La Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) volvió a quedar en el centro de la discusión pública. Mientras miles de usuarios enfrentan facturas con fuertes incrementos y se multiplican los reclamos por los montos cobrados, la Legislatura provincial aprobó una nueva modificación del cronograma para definir quién controlará el paquete accionario mayoritario de la compañía.
El debate combina dos cuestiones que impactan directamente sobre los tucumanos: el precio de un servicio esencial y un contrato de concesión que continuará vigente durante casi seis décadas más.
La polémica fue planteada con dureza desde sectores de izquierda, que cuestionan el modelo de privatización del servicio eléctrico y denuncian que las sucesivas administraciones provinciales garantizaron la continuidad de un negocio privado mientras los usuarios absorben tarifas cada vez más elevadas.
Hay, sin embargo, un dato concreto detrás de la discusión: la licitación que debía realizarse meses atrás volvió a ser reprogramada y ahora tiene como nueva fecha límite el 30 de septiembre.
Facturas con aumentos de hasta el 44% y usuarios que reclaman explicaciones
El malestar creció durante las últimas semanas luego de que comenzaron a llegar las nuevas boletas del servicio eléctrico.
La propia EDET reconoció un incremento acumulado del 38% para los usuarios residenciales y de aproximadamente el 44% para el sector comercial.
Según la explicación brindada por la empresa, los aumentos responden a distintos componentes. Uno de ellos es la Revisión Tarifaria Integral, que incrementó en un 18% el Valor Agregado de Distribución. A eso se agregó una suba en el costo mayorista de la energía dispuesta a nivel nacional y los cambios en el esquema de subsidios.
La combinación terminó trasladándose con fuerza a las facturas de julio y agosto.
En paralelo comenzaron a conocerse reclamos de usuarios que denunciaron montos muy superiores a los que habitualmente pagaban y pusieron bajo sospecha posibles casos de sobrefacturación. La situación llegó incluso a la Defensoría del Pueblo, que realizó requerimientos a la distribuidora ante las quejas recibidas.
Desde EDET sostienen que los saltos más elevados pueden estar relacionados con mayores niveles de consumo o con la pérdida total o parcial de los subsidios nacionales. Pero las explicaciones no lograron desactivar el malestar.
La discusión se produce, además, en un escenario sensible: mientras las boletas aumentan, Tucumán debe resolver quién controlará durante los próximos años el paquete mayoritario de la distribuidora.
La licitación se demoró otra vez y la Legislatura autorizó un nuevo plazo
La Legislatura aprobó este miércoles, por 41 votos contra cuatro, una modificación del cronograma vinculado con las acciones Clase A de EDET.
El nuevo acuerdo establece que el llamado a licitación pública nacional e internacional deberá realizarse como máximo el 30 de septiembre de 2026.
No es la primera fecha fijada para concretar el procedimiento.
La Ley 9.913, sancionada en septiembre de 2025, había establecido originalmente el 13 de enero de este año como fecha límite para convocar la licitación del paquete accionario mayoritario. Ese plazo no se cumplió.
Ahora, a partir del acta acuerdo firmada el 10 de agosto entre el Poder Ejecutivo provincial, EDET y el Ersept, la Legislatura volvió a modificar el calendario.
También se extendió hasta el 4 de abril de 2027 el denominado segundo período de gestión.
Pero existe una diferencia fundamental: lo que se está licitando no es la concesión del servicio eléctrico tucumano.
La concesión continuará vigente hasta el 4 de agosto de 2085.
Lo que debe definirse es quién será propietario del paquete de acciones Clase A, equivalente al 51% del capital societario y, por lo tanto, quién tendrá el control de las principales decisiones empresariales.
Esa diferencia quedó muchas veces diluida en el debate público. Aun cuando cambie el propietario de las acciones mayoritarias, el esquema concesionado seguirá funcionando durante décadas.
Un negocio privado que seguirá vigente durante casi 60 años
Actualmente, el paquete mayoritario de EDET se encuentra en manos de Edison Energía S.A., un consorcio de capitales privados en el que participa, entre otros inversores, el Grupo Neuss.
Precisamente sobre ese esquema apuntan las principales críticas de la izquierda tucumana.
La Izquierda Diario cuestionó la continuidad de una estructura nacida a partir de la privatización del servicio eléctrico provincial durante la década de 1990 y sostuvo que las sucesivas administraciones mantuvieron intacto un modelo que permite a empresas privadas administrar un servicio público esencial.
Desde ese sector también reclaman la apertura de los libros contables de EDET, mayores mecanismos de control público y audiencias en las que los usuarios puedan conocer la estructura de costos, las inversiones realizadas y los niveles de rentabilidad de la compañía.
La privatización tucumana se concretó en 1995, durante el gobierno de Ramón “Palito” Ortega. Más de tres décadas después, la empresa continúa operando bajo aquel modelo y la fecha final del contrato todavía aparece extremadamente distante: 2085.
El interrogante sobre el futuro inmediato pasa ahora por la licitación del 51% de las acciones. El Gobierno provincial y el organismo regulador tendrán que elaborar el procedimiento y establecer las condiciones para los interesados.
Pero detrás de esa discusión societaria aparece otra mucho más cercana para los usuarios.
Mientras se define quién controlará la empresa, los tucumanos ya están pagando facturas que aumentaron hasta un 44% y el sistema de concesión privada que regula la distribución de electricidad tiene todavía casi 60 años por delante.
Por eso, más allá de quién gane la próxima licitación, la discusión central seguirá siendo la misma: cuánto pagan los usuarios, cuánto invierte la empresa y qué capacidad real tiene el Estado provincial para controlar a una distribuidora que presta uno de los servicios esenciales de Tucumán.
