Osvaldo Jaldo había prometido normalizar los organismos públicos que llevan décadas intervenidos. Después aseguró que cumpliría “a rajatabla” el fallo judicial que ordenó poner fin a la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). Sin embargo, cuando llegó el momento de hacerlo, su Gobierno tomó el camino contrario: apeló la sentencia y pidió que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán deje sin efecto la orden de regularizar el organismo.
La decisión vuelve a colocar al IPLA en el centro de la escena política tucumana.
Y no ocurre en cualquier contexto.
Durante los últimos meses, el organismo conducido por Dante Loza acumuló cuestionamientos de comerciantes, protestas en las calles, denuncias políticas por sus multas y su supuesto perfil recaudatorio, pedidos para directamente eliminarlo y hasta quedó salpicado por una causa penal contra una profesional que trabajaba allí.
A todo eso se sumó una sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que consideró que una intervención concebida como excepcional terminó transformándose, después de 26 años, en el funcionamiento normal del organismo.
Pero el Gobierno decidió resistir.
La pregunta es inevitable: ¿por qué Jaldo se aferra tanto al control del IPLA?
Prometió normalizarlo, dijo que cumpliría el fallo y ahora quiere voltearlo
El cambio de posición resulta difícil de ignorar.
El 1 de marzo, durante la apertura de sesiones de la Legislatura, Jaldo presentó a 2026 como el año de las “transformaciones” institucionales. Pocos días después, al ser consultado específicamente por los organismos que permanecen intervenidos desde hace décadas, afirmó que la decisión del Gobierno era “tratar de normalizarlos de una vez por todas”.
El IPLA aparece necesariamente dentro de esa discusión. Está intervenido desde julio de 2000.
La propia Ley 7.243 establece un régimen institucional encabezado por un Directorio y contempla la intervención como una situación excepcional. Según el fallo judicial conocido este mes, esa intervención no debería prolongarse más de 60 días.
Sin embargo, pasaron 26 años. Durante todo ese período, distintos gobiernos provinciales mantuvieron el mismo mecanismo. En lugar de conformarse el Directorio previsto por ley, los gobernadores fueron prorrogando interventores mediante decretos.
Jaldo no modificó esa práctica. Desde octubre de 2023, Dante Loza permanece al frente del organismo y su continuidad fue renovada sucesivamente.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo finalmente consideró que semejante extensión había desnaturalizado por completo el carácter extraordinario de una intervención. Por eso ordenó al Poder Ejecutivo terminar con ese régimen y avanzar dentro de los 60 días con la normalización institucional.
La primera reacción pública de Jaldo fue contundente.
Dijo que respetaba la división de poderes, afirmó que los fallos judiciales debían cumplirse y aseguró que su administración acataba “a rajatabla” las decisiones de la Justicia.
Pero unos días después ocurrió exactamente lo contrario.
Fiscalía de Estado presentó un recurso extraordinario de casación y pidió que la Corte provincial revoque la parte de la sentencia que obliga a finalizar la intervención.
El Gobierno sostiene que los empresarios que promovieron el amparo no tienen legitimación para reclamar la normalización institucional y que la Cámara avanzó sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo al imponer un mecanismo y un plazo determinado.
La Provincia tiene derecho a apelar.
Lo políticamente llamativo es que esté utilizando ese derecho para intentar evitar aquello que el propio gobernador había dicho pocos meses antes que quería hacer: normalizar los entes intervenidos.
Más todavía: antes de conocerse el fallo, Jaldo ya había firmado una nueva prórroga de 60 días para Loza. La extensión comenzó a regir prácticamente al mismo tiempo que la Justicia ordenaba terminar con el régimen.
Por un lado, 60 días para normalizar. Por el otro, otros 60 días para seguir intervenido. Ahora la Provincia busca que prevalezca la segunda opción.
Protestas, multas y hasta una causa penal: un organismo rodeado de polémicas
La discusión institucional no apareció en el vacío. El IPLA viene acumulando controversias desde hace tiempo. Durante 2025 y 2026 comerciantes realizaron protestas y acompañaron proyectos políticos que reclaman directamente la eliminación del organismo. Uno de los principales impulsores fue el legislador José Seleme, quien denunció multas que calificó como impagables y acusó al instituto de haberse alejado de su misión original de prevención para concentrarse en controles, sanciones y recaudación.
En abril de este año, una nueva marcha llegó hasta la Casa de Gobierno.
Participaron comerciantes y dirigentes opositores como Seleme, Mariano Campero y Manuel Courel. Allí se denunciaron supuestos abusos por parte de inspectores y se exigieron explicaciones sobre la utilización de los recursos que obtiene el IPLA.
Son acusaciones políticas que el Gobierno y el organismo pueden rechazar y que no equivalen por sí mismas a irregularidades comprobadas.
Pero existen. Y deberían ser suficientes para impulsar mecanismos de mayor transparencia y control institucional, no para mantener indefinidamente un esquema de intervención.
Además, en mayo se conoció un episodio todavía más incómodo.
Una abogada que se desempeñaba en el IPLA fue acusada penalmente por una presunta estafa relacionada con la transferencia de una camioneta. Según la investigación fiscal, la profesional habría cobrado $895.000 por supuestas gestiones y utilizado documentación falsa.
El dato más comprometedor para la institución fue otro: de acuerdo con la acusación, la mujer habría utilizado las propias oficinas del IPLA para realizar parte de la maniobra y darle mayor credibilidad.
La imputación es individual y no permite trasladar responsabilidad penal a las autoridades del organismo. Mucho menos probar que existiera una maniobra institucional.
Pero sí vuelve a plantear interrogantes sobre los controles internos.
A todo esto se suman las discusiones recurrentes sobre los elevados cánones y multas que enfrentan organizadores de eventos, bares, kioscos y otros comercios vinculados con la venta de bebidas alcohólicas.
Los defensores del IPLA sostienen que eliminarlo debilitaría los controles sobre el expendio de alcohol, especialmente a menores, y el propio organismo ha realizado procedimientos contra fiestas clandestinas y eventos donde se detectaron irregularidades.
El debate, entonces, no necesariamente pasa por terminar con cualquier política de control del alcohol.
La discusión es por qué esas políticas necesitan desarrollarse mediante una institución intervenida desde hace más de un cuarto de siglo.
¿Qué tiene una intervención que el Gobierno no quiere perder?
La diferencia entre un organismo normalizado y uno intervenido no es solamente semántica. Es poder.
La Ley 7.243 establece un Directorio integrado por un presidente y vocales cuya designación requiere la intervención del Poder Ejecutivo y el acuerdo de la Legislatura.
La intervención, en cambio, concentra la conducción en una persona designada directamente mediante decreto del gobernador.
Esa diferencia ayuda a entender por qué el debate excede largamente la cuestión administrativa.
Normalizar significa abandonar un esquema excepcional manejado directamente desde el Ejecutivo y volver al diseño institucional establecido en la ley.
No significa cerrar el IPLA.
No significa dejar de controlar la venta de alcohol.
No significa permitir la venta a menores ni eliminar automáticamente las inspecciones.
Significa terminar con una intervención que lleva 26 años.
Por eso resulta particularmente llamativa la resistencia del Gobierno.
La propia Justicia advirtió que la excepcionalidad terminó convirtiéndose en una regla permanente. El propio Jaldo reconoció a comienzos de año que Tucumán necesitaba normalizar sus organismos. Y el propio gobernador sostuvo, después de conocerse la sentencia, que cumpliría lo resuelto.
Ahora intenta que esa resolución sea anulada.
Incluso la presentación provincial dejó abierta la posibilidad de continuar la discusión judicial si la Corte tucumana no le da la razón.
Mientras tanto, el IPLA continúa intervenido.
Las polémicas se acumulan, los comerciantes protestan, sectores opositores exigen su eliminación y la Justicia cuestionó la prolongación del esquema institucional. Pero la respuesta política del Gobierno no fue abrir el organismo, transparentar su conducción y avanzar con el Directorio que establece la ley.
Fue apelar.
Tal vez el Gobierno tenga argumentos jurídicos para discutir hasta dónde puede llegar una sentencia judicial al ordenar cómo debe organizarse una repartición estatal.
Pero políticamente queda una pregunta mucho más sencilla.
Si Jaldo realmente quería normalizar los entes “de una vez por todas”, ¿para qué necesita que la Corte le permita seguir interviniendo el IPLA?
Después de 26 años, ya resulta difícil seguir hablando de una emergencia administrativa.
La intervención dejó hace mucho tiempo de ser provisoria.
Y la decisión del Gobierno de defenderla hasta en los tribunales sólo profundiza una sospecha política que sus propias acciones alimentan: más que normalizar el IPLA, Jaldo parece decidido a no perder su control.
