones a Roemmers y Elea Phoenix
La controversia no quedó limitada a una discusión teórica entre el Municipio y la cámara empresarial. La política tributaria de la administración capitalina ya derivó en determinaciones de deuda por cifras millonarias contra algunos de los principales laboratorios del país.
Uno de los casos es el de Laboratorios Roemmers. Mediante el Decreto N° 0198/SIM/2026, el Ejecutivo municipal ratificó un reclamo que, entre deuda y sanción, ronda los $881 millones.
Según trascendió del expediente, unos $440,4 millones corresponden al TEM que el Municipio considera impago por períodos comprendidos entre enero de 2021 y junio de 2025. A esa cifra se agregó una sanción por un monto similar.
Roemmers cuestionó el reclamo con el argumento de que el TEM tiene características análogas al impuesto provincial sobre los Ingresos Brutos y planteó que su aplicación vulneraría las reglas de la Coparticipación Federal. El Municipio rechazó esa interpretación y sostuvo que la firma tiene una presencia económica relevante en la ciudad pese a no contar con un establecimiento físico.
Una situación similar alcanzó a Laboratorio Elea Phoenix. En ese caso, la gestión de Chahla confirmó un cargo tributario superior a los $347 millones por períodos comprendidos entre 2021 y 2025, más los intereses correspondientes.
Así, mientras la intendenta propone públicamente reducir requisitos y obstáculos para el sector privado, algunas de las compañías más importantes de la industria farmacéutica mantienen una disputa abierta con el Municipio precisamente por el costo y el alcance de su política tributaria.
El antecedente que llegó hasta la Corte Suprema
El conflicto tiene además un componente judicial que excede a la Capital.
En junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en una causa iniciada por Refinería del Norte contra la Municipalidad de Banda del Río Salí por un Tributo Económico Municipal de características similares.
El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia de la Justicia tucumana que había avalado el gravamen y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento. La Corte cuestionó que se hubiera utilizado la autonomía tributaria municipal como argumento sin analizar adecuadamente las limitaciones derivadas de las normas nacionales de coparticipación.
El fallo no declaró directamente la inconstitucionalidad del TEM, pero se convirtió en un antecedente utilizado por quienes cuestionan este tipo de tributos municipales.
CILFA se apoyó precisamente en esa discusión para objetar la política aplicada en San Miguel de Tucumán.
Por eso, las palabras pronunciadas ahora por Chahla abren un contraste difícil de ignorar. La intendenta sostiene que el Estado debe ser “inteligente”, eliminar trabas y acompañar al sector productivo. Los laboratorios, en cambio, vienen denunciando que una decisión de su administración incrementa la presión tributaria, genera incertidumbre y puede repercutir incluso sobre el precio de los medicamentos.
La incógnita pasa entonces por saber si el concepto de “facilitar el entorno” que planteó Chahla incluirá también una revisión de la disputa por el TEM o si, para la Municipalidad, ambas políticas son perfectamente compatibles.
