El Gobierno de Tucumán dispuso la asignación de 250 millones de pesos al Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) para hacer frente a obligaciones derivadas de sentencias judiciales dictadas contra el organismo. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto N.º 2473/3 (SH), fechado el 6 de octubre de 2026 y publicado este viernes 23 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia.
La medida adquiere mayor relevancia al considerar que no se trata de la primera transferencia de fondos públicos destinada a obligaciones judiciales del IDEP durante las últimas semanas. El pasado 6 de octubre se publicó otro decreto mediante el cual se asignaron $34,5 millones para afrontar una sentencia en una causa de cobro de dinero iniciada contra la institución. De esta manera, las dos disposiciones comprometen recursos provinciales por un total de $284,5 millones.
Una transferencia millonaria que no identifica las causas judiciales
El Decreto N.º 2473/3 (SH), correspondiente al expediente administrativo 183/385-I-2026, señala que el IDEP solicitó recursos financieros para atender obligaciones emergentes de sentencias dictadas en su contra. Según los fundamentos oficiales, los pronunciamientos judiciales impusieron obligaciones al organismo y resulta necesario garantizar los medios presupuestarios para su cumplimiento.
Para concretar la operación, el Ejecutivo autorizó una adecuación del Presupuesto General 2026, trasladando $250 millones desde la partida de créditos adicionales hacia las transferencias al IDEP. En el presupuesto del instituto, esos fondos se incorporan a la partida 387, denominada Juicios y Mediaciones, mediante un aporte financiero no reintegrable. La misma norma autoriza al Ministerio de Economía y Producción a emitir la correspondiente orden de pago.
Sin embargo, el documento presenta un aspecto significativo: no individualiza las sentencias que justifican semejante erogación. No aparecen los nombres de los demandantes, los números de los expedientes judiciales, los tribunales intervinientes ni las fechas de las resoluciones. Tampoco se informa si las obligaciones corresponden a reclamos laborales, controversias contractuales, indemnizaciones u otras cuestiones.
Esta omisión impide conocer, a partir del decreto, cuántas causas originaron el compromiso económico y qué circunstancias llevaron al instituto a afrontar estas obligaciones.
El antecedente de Natalia Salas Crespo y los $34,5 millones
Una investigación de las publicaciones anteriores del Boletín Oficial permitió identificar un antecedente concreto. Mediante el Decreto N.º 2226/3 (SH), del 16 de septiembre de 2026, publicado el 6 de octubre, el Gobierno provincial otorgó al IDEP un aporte no reintegrable de $34,5 millones para cumplir una sentencia judicial dictada el 11 de agosto de 2026.
En ese caso, a diferencia del decreto más reciente, la documentación identifica expresamente el juicio: “Salas Crespo Natalia María c/ Instituto de Desarrollo Productivo s/ Cobros (Ordinario)”, expediente judicial N.º 431/24.
La causa se tramitó ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, según consta en documentación del Poder Judicial provincial. El decreto oficial confirma la existencia de una obligación derivada de la sentencia y la decisión de financiar su cumplimiento mediante una transferencia presupuestaria específica.
Aunque se pudo corroborar la identificación del proceso y la fecha de la resolución, la documentación localizada no permite reconstruir los fundamentos completos del fallo ni determinar el origen preciso de todos los conceptos reclamados.
Los $34,5 millones correspondientes a esta causa y los $250 millones establecidos por el nuevo decreto constituyen asignaciones presupuestarias distintas, aunque ambas tienen como finalidad afrontar obligaciones judiciales del mismo organismo. La documentación disponible tampoco permite establecer si existe alguna vinculación procesal entre los litigios.
Otros litigios contra el IDEP y las preguntas que siguen abiertas
Los registros del Poder Judicial de Tucumán permiten identificar, además, otros conflictos judicializados que involucraron al Instituto de Desarrollo Productivo. Uno de ellos es la causa “Yanicelli Cecilia María c/ Instituto de Desarrollo Productivo y otros s/ Cobro de Pesos”, expediente N.º 1632/24.
En octubre de 2024, la demandante inició una acción contra el IDEP y autoridades del organismo, alegando que su relación laboral había concluido mediante un despido sin causa. Entre los demandados figuraban Daniel Víctor Abad, Juan Francisco Casañas y Maximiliano Martínez Márquez, quienes desempeñaban funciones directivas en la institución.
En marzo de 2025, el Juzgado del Trabajo de la IV Nominación declaró su incompetencia para intervenir en la controversia y dispuso que el expediente fuera remitido al fuero contencioso administrativo, al considerar que se encontraba involucrada una relación de empleo público. Aquella decisión resolvió una cuestión de competencia judicial, pero no el fondo de la demanda.
No hay elementos documentales que permitan vincular esta causa con los $250 millones autorizados en octubre de 2026, aunque su existencia confirma que el IDEP ha sido objeto de reclamos judiciales vinculados con su relación con personal del organismo.
El nuevo aporte abre, en consecuencia, interrogantes que requieren información adicional: ¿cuántas sentencias debe afrontar el IDEP?, ¿cuáles fueron los hechos que dieron origen a las condenas?, ¿cuánto corresponde a capital, intereses y costas judiciales?, ¿existen otros procesos que podrían generar nuevas obligaciones económicas para el Estado?
También queda por determinar si los $284,5 millones autorizados mediante ambos decretos ya fueron efectivamente desembolsados y si representan la totalidad de las obligaciones judiciales que debe afrontar el instituto durante 2026.
Por el momento, lo comprobable es que en menos de un mes se publicaron dos decisiones presupuestarias que asignan, en conjunto, $284,5 millones de recursos provinciales para atender sentencias contra el IDEP. El monto está documentado; lo que todavía no se conoce por completo es la historia judicial que explica por qué el organismo necesita esos fondos.
