Un conflicto judicial entre jueces del Tribunal Municipal de Faltas y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán terminó abriendo una ventana sobre un aspecto poco conocido de la administración de Rossana Chahla: cómo se conforman los salarios de los funcionarios de primera línea y, particularmente, el peso que tienen adicionales variables y discrecionales capaces de modificar de manera sustancial el sueldo final.
El expediente permitió conocer que dos cargos formalmente ubicados dentro de una misma categoría pueden terminar percibiendo remuneraciones muy diferentes. Pero también reveló dificultades para acceder a la información, recibos entregados de manera irregular, conceptos salariales definidos mes a mes y la negativa municipal a presentar ante la Justicia toda la documentación solicitada.
El caso comenzó con el reclamo de los jueces Fabián Ignacio Lizondo Ruiz, Gerardo Augusto Poliche y Héctor Sebastián Toledo. Los magistrados sostienen que, pese a que un decreto firmado por Chahla en marzo de 2024 ordenó liquidarles sus haberes al nivel de Secretario, nunca cobraron efectivamente lo mismo que los funcionarios del gabinete municipal.
Un adicional que puede cambiar por completo un sueldo
La documentación incorporada a la causa mostró dónde aparece una de las principales diferencias.
En julio de 2026, tanto un juez de Faltas como un secretario municipal tenían una asignación básica de $352.844,88 y una bonificación por responsabilidad funcional por idéntico monto. Incluso varios de los adicionales fijos resultaban prácticamente iguales.
Sin embargo, la distancia se disparaba en un rubro denominado “Adicional no remunerativo no bonificable”, establecido por un decreto municipal de 2023.
Según la explicación de la propia administración municipal, se trata de un concepto variable y temporal cuyo monto depende de las circunstancias de cada caso, las exigencias de la función, la extensión de la jornada y la prestación de tareas durante sábados, domingos y feriados.
Es decir, no existe un valor único y uniforme para todos los funcionarios comprendidos en una misma categoría.
En el recibo incorporado al expediente, Lizondo Ruiz recibió $862.509,69 por ese concepto. El secretario municipal utilizado para realizar la comparación percibió, en cambio, $3.234.411,50.
La diferencia supera los $2,3 millones únicamente en ese adicional.
Como consecuencia, el juez terminó con un ingreso neto de $3.059.430,69, mientras que el secretario alcanzó los $4.619.227,77. Entre ambos existió una distancia de $1.559.797,08 en un solo mes, pese a la equiparación formal dispuesta por el propio Departamento Ejecutivo.
Información difícil de conseguir y recibos enviados por chat
El expediente también dejó planteados interrogantes sobre la transparencia con la que el municipio administra y comunica los salarios de sus funcionarios.
Los jueces denunciaron que durante el reclamo intentaron conocer cuánto cobraban efectivamente los secretarios municipales, pero que esa información les fue negada sistemáticamente.
Incluso sostuvieron que sus propios recibos de sueldo no eran entregados mediante un mecanismo administrativo regular, sino que eran remitidos por mensajes de chat.
Ante esa situación, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa intervino y ordenó al municipio informar la composición salarial del cargo de Secretario y presentar los recibos correspondientes a los últimos 24 meses.
La respuesta de la Municipalidad fue limitada: Fiscalía Municipal acompañó un informe elaborado por Contaduría General y presentó, a modo de comparación, solamente un recibo de un secretario y otro del juez Lizondo Ruiz, ambos correspondientes a julio de 2026.
El municipio rechazó entregar todos los recibos requeridos argumentando que contienen datos personales protegidos, como retenciones impositivas, préstamos, embargos, seguros y datos bancarios.
La explicación abre, sin embargo, otra discusión: hasta qué punto esos datos podían ser resguardados o anonimizados sin impedir que se conociera la estructura real de los salarios pagados con fondos públicos.
La Justicia todavía debe resolver si la contestación municipal fue suficiente para cumplir con el requerimiento.
Chahla derogó el decreto cuando la brecha ya estaba en Tribunales
La secuencia tomó un giro aún más llamativo después de que las diferencias salariales quedaran incorporadas formalmente al expediente. El 24 de agosto, Chahla firmó un nuevo decreto para dejar sin efecto la norma de marzo de 2024 que había equiparado a los jueces de Faltas con la categoría de Secretario.
La decisión llegó apenas dos semanas después de que el municipio presentara ante la Justicia la documentación que permitía observar la fuerte diferencia entre las liquidaciones.
Para justificar la derogación, el Departamento Ejecutivo hizo referencia a una “nueva valoración de circunstancias”, aunque no detalló cuáles eran concretamente esas circunstancias.
El dato resulta especialmente significativo porque la misma gestión municipal había presentado la equiparación, un año y medio antes, como una medida destinada a reconocer la idoneidad, eficiencia y jornadas extraordinarias realizadas por los jueces.
Ahora, con un reclamo judicial en marcha, el decreto que servía de fundamento para exigir la igualdad salarial directamente dejó de existir.
El expediente, de esta manera, terminó exponiendo mucho más que una disputa por salarios. Puso bajo la lupa un sistema en el que los adicionales pueden representar varios millones de pesos, sus montos varían según decisiones administrativas, la información completa sobre las liquidaciones no resulta fácilmente accesible y una norma central para el conflicto fue eliminada cuando la controversia ya había llegado a los tribunales.
La discusión que queda abierta no pasa solamente por cuánto cobra un juez o un secretario. También alcanza a un interrogante más profundo para la administración de Chahla: cómo se decide realmente cuánto cobra cada funcionario municipal y qué controles existen sobre esos adicionales que pueden transformar por completo el salario final.
