La acusación contra María Alejandra Arrieta no sólo abre un nuevo capítulo judicial por presuntas estafas con viviendas sociales. También instala una pregunta política que la Legislatura de Tucumán debería responder: ¿quién controla a las personas que trabajan dentro del Poder Legislativo y quién se hace responsable cuando la pertenencia al Estado es utilizada, según una investigación judicial, como herramienta para generar confianza y engañar a particulares?
Arrieta, empleada legislativa, fue acusada en cuatro casos por presuntas estafas que superarían los $14 millones. La investigación encabezada por el fiscal Diego López Ávila sostiene que la mujer se presentaba ante las víctimas como gestora o abogada y aseguraba contar con contactos dentro del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Legislatura y distintas organizaciones gremiales.
La condición de empleada pública no aparece entonces como un elemento secundario. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría formado parte de la apariencia de legitimidad utilizada para convencer a personas que buscaban acceder a una vivienda.
El caso adquiere otra dimensión cuando se revisan los antecedentes. En los últimos años, distintos empleados o ex empleados del Poder Legislativo tucumano aparecieron involucrados en investigaciones policiales y judiciales de diversa gravedad. No todos terminaron condenados y cada expediente debe analizarse individualmente, pero la reiteración obliga a revisar los mecanismos de ingreso, supervisión y permanencia dentro de uno de los poderes del Estado.
El reglamento dice quién debe controlar
La respuesta a la pregunta sobre quién tiene la responsabilidad administrativa no está escondida.
El Reglamento Interno de la Legislatura establece que el personal de los bloques políticos es nombrado y removido por el presidente del cuerpo a propuesta de las autoridades de cada bancada. También determina expresamente que esos trabajadores dependen de manera exclusiva de las autoridades del sector político correspondiente.
Es decir, en el caso del personal de bloque existe una responsabilidad política directa de quienes solicitan las designaciones.
El mismo reglamento señala que cada legislador puede contar con personal de su elección, cuya designación también debe ser realizada por la Presidencia de la Cámara a propuesta del parlamentario. En cuanto a los empleados permanentes, dependen del secretario de la Legislatura y sus funciones son determinadas por el presidente.
Actualmente, la máxima autoridad del cuerpo es el vicegobernador Miguel Acevedo.
La normativa, por lo tanto, establece una cadena de responsabilidades. Otra cuestión es determinar qué controles se realizan antes y durante la relación laboral.
En las publicaciones consultadas sobre el caso Arrieta no se informó bajo qué modalidad estaba incorporada a la Legislatura, a qué área pertenecía, quién había solicitado originalmente su designación ni qué tareas concretas desempeñaba. Son datos relevantes porque permitirían establecer quién tenía responsabilidad directa sobre su desempeño dentro del organismo.
También resulta necesario conocer si existían antecedentes administrativos, denuncias internas o alguna advertencia previa. Sobre todo porque la investigación sostiene que ya había sido acusada anteriormente por un hecho de características similares y que, pese a ello, habría continuado buscando nuevas víctimas.
El control no puede limitarse a verificar si una persona concurre a trabajar o cumple un horario. Cuando se trata de empleados públicos, también existe una responsabilidad institucional vinculada al uso del nombre, las oficinas, las relaciones y la autoridad que proporciona pertenecer al Estado.
No es el primer empleado legislativo que termina bajo investigación
El antecedente más cercano ocurrió en noviembre de 2024.
Juan López Cansillieri figuraba como personal de bloque de la Legislatura cuando fue detenido. Durante un procedimiento realizado en Manantial Sur, la Policía encontró unos 5.200 kilos de alimentos pertenecientes a programas del Ministerio de Desarrollo Social y documentación que generó sospechas sobre una posible comercialización irregular.
Cuando trascendió que López Cansillieri era empleado legislativo, Acevedo confirmó que se había iniciado inmediatamente su baja.
Pero apenas unos meses antes había ocurrido otro episodio.
En enero de 2024, Marcos Soria fue detenido en otra investigación vinculada con la presunta venta ilegal de mercadería de Desarrollo Social. Las autoridades terminaron confirmando que llevaba unos 15 años como empleado legislativo. La Fiscalía le formuló cargos por encubrimiento agravado debido a su condición de funcionario público y se le dictó prisión preventiva por 30 días. Un mes después recuperó la libertad al considerar la Fiscalía que ya no existían riesgos procesales.
Los antecedentes se remontan todavía más atrás.
Uno de los casos más recordados es el de Julio César Trayán, puntero político que había trabajado en el ámbito legislativo y que terminó condenado en 2018 a seis años de prisión por integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes. El escándalo había estallado cuando se conoció su vinculación laboral con un bloque de la Cámara. Después de su detención fue apartado.
La secuencia tiene un denominador común que debería llamar la atención: primero aparece la investigación policial o judicial y después llega la desvinculación administrativa.
Incluso en junio de este año la Legislatura volvió a quedar expuesta indirectamente por una causa de narcotráfico. Una trabajadora de un bloque fue apartada después de conocerse que era pareja de uno de los imputados en el expediente por el secuestro de 470 kilos de cocaína. En ese caso debe hacerse una aclaración fundamental: la mujer no estaba imputada ni aparecía vinculada formalmente con la investigación judicial. Acevedo explicó entonces que la decisión había sido adoptada por el bloque y sostuvo que el episodio no afectaba la imagen de la institución.
Precisamente esa diferencia permite formular otra discusión. Una institución no debería reemplazar a la Justicia ni considerar culpable a alguien únicamente por sus relaciones personales. Pero sí tiene la obligación de saber quiénes integran su planta, qué funciones cumplen, quién pidió sus nombramientos y bajo qué criterios permanecen dentro de ella.
Dar de baja después del escándalo no alcanza
La Legislatura puede argumentar que, cuando tomó conocimiento de determinados casos, actuó apartando a los empleados involucrados. Y efectivamente existen antecedentes de bajas rápidas una vez que las investigaciones se hicieron públicas.
El problema es que esa es una respuesta posterior.
El verdadero control debería funcionar antes de que un expediente policial llegue a los medios.
El caso Arrieta resulta particularmente delicado porque la Fiscalía sostiene que la mujer habría utilizado precisamente su condición de empleada de la Legislatura y sus supuestos contactos políticos para fortalecer el engaño. Las víctimas, según fuentes judiciales, eran trabajadores que buscaban desde hacía años acceder a una casa propia.
No se trata de responsabilizar a los 49 legisladores ni al conjunto de los trabajadores por las acciones que se atribuyen a una persona. Tampoco corresponde sostener que trabajar en la Legislatura convierte a alguien en sospechoso. La responsabilidad penal siempre es individual.
La responsabilidad política e institucional es otra cosa.
Si un empleado ingresa por propuesta de un legislador o de un bloque, corresponde saber quién lo propuso. Si depende de una autoridad determinada, corresponde saber quién lo supervisa. Si acumula denuncias o atraviesa una investigación que puede comprometer el ejercicio de sus funciones, debe existir un procedimiento administrativo claro para evaluar la situación respetando siempre la presunción de inocencia.
También debería ser pública y fácilmente accesible la nómina actualizada del personal, su modalidad de contratación, función y dependencia. La legislación provincial sobre acceso a la información contempla obligaciones de transparencia activa, entre ellas la publicación de autoridades y personal permanente, transitorio y contratado.
La discusión, por lo tanto, no termina con María Alejandra Arrieta.
Soria, López Cansillieri y Trayán son antecedentes concretos que muestran que la relación entre nombramientos políticos y controles internos merece ser revisada. Cada caso tuvo características y resultados judiciales diferentes, pero todos dejaron a la Legislatura dando explicaciones una vez que el problema ya estaba instalado.
Esta vez, la Cámara debería hacer algo más que esperar el avance de la Justicia.
Debería explicar públicamente desde cuándo trabaja Arrieta en el Poder Legislativo, bajo qué modalidad fue nombrada, quién solicitó su ingreso, qué funciones cumplía y qué controles existieron durante todo ese período.
Porque cuando el cargo público es utilizado como carta de presentación para una presunta estafa, ya no alcanza con preguntar qué hizo una empleada.
También hay que preguntar quién la puso ahí y quién debía controlarla.
