La aplicación de la Ley de Narcomenudeo permitió multiplicar allanamientos, secuestros y causas judiciales en Tucumán. Sin embargo, una grave advertencia surgida desde los barrios de la Capital obliga a preguntarse si esa actividad policial y judicial alcanza para modificar la realidad cotidiana o si sólo logra golpear algunos puntos de venta sin desarticular el entramado que sostiene el negocio.
El director de Asistencia y Prevención de Adicciones de la Provincia, Emilio Mustafá, informó que durante los últimos dos meses se registraron diez intentos de suicidio en Los Vázquez, Heredia, Ara San Juan y Villa Angelina. Nueve de los casos involucraron a adolescentes de entre 14 y 16 años.
El dato debe ser tratado como un problema de salud pública multicausal y no permite atribuir automáticamente esas conductas al consumo de sustancias. No obstante, el funcionario ubicó al avance del narcomenudeo como uno de los factores que deterioran el tejido social y profundizan la vulnerabilidad de los jóvenes.
Su diagnóstico expone una contradicción: mientras el Estado comunica procedimientos y resultados judiciales, en determinados sectores de la Capital los vendedores de drogas continúan ocupando espacios de influencia, ofreciendo recursos y presentándose como referentes ante comunidades atravesadas por la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia de horizontes.
La ley muestra resultados en los tribunales
La Ley Provincial 9.188 permitió que la Justicia tucumana asumiera la investigación de determinados delitos vinculados con la comercialización de drogas en pequeñas cantidades. Su puesta en funcionamiento buscó acelerar las respuestas y acercar la persecución penal a los barrios donde funcionan los denominados “quioscos” de venta.
Los números oficiales demuestran que la norma no permanece inactiva. Durante 2024 se realizaron 935 audiencias relacionadas con causas de narcomenudeo y se dictaron 114 condenas efectivas y 37 condicionales, según el balance presentado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán durante la apertura del año judicial 2025.
A eso se suman los procedimientos difundidos regularmente por el Ministerio de Seguridad. Allanamientos, personas aprehendidas, dinero, cocaína, marihuana, teléfonos y elementos utilizados para fraccionar sustancias forman parte de una secuencia que se repite en distintos puntos de la provincia.
Desde esa perspectiva, la ley funciona: existen unidades especializadas, investigaciones, operativos, audiencias y condenas. El Estado provincial puede mostrar una capacidad de intervención que antes estaba concentrada principalmente en el fuero federal.
Pero medir la eficacia únicamente por la cantidad de procedimientos ofrece una imagen incompleta. La cuestión central no es solamente cuántos vendedores fueron detenidos, sino si disminuyó la disponibilidad de drogas, si se desarticularon las redes de abastecimiento y si los puntos allanados dejaron de funcionar de manera definitiva.
El poder territorial que los allanamientos no consiguen desplazar
Mustafá advirtió que el narcomenudeo alcanzó una especie de legitimación dentro de algunos barrios. El vendedor no aparece solamente como quien comercializa sustancias, sino como una persona que presta dinero, financia actividades o cubre necesidades inmediatas que el Estado no logra atender.
En ese escenario, el problema supera ampliamente la presencia de una pequeña cantidad de droga dentro de una vivienda. Existe una disputa por el reconocimiento social, la pertenencia y las expectativas de los adolescentes.
El mensaje que reciben muchos jóvenes es que estudiar, capacitarse o buscar un empleo ofrece menos recompensas que incorporarse al circuito ilegal. La posibilidad de conseguir rápidamente dinero, una motocicleta o determinados bienes desplaza valores asociados con el trabajo y el esfuerzo, especialmente cuando el futuro aparece bloqueado.
Allanar un domicilio puede interrumpir momentáneamente la comercialización, pero no necesariamente destruye esa lógica. Si la demanda continúa, la red de abastecimiento permanece activa y otro vendedor reemplaza rápidamente al detenido, el operativo termina teniendo un efecto limitado.
También resulta insuficiente perseguir el último eslabón sin intervenir sobre quienes proveen las sustancias, administran el dinero, garantizan protección o reclutan a nuevos vendedores. La repetición de procedimientos en los mismos sectores puede revelar eficacia policial, pero también demostrar la capacidad del negocio para reconstruirse.
La advertencia sobre los adolescentes obliga además a ampliar la respuesta. La persecución penal debe convivir con políticas de salud mental, prevención de consumos, educación, deporte, cultura, capacitación laboral y fortalecimiento comunitario. Sin esas herramientas, la Justicia actúa cuando el daño ya comenzó.
¿La ley funciona o solamente administra las consecuencias?
La respuesta depende del parámetro utilizado. Si se consideran las audiencias, los allanamientos, los secuestros y las condenas, la Ley de Narcomenudeo tiene una aplicación concreta. Si se observa la realidad descripta por los equipos territoriales, su impacto resulta mucho más difícil de sostener.
Que un funcionario provincial advierta que los vendedores de drogas se transformaron en referentes barriales demuestra que el problema no fue resuelto. También evidencia que la presencia estatal no puede limitarse al ingreso de la Policía después de una denuncia.
La ley es una herramienta penal y no puede, por sí sola, reparar el entramado social. Sin embargo, el Gobierno necesita informar resultados que permitan evaluar su verdadera efectividad: cuántos puntos de venta fueron cerrados definitivamente, cuántas organizaciones fueron desarticuladas, cuántas condenas quedaron firmes y cuántas personas accedieron a tratamientos o programas de reinserción.
También debería conocerse si los barrios intervenidos registraron una reducción del comercio de sustancias o si los lugares allanados volvieron a funcionar bajo nuevos responsables. Sin indicadores territoriales, la discusión queda reducida a una sucesión de operativos presentados como golpes aislados.
Los diez intentos de suicidio informados en cuatro barrios de la Capital constituyen una señal extrema de una crisis mucho más amplia. No prueban, por sí mismos, el fracaso de la Ley de Narcomenudeo, pero sí muestran que la respuesta estatal no está alcanzando para proteger a los adolescentes y recuperar los espacios ocupados por las economías ilegales.
La norma puede estar funcionando dentro de los expedientes. La pregunta pendiente es si funciona en las calles, donde los jóvenes continúan expuestos a la droga, la desesperanza y la falta de alternativas.
Ante una urgencia de salud mental o riesgo suicida en Tucumán, se puede llamar gratuitamente al 135 o al 107, disponibles las 24 horas. También funciona el servicio de Telepsicología en el 0800-122-1555.
