Tucumán volvió a quedar bajo la lupa por el tamaño de su estructura política. Un informe de la Fundación Libertad ubicó a la provincia como la jurisdicción del país que más recursos presupuestarios destina por cada legislador: con 49 bancas y un presupuesto anual de $182.504 millones para el Poder Legislativo, la relación alcanza los $3.725 millones por representante.
El dato adquiere otra dimensión cuando se lo coloca frente a la realidad económica que atraviesan los tucumanos. Mientras la Legislatura dispone de semejante volumen de recursos, casi uno de cada cuatro habitantes del Gran Tucumán-Tafí Viejo estaba bajo la línea de pobreza en el último dato disponible, la informalidad laboral alcanza al 46,9% y los comerciantes advierten sobre pérdida de rentabilidad, presión impositiva y un crecimiento de los locales vacíos.
No se trata de afirmar que los $3.725 millones sean el sueldo de cada legislador. No lo son. El cálculo surge de dividir todo el presupuesto del Poder Legislativo —que incluye personal, asesores, funcionamiento y demás gastos— por las 49 bancas. Pero justamente allí aparece la discusión: cuánto cuesta sostener la estructura política de una provincia donde buena parte de la sociedad debe ajustar cada vez más sus cuentas.
Un presupuesto de $182.504 millones para apenas 49 bancas
La comparación nacional es contundente. De acuerdo con el relevamiento, Tucumán presupuestó para este año $182.504 millones para su Legislatura. Divididos entre sus 49 representantes, son $3.725 millones por banca.
La cifra supera ampliamente el promedio nacional, estimado en $1.531 millones anuales por legislador provincial. También expone diferencias muy importantes con distritos de tamaño parlamentario semejante: Jujuy cuenta con 48 legisladores y registra un costo por representante muy inferior.
El presupuesto legislativo tucumano equivale, según el estudio, al 3,66% del presupuesto total provincial. La provincia aprobó para 2026 gastos y recursos por alrededor de $4,98 billones.
El dato reabre además una discusión recurrente en Tucumán: el costo no está explicado únicamente por las dietas de los 49 parlamentarios. Detrás existe una estructura formada por empleados permanentes y transitorios, secretarías, bloques, autoridades, asesores y gastos para el funcionamiento institucional.
Por eso, la comparación por banca funciona como un indicador del tamaño presupuestario del Poder Legislativo y no como una descripción del dinero que recibe personalmente cada representante.
La pregunta que deja planteada esa cifra es otra: si una provincia con fuertes necesidades sociales necesita destinar semejante proporción de sus recursos a sostener su estructura legislativa y si ese nivel de gasto se corresponde con las prioridades de los ciudadanos que lo financian.
Pobreza, informalidad y una canasta que no deja de encarecerse
Fuera del edificio de Muñecas al 900, las cifras muestran una realidad muy diferente.
El último dato de pobreza disponible para el Gran Tucumán-Tafí Viejo ubicó al 23,6% de las personas por debajo de la línea de pobreza. Aunque el indicador mejoró respecto de los momentos más críticos de los últimos años, significa que casi uno de cada cuatro habitantes del principal conglomerado urbano de la provincia todavía no alcanza con sus ingresos a cubrir las necesidades consideradas básicas.
El mercado laboral también exhibe fragilidades. En el segundo trimestre de 2026, la desocupación se ubicó en 5,5%, mientras que la informalidad laboral alcanzó al 46,9%. Es decir, una proporción elevada de trabajadores desarrolla sus actividades fuera de relaciones laborales registradas.
A esto se suma el costo de vida.
La Dirección de Estadística de Tucumán calculó que en agosto la Canasta Básica Total para un adulto equivalente llegó a $429.326. En apenas un año aumentó 36,8%. La Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $212.838 y acumuló una suba interanual todavía mayor: 39,9%.
Son números que se trasladan todos los días a las góndolas, las tarifas, los alquileres y los gastos familiares.
El contraste resulta inevitable: mientras una parte significativa de la población hace cuentas para cubrir alimentos y servicios, la estructura legislativa tucumana administra un presupuesto superior a los $182.000 millones durante este año.
Son gastos de naturaleza diferente y no corresponde confundirlos. Pero ambos salen de una misma economía provincial y terminan formando parte de una discusión pública sobre cómo se distribuyen los recursos del Estado.
Locales vacíos, presión fiscal y la discusión sobre las prioridades
La otra cara aparece entre quienes todos los meses deben levantar una persiana, pagar salarios, servicios, alquileres e impuestos.
Un relevamiento de la Federación Económica de Tucumán detectó en junio 229 locales cerrados sobre 2.407 relevados en el microcentro ampliado de San Miguel de Tucumán. La vacancia llegó al 9,38%, cuando en agosto de 2025 se encontraba en 6,03%. En términos absolutos, los locales sin actividad relevados pasaron de 133 a 229 en ese período.
El presidente de la FET, Héctor Viñuales, también había advertido que existían entre 60 y 70 locales cerrados más que a comienzos del año.
El sector empresario viene señalando, además, que el problema no se limita a la caída del consumo. Los representantes comerciales mencionaron reiteradamente el aumento de los servicios, las cargas laborales y los impuestos como componentes que reducen la rentabilidad y dificultan la supervivencia de pequeñas y medianas empresas.
Tucumán mantiene, como el resto de las provincias, una estructura tributaria que incluye Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotores, entre otros gravámenes. La presión fiscal provincial y municipal ha sido motivo de reclamos recurrentes de cámaras empresarias, aunque determinar cuánto de la crisis comercial corresponde a los tributos exige considerar también factores nacionales como el consumo, la actividad económica, el crédito y los costos generales.
Ese contexto es el que vuelve políticamente sensible el presupuesto de la Legislatura.
Mientras un comerciante analiza si puede mantener abierto su negocio, una familia necesita más de $429.000 mensuales por adulto equivalente para superar la línea estadística de pobreza y casi la mitad de los trabajadores se desempeña en la informalidad, Tucumán destina $182.504 millones anuales a su Poder Legislativo.
El informe no determina que ese gasto sea ilegal ni demuestra, por sí mismo, que sea innecesario. Lo que sí aporta es una comparación concreta: ninguna otra jurisdicción argentina destina tantos recursos presupuestarios por banca como Tucumán.
Y es precisamente esa diferencia la que vuelve a instalar una discusión que excede a los 49 legisladores: en una provincia donde conseguir recursos resulta difícil para familias, trabajadores y comerciantes, cuánto cuesta la política y qué obtiene la sociedad a cambio de ese gasto.
