Cincuenta y nueve tasas menos. El número suena contundente, tiene impacto comunicacional y permite presentar la decisión como una importante reforma tributaria. Sin embargo, cuando se examina qué conceptos decidió eliminar la gestión de la intendenta Rossana Chahla, surge una realidad bastante menos espectacular: la mayoría de las derogaciones corresponde a aranceles administrativos, certificados y permisos que los vecinos no pagan habitualmente, sino cuando necesitan realizar alguna gestión particular. La iniciativa puede simplificar trámites y representar un ahorro para determinados contribuyentes, pero está lejos de constituir una transformación significativa de las finanzas familiares.
El Concejo Deliberante capitalino aprobó el jueves 22 de octubre el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que contempla la eliminación de 59 tasas, derechos y contribuciones distribuidos entre nueve reparticiones. La decisión recibió acompañamiento de distintos sectores políticos, aunque también generó fuertes cuestionamientos por su escaso alcance y por la falta de información precisa sobre su impacto económico.
La discusión de fondo es bastante más sencilla que el anuncio oficial: ¿cuánto dinero dejará de pagar mensualmente una familia de San Miguel de Tucumán gracias a esta reforma? Por ahora, la Municipalidad no ha presentado una respuesta general respaldada por cifras verificables.
Una reforma que elimina trámites pagos, pero no alivia los gastos de todos los meses
Entre las tasas derogadas aparecen los certificados de Libre Deuda y de Cumplimiento Fiscal, que tenían un costo de $4.600 cada uno. También se eliminan sellados por solicitudes administrativas, que costaban $1.150 por la primera hoja y $460 por cada hoja adicional. Según la propia Municipalidad, determinadas combinaciones de trámites podían representar gastos de hasta $11.500.
Para alguien que necesita realizar esas gestiones, el beneficio existe y resulta concreto. Pero para una familia que no solicita certificados ni presenta expedientes administrativos, la eliminación de esos aranceles no supone ningún ahorro. Se trata de cobros ocasionales, no de obligaciones que todos los vecinos afronten mes a mes.
Algo similar ocurre con las tasas vinculadas a kioscos, ferias, food trucks, mesas y sillas en la vía pública, permisos de refacción y otros procedimientos comerciales. Su eliminación puede beneficiar a emprendedores y comerciantes que necesiten esas autorizaciones, pero no implica una reducción generalizada de los tributos que pagan los habitantes de la capital.
La medida también contempla la derogación de una contribución municipal vinculada con la vigilancia e inspección de instalaciones de agua, cloacas y gas natural por redes. Este punto podría tener un alcance más directo para los usuarios de esos servicios. Sin embargo, el propio Ejecutivo reconoció que el concepto estaba judicializado, por lo que todavía falta determinar cómo se trasladará efectivamente la eliminación a las facturas y cuál será el ahorro correspondiente.
En definitiva, la medida tiene beneficiarios concretos, pero no equivale a una rebaja general de la carga tributaria de los vecinos. La distinción no es menor: una cosa es eliminar el costo de un certificado que alguien solicita una vez al año, y otra muy diferente es reducir los gastos permanentes que condicionan la economía de las familias.
La cifra de 59 tasas impresiona, pero nadie explicó cuánto representan realmente
Uno de los aspectos más cuestionables de la reforma es la ausencia de un informe detallado sobre su impacto económico. El Ejecutivo justificó las derogaciones argumentando que muchos de esos conceptos tienen una recaudación poco significativa y generan costos administrativos elevados. Es un argumento atendible desde el punto de vista de la eficiencia estatal, pero el expediente no incluyó un desglose de la recaudación de cada tasa que permita verificarlo.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse, mencionó una estimación equivalente al 1,5% de la recaudación de la Dirección de Ingresos Municipales. Sin embargo, esa referencia general no reemplaza un análisis sobre cuánto representa cada concepto, cuántos contribuyentes lo pagan y qué ahorro efectivo producirá su eliminación.
Los propios concejales dejaron en evidencia esa debilidad. Gustavo Cobos advirtió que contar la cantidad de tributos eliminados no significa medir el impacto económico real, mientras que Leandro Argañaraz reclamó información sobre la recaudación de 2025 y 2026 para conocer el verdadero alcance fiscal de la medida.
La oposición también cuestionó la distancia entre la presentación política y sus consecuencias económicas. Alfredo Terán de Zavalía, de Fuerza Republicana, acompañó el proyecto, aunque lo calificó como una iniciativa de poco impacto en el bolsillo de la gente. Ana González, de Compromiso Tucumán, fue más dura: sostuvo que se trataba de una medida electoral y sintetizó su posición con una frase contundente: “Es mucho ruido y pocas nueces”. González y Carlos Ale se abstuvieron durante la votación.
Lo llamativo es que el propio argumento oficial sobre la escasa significación económica de las tasas puede volverse en contra del entusiasmo con que se presentó la iniciativa. Si se trata, mayoritariamente, de conceptos cuya recaudación es reducida o cuya administración cuesta más de lo que generan, eliminarlos puede ser una buena decisión de gestión, pero difícilmente alcance para anunciar una transformación de la economía de los contribuyentes.
La cantidad de tasas suprimidas, por sí sola, no demuestra la magnitud del alivio. Cincuenta y nueve conceptos de bajo impacto pueden representar menos para un vecino que la reducción de un solo tributo de pago habitual.
Lo que Chahla no modificó: la discusión pendiente sobre la presión tributaria
El problema de fondo es que la reforma aprobada no aborda de manera integral el esquema tributario municipal. El proyecto no establece una reducción general de los principales tributos periódicos ni presenta un programa amplio de revisión de alícuotas, bases imponibles, actualizaciones y costos que afrontan los contribuyentes.
Tampoco incorpora un estudio que permita determinar cómo evolucionó la carga tributaria de los vecinos durante los últimos años, cuánto representa en relación con sus ingresos o qué proporción del presupuesto familiar absorben las obligaciones municipales.
Sin esa información, resulta difícil sostener que la reforma constituye una respuesta de fondo a las dificultades económicas de quienes viven, trabajan o desarrollan actividades comerciales en San Miguel de Tucumán.
Esto no significa que eliminar aranceles innecesarios sea una mala decisión. Al contrario, reducir burocracia, simplificar procedimientos y evitar que el Estado cobre por gestiones cuyo costo administrativo supera su recaudación son objetivos razonables. El problema aparece cuando una medida de simplificación administrativa se presenta como si fuera una reforma tributaria de gran alcance.
La discusión que todavía está pendiente es bastante más incómoda: cuánto le cuesta realmente el municipio al contribuyente, qué impuestos y tasas tienen mayor incidencia económica, si existe margen para reducirlos y cómo se relaciona el esfuerzo que se exige a los vecinos con la calidad de los servicios que reciben.
También debería analizarse la estructura del gasto municipal. Porque hablar de una reforma fiscal profunda implica examinar no solamente cuánto recauda el Estado, sino también cómo administra los recursos y qué prioridades establece al momento de gastarlos.
Por otra parte, la ordenanza todavía requiere su publicación oficial para comenzar a regir, prevista para el día siguiente de ese trámite. Hasta entonces, la aprobación legislativa no modifica automáticamente los importes exigibles.
La administración de Rossana Chahla podrá exhibir la eliminación de 59 tasas como un avance en materia de simplificación burocrática. Y en ese aspecto existen beneficios que no corresponde desconocer. Pero lo aprobado no demuestra una reducción sustancial y generalizada de la presión tributaria que soportan los vecinos de San Miguel de Tucumán.
El verdadero alivio fiscal no se mide por la cantidad de renglones que se tachan de una ordenanza, sino por el dinero que los contribuyentes dejan efectivamente de pagar.
Y mientras no se presente una evaluación seria, con cifras desagregadas y resultados comprobables, el anuncio de las 59 tasas seguirá teniendo más fuerza como mensaje político que como demostración de una mejora económica para la mayoría de los tucumanos.
Porque eliminar una tasa que casi nadie paga regularmente puede ser una buena decisión administrativa. Pero venderla como una solución para el bolsillo de todos es otra cosa.
