La investigación por la agresión que sufrió Patricio Ledezma a la salida de un boliche de Tafí del Valle dio un giro significativo seis meses después del episodio. Dos de los jóvenes que habían sido detenidos y enviados al penal de Benjamín Paz ahora buscan ser sobreseídos, mientras que el Ministerio Público Fiscal avanzará contra un tercero que, según las imágenes incorporadas al expediente, habría sido quien golpeó al denunciante.
El avance judicial obliga también a revisar las declaraciones que se realizaron cuando el caso recién comenzaba y todavía faltaban testimonios, pericias y análisis de los videos.
Entre ellas aparecen las del propio gobernador Osvaldo Jaldo, quien no se limitó a pedir que la Justicia investigara y esclareciera lo sucedido. Fue bastante más lejos.
El 3 de febrero, cuando la causa apenas llevaba algunos días, el mandatario habló de un ataque de “20 personas”, calificó a quienes suponía involucrados como “cobardes” y “casi asesinos”, comparó lo ocurrido con el crimen de Fernando Báez Sosa y hasta afirmó que el Gobierno provincial iba “por la detención de los veinte”.
Hoy, con una investigación que presenta un escenario bastante diferente de aquel relato inicial, esas palabras cobran otra dimensión.
De “vamos por los veinte” al pedido de sobreseimiento
Santiago Bagne y Máximo Carreras habían sido acusados de lesiones graves en grado de tentativa agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas y fueron enviados preventivamente a Benjamín Paz.
La decisión provocó cuestionamientos desde un primer momento. Familiares, allegados y defensores sostuvieron que las imágenes no demostraban la participación que se les atribuía y reclamaron que se analizara todo el material antes de sacar conclusiones.
Con el correr de los meses, la investigación incorporó testimonios y nuevas pericias sobre las grabaciones disponibles.
Ahora las defensas solicitaron el sobreseimiento de ambos jóvenes. En el caso de Bagne, fuentes judiciales indicaron que el fiscal Gerardo Salas no se opondría al planteo. Respecto de Carreras, todavía resta conocer cuál será definitivamente la posición del Ministerio Público Fiscal.
La querella, por su parte, rechaza que se cierre anticipadamente la situación procesal de los dos acusados y sostiene que todavía existen medidas pendientes que podrían aportar información.
Pero hay otro elemento importante: la Fiscalía prepara la formulación de cargos contra Belisario Iturbe, señalado a partir de los registros fílmicos como quien habría agredido a Ledezma.
Es decir, la causa sigue abierta y será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades. Justamente por eso, el contraste con las afirmaciones políticas pronunciadas en febrero resulta inevitable.
Jaldo ya había condenado públicamente antes de que terminara la investigación
Cuando el episodio alcanzó repercusión provincial y nacional, Jaldo decidió involucrarse públicamente.
“Estas 20 personas que en manada han atacado a este pobre joven, realmente son cobardes. Yo diría que casi se convierten en asesinos”, sostuvo entonces.
No quedó allí.
El gobernador comparó lo sucedido con el crimen de Fernando Báez Sosa y aseguró que Tucumán había estado cerca de atravesar un caso similar. También advirtió sobre las consecuencias de un homicidio y recordó que en el penal de Benjamín Paz había “espacio para todos”.
Pero quizás la declaración más significativa fue otra: “Nosotros vamos por la detención de los veinte”.
La frase resultaba fuerte incluso en aquel momento. Un gobernador no conduce una investigación penal ni determina quién debe ser detenido. Esas decisiones corresponden a fiscales y jueces sobre la base de las pruebas que se incorporan a un expediente.
Mucho menos podía conocerse, apenas días después del hecho, cuál había sido la conducta individual de cada una de las personas que aparecían en las imágenes.
Seis meses más tarde, esa diferencia entre el discurso político y los tiempos judiciales queda expuesta.
Uno de los jóvenes por cuya detención se había avanzado podría terminar sobreseído con el consentimiento de la propia Fiscalía y las imágenes condujeron la investigación hacia otro supuesto autor de la agresión.
Nada de esto significa que el episodio no haya sido grave ni que no deba investigarse hasta determinar todas las responsabilidades.
Significa algo más elemental: había que investigar antes de condenar públicamente.
La política quiso llegar antes que la Justicia
La violencia ocurrida aquella noche merecía una respuesta del Estado. La Policía debía identificar a quienes participaron, la Fiscalía debía investigar y la Justicia debía resolver sobre la responsabilidad de cada uno.
Jaldo podía exigir que se trabajara con rapidez y que no existiera impunidad.
El problema fue cruzar esa línea y comenzar a hablar como si las responsabilidades ya estuvieran determinadas.
La repercusión mediática, los videos que circulaban en las redes sociales y la inevitable comparación con otros episodios de violencia generaron una enorme presión alrededor del caso. En ese contexto, el gobernador eligió ponerse al frente del reclamo punitivo.
Hoy la propia evolución del expediente muestra por qué quienes tienen responsabilidades institucionales deberían guardar prudencia frente a una causa en trámite.
Bagne y Carreras todavía tienen que obtener una resolución judicial favorable para quedar definitivamente desvinculados. La querella sostiene que es prematuro cerrar sus situaciones procesales. Y el tercero que será acusado tendrá también derecho a ejercer su defensa.
Pero el escenario ya no es aquel que Jaldo describió públicamente en febrero.
No hay veinte personas detenidas. No está acreditado judicialmente que veinte jóvenes hayan intentado matar a Ledezma. Y dos de quienes llegaron a estar privados de su libertad buscan ahora ser sobreseídos mientras la investigación apunta especialmente hacia otra persona.
La causa todavía deberá recorrer su camino. Las declaraciones de Jaldo, en cambio, ya quedaron registradas.
Y el giro que experimentó la investigación sirve para recordar que, cuando todavía no están claras las responsabilidades, un gobernador puede pedir justicia. Lo que no debería hacer es pretender dictarla antes que los jueces.
