La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, sumó una nueva resolución que alimenta las dudas sobre el futuro del expediente. La Justicia rechazó el pedido del legislador Manuel Courel y del concejal de Simoca Luis Alberto Escobar para intervenir como querellantes particulares.
La decisión no implica el cierre de la causa ni determina la inocencia o culpabilidad de la jefa municipal. Sin embargo, limita la participación de quienes impulsaron la denuncia y pretendían controlar de manera más directa el avance de la investigación, proponer medidas y acceder a las actuaciones.
El rechazo se produce, además, en un contexto marcado por los cuestionamientos sobre la falta de avances significativos. La denuncia fue presentada el 9 de junio y, casi dos meses después, sus impulsores advirtieron que no observaban medidas relevantes que permitieran esclarecer el origen del patrimonio investigado.
Los denunciantes quedan afuera del expediente
La resolución fue firmada el 31 de julio por el fiscal regional Diego Sebastián Hevia, quien consideró que Courel y Escobar no reúnen los requisitos legales para constituirse como querellantes.
Según el criterio de la Fiscalía Regional del Centro Judicial Concepción, ambos dirigentes no pueden ser considerados víctimas directas del supuesto delito. Tampoco encuadrarían dentro de los casos de representación de intereses colectivos contemplados por el Código Procesal Penal de Tucumán.
El fiscal sostuvo que esa posibilidad está reservada para personas jurídicas cuyo objeto se encuentre relacionado con el bien jurídico presuntamente afectado. También señaló que haber presentado la denuncia no alcanza, por sí solo, para obtener legitimación y participar activamente en el proceso.
La interpretación podrá ser apelada, pero su efecto inmediato es concreto: los denunciantes quedan sin las facultades procesales que buscaban para impulsar el expediente desde adentro.
Ese límite adquiere especial relevancia cuando la principal preocupación expresada por Courel y Escobar es, precisamente, la lentitud de la investigación. Sin una querella activa, el ritmo y la orientación de la causa permanecerán fundamentalmente bajo el control del Ministerio Público Fiscal.
Una investigación rodeada de silencios y demoras
El expediente se inició a partir de una denuncia vinculada con la presunta adquisición de una vivienda valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, ubicado en Yerba Buena.
La presentación apuntó a determinar si existe correspondencia entre ese bien, los ingresos declarados y la evolución patrimonial de la intendenta. Como en toda investigación penal, las responsabilidades deberán establecerse mediante pruebas y respetando el principio de inocencia.
Sin embargo, el paso del tiempo sin novedades sustanciales comenzó a instalar interrogantes. Los denunciantes sostienen que, desde la apertura de la causa, no se conocieron avances significativos ni medidas capaces de despejar las sospechas planteadas.
Courel y su abogado, Luis María Díaz Augier, se presentaron ante el fiscal en Concepción para incorporar elementos al expediente y manifestar su preocupación. La escena volvió a dejar expuesta una situación incómoda: son quienes formularon la acusación los que reclaman que la Justicia investigue con mayor velocidad.
El rechazo de su participación como querellantes profundiza esa percepción. Aunque la medida responde a una discusión técnica sobre la legitimación procesal, políticamente puede ser interpretada como un nuevo obstáculo para que la causa avance.
El riesgo de que el expediente se diluya
En investigaciones que involucran a funcionarios públicos, la demora también produce efectos políticos. Cuanto más tiempo transcurre sin definiciones, mayor es la posibilidad de que el caso pierda centralidad, desaparezca de la agenda pública y termine archivado sin respuestas claras.
Por ahora, no existe una resolución que cierre el expediente. Tampoco se informó que la denuncia haya sido desestimada. No obstante, la combinación de escasos avances conocidos, ausencia de medidas visibles y exclusión de los denunciantes como querellantes alimenta la sensación de que la investigación podría diluirse.
La posibilidad de apelar el rechazo abre una nueva instancia, aunque también podría extender todavía más los tiempos. Mientras se discute quién tiene derecho a intervenir, el interrogante de fondo continúa sin respuesta: si el patrimonio señalado puede ser justificado o si existen elementos para profundizar una investigación penal.
La Justicia tiene la responsabilidad de esclarecer esa cuestión con independencia y celeridad. No sólo se encuentra bajo análisis la conducta de una funcionaria, sino también la capacidad institucional para investigar denuncias que involucran el manejo del poder y posibles irregularidades patrimoniales.
Si el expediente no registra avances concretos, la sospecha pública no desaparecerá. Por el contrario, quedará instalada la idea de que la denuncia atravesó los tribunales sin que nadie llegara a determinar qué ocurrió realmente.
