Los taxistas volvieron a movilizarse frente a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y pusieron directamente en la mira a la gestión de Rossana Chahla. El reclamo tuvo un eje concreto: aseguran que, pese a los anuncios oficiales y a la normativa aprobada para ordenar el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, los controles efectivos siguen sin aparecer.
La Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán reclamó que se haga cumplir la ordenanza 5.483 y exigió respuestas a la administración municipal. Para el sector, el problema dejó de ser la ausencia de normas y pasó a ser su aplicación: sostienen que las plataformas continuaron operando mientras las exigencias recaen con mayor rigor sobre los taxis tradicionales.
La protesta también incluyó pedidos de renuncia para Valeria Amaya, directora del Sutrapa, y Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana.
Una regulación que, según los taxistas, quedó en los papeles
El cuestionamiento central estuvo dirigido hacia Chahla. Los manifestantes recordaron que la propia intendenta había anunciado instrucciones para hacer cumplir la ordenanza que regula a las plataformas digitales, pero aseguraron que esas definiciones no se tradujeron en controles concretos sobre la calle.
“Seguimos esperando respuestas y acciones concretas”, plantearon desde el sector, que volvió a reclamar igualdad de condiciones entre los taxis y quienes trabajan mediante aplicaciones.
La normativa municipal estableció obligaciones para las plataformas, los conductores y los vehículos. Sin embargo, meses después de su puesta en vigencia, el propio municipio continuaba trabajando en la conformación de un registro de prestadores y en mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de esas exigencias.
Para los taxistas, esa demora significó una ventaja para las aplicaciones. Mientras ellos deben afrontar empadronamientos, inspecciones, licencias y distintas obligaciones para mantenerse habilitados, sostienen que una parte de los vehículos que trabajan a través de plataformas continuó prestando servicios sin atravesar controles equivalentes.
Chahla dio instrucciones, pero el conflicto siguió abierto
La Federación también cuestionó que Chahla haya delegado la ejecución de las medidas en las áreas técnicas sin que hasta ahora, según su evaluación, se hayan obtenido los resultados prometidos.
Ese fue el trasfondo de la protesta: los taxistas consideran que la Intendencia anunció una regulación, fijó obligaciones y aseguró que habría fiscalización, pero dejó pasar los meses sin conseguir que el nuevo sistema se aplicara plenamente.
Desde el Municipio rechazaron esa lectura. Arnedo afirmó que las empresas fueron intimadas en tres oportunidades y señaló que se avanzó con actuaciones para aplicar sanciones económicas. También aseguró que se generaron multas millonarias y que se encontraba en preparación un registro municipal de plataformas digitales para identificar tanto a los prestadores como a los vehículos.
Esa explicación, sin embargo, no descomprimió el malestar de los taxistas, que justamente cuestionaron que varios de esos instrumentos todavía estuvieran en proceso de implementación después de los anuncios realizados por la gestión municipal.
Pidieron las renuncias de Arnedo y Amaya
La protesta fue más allá del reclamo por mayores controles. La Federación que encabeza Julio Rodríguez exigió la salida de los principales responsables del área de transporte municipal: Carlos Arnedo y Valeria Amaya.
El planteo reflejó el deterioro de la relación entre una parte del sector taximetrero y la Municipalidad. Los choferes sostienen que ya pasó tiempo suficiente desde la aprobación de las nuevas reglas y que la Intendencia debe dejar atrás los anuncios para hacer efectivo el control de las aplicaciones.
Arnedo, por su parte, defendió lo realizado por la administración de Chahla. Destacó el reempadronamiento de los taxis y aseguró que se llevaron adelante controles sobre la actividad tradicional, además de las intimaciones y actuaciones contra las plataformas.
Así, las posiciones quedaron enfrentadas. El Municipio sostiene que el proceso de fiscalización está en marcha y que prepara nuevas herramientas para sancionar incumplimientos. Los taxistas, en cambio, consideran que las medidas llegaron tarde y que, mientras la gestión de Chahla siguió anunciando registros, dictámenes y multas, las aplicaciones continuaron funcionando sin los controles que se les habían prometido.
