Los incidentes ocurridos en Graneros escalaron rápidamente desde una disputa local hasta convertirse en un conflicto político e institucional. Mientras distintos sectores de la oposición reclamaron la intervención del municipio que conduce la intendenta Raquel Graneros, vecinos de la localidad presentaron denuncias contra el diputado nacional Gerardo Huesen, quien a su vez aseguró haber sido víctima de una emboscada y de amenazas.
En medio de las acusaciones cruzadas, la mirada quedó puesta durante varias horas sobre el gobernador Osvaldo Jaldo. Desde La Libertad Avanza le reclamaron una reacción y cuestionaron que no se hubiera pronunciado inmediatamente después de los episodios. El mandatario finalmente rompió el silencio este martes: repudió las agresiones, pidió prudencia y sostuvo que aguardará el avance de la Justicia antes de atribuir responsabilidades.
La oposición llevó el conflicto hasta la Legislatura
El episodio generó una reacción conjunta de distintos bloques opositores de la Legislatura, que impulsaron un pedido para intervenir tanto el Departamento Ejecutivo Municipal de Graneros como el Concejo Deliberante.
La presentación fue promovida por José Macome, de Compromiso con la Libertad, y recibió el acompañamiento de legisladores de diferentes espacios, entre ellos José Cano, Agustín Romano Norri, Raquel Nievas, Manuel Courel, José Seleme, Claudio Viña, Walter Berarducci, Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra.
El proyecto plantea que, en caso de avanzar la intervención, el Poder Ejecutivo designe un comisionado interventor y se realice una auditoría integral sobre la administración municipal.
Los legisladores fundamentaron el planteo no solamente en los hechos ocurridos durante el fin de semana. También hicieron referencia a denuncias previas contra la intendenta Raquel Graneros por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y hablaron de una situación de “hostigamiento político” y de deterioro de la convivencia institucional.
El expediente fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. Por ahora, su tratamiento legislativo permanece abierto.
Desde La Libertad Avanza, además, Lisandro Catalán reclamó una intervención de las autoridades provinciales y apuntó particularmente contra Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo, a quienes responsabilizó políticamente por garantizar el orden institucional.
Del otro lado, vecinos denunciaron a Huesen
Mientras la oposición avanzaba con el pedido contra la administración municipal, el conflicto sumó una segunda cara: vecinos de Graneros realizaron presentaciones contra Huesen y otras personas que participaban de la recorrida libertaria.
El diputado había denunciado que, mientras su comitiva se encontraba en la zona del río Marapa, un grupo de personas bloqueó el paso de los vehículos, profirió amenazas y luego protagonizó nuevas agresiones en inmediaciones de la comisaría. Huesen vinculó a quienes participaron de los incidentes con el oficialismo municipal.
Desde la Intendencia rechazaron esa vinculación y aseguraron que no tenían conocimiento previo de la visita del grupo de dirigentes libertarios.
Los denunciantes, en tanto, dieron una versión diferente de lo sucedido. Una de las mujeres que realizó una presentación sostuvo que la discusión comenzó luego de que el grupo de Huesen tomara fotografías y videos en el lugar y acusó al diputado de haberlos insultado, amenazado y empujado.
Huesen negó esas acusaciones. El dirigente libertario aseguró que dispone de registros audiovisuales de lo ocurrido y afirmó que ese material permitirá establecer quién inició las agresiones.
Así, el episodio quedó atravesado por dos relatos contrapuestos y por presentaciones que deberán ser analizadas en el ámbito judicial.
Jaldo rompió el silencio y pidió esperar a la Justicia
Durante las primeras repercusiones del caso, Jaldo quedó en el centro de los cuestionamientos opositores por no haberse manifestado públicamente sobre los incidentes. Ese silencio fue utilizado por dirigentes libertarios para reclamar una postura del Gobierno provincial frente a lo sucedido.
El gobernador finalmente habló este martes y buscó tomar distancia de las versiones enfrentadas. Confirmó que existen denuncias de Huesen y de vecinos de Graneros y sostuvo que no corresponde determinar responsabilidades antes de que intervenga la Justicia.
Jaldo repudió las agresiones “vengan de donde vengan” y afirmó que ningún diputado nacional ni ciudadano tucumano debe ser atacado. Al mismo tiempo, evitó avalar el pedido inmediato de intervención del municipio.
Sobre ese planteo, recordó que una decisión de esas características corresponde al Poder Ejecutivo provincial, salvo que exista una ley de la Legislatura que disponga lo contrario, y pidió prudencia a quienes impulsan la medida.
De ese modo, el conflicto de Graneros abrió varios frentes simultáneos. Por un lado, una oposición que encontró un punto de coincidencia para reclamar una intervención institucional. Por otro, denuncias cruzadas que presentan versiones radicalmente diferentes de los incidentes. Y, en el medio, un gobernador que inicialmente optó por el silencio y que, cuando finalmente tomó posición, evitó inclinarse por alguna de las partes y dejó la definición de responsabilidades en manos de la Justicia.
