La discusión por una calle de El Manantial dejó de ser solamente política y llegó a la Justicia. Vecinos de la zona, acompañados por el legislador Manuel Courel, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para intentar frenar la desafectación de una fracción que durante décadas estuvo destinada a cumplir una función pública y que ahora puede terminar incorporada a un desarrollo inmobiliario privado.
La controversia obliga a formular una pregunta incómoda para el Gobierno provincial y para la mayoría oficialista de la Legislatura: cuando chocan el interés de los vecinos y el de una empresa, ¿a quién escucha primero el poder?
Las leyes 9.992 y 9.994 permitieron desafectar del dominio público una traza vial ubicada en El Manantial que atraviesa terrenos pertenecientes a Citrusvil S.A. Sobre esos inmuebles se proyecta una urbanización especial cerrada.
El Gobierno tiene una explicación. La operación fue presentada como una manera de conseguir, a cambio, la regularización dominial de decenas de familias que viven desde hace años en terrenos de la empresa en El Manantial y Ohuanta. El gobernador Osvaldo Jaldo defendió públicamente esa finalidad social antes de promulgar la norma.
El problema es que detrás de ese argumento quedó una calle.
O, todavía peor, la posibilidad de que exista una calle en el futuro en una zona que crece aceleradamente, se llena de barrios privados y ya padece problemas de conectividad.
Una calle pública sacrificada para permitir un desarrollo privado
La traza en discusión tiene aproximadamente 650 metros de largo por 10 metros de ancho y es perpendicular a la avenida Vicente Lucci. Catastralmente estaba destinada a una calle y constituía una alternativa potencial de conexión norte-sur en un sector ubicado entre las rutas provinciales 301 y 338.
No se trata entonces simplemente de un pedazo de tierra abandonado.
Urbanistas que analizaron el caso advirtieron que desafectar esa reserva vial puede tener consecuencias durante décadas. Marta Casares y María Paula Llomparte Frenzel cuestionaron la decisión y señalaron que eliminar conexiones públicas en una zona en expansión favorece la fragmentación territorial y consolida barreras entre urbanizaciones.
La preocupación resulta todavía más significativa por el desarrollo proyectado en los alrededores. Según el planteo presentado ante la Corte, en el área inmediata podrían urbanizarse alrededor de 280 hectáreas y vivir en el futuro unas 35.000 personas.
Es decir: mientras aumenta la cantidad potencial de habitantes, el Estado decidió reducir las posibilidades futuras de conectividad.
La decisión parece ir en dirección contraria a cualquier lógica elemental de planificación.
Las calles no se proyectan solamente para resolver el tránsito de hoy. Se reservan porque las ciudades crecen. Y cuando una traza pública desaparece bajo un emprendimiento inmobiliario, recuperarla veinte años después puede resultar directamente imposible.
Los vecinos del barrio Virgen del Valle agregaron un dato que complica todavía más la explicación oficial: aseguran que el camino existió y fue utilizado durante décadas para llegar de manera más directa hasta la Escuela N° 12 “Provincia de Chaco”, en San Pablo.
Registros satelitales también mostraron modificaciones en el lugar. En imágenes anteriores podía apreciarse un paso despejado entre las plantaciones, mientras que registros más recientes muestran un canal de desagüe y obstáculos vinculados con la transformación inmobiliaria del sector.
Entonces surge otra pregunta: ¿el camino perdió realmente su utilidad pública o primero se permitió que dejara de ser utilizable y después se tomó esa situación como argumento para desafectarlo?
Es precisamente uno de los puntos que ahora deberá analizar la Justicia.
El argumento de las familias no despeja las dudas
El oficialismo defendió desde el comienzo la iniciativa afirmando que Citrusvil regularizaría, como contrapartida, la situación dominial de unas 80 familias que viven desde hace décadas en terrenos de la empresa.
Ese objetivo tiene un indudable interés social.
Una familia que espera durante décadas la escritura de la casa donde vive merece una respuesta del Estado. El problema aparece cuando esa necesidad social termina funcionando como justificación para entregar una herramienta de planificación urbana que pertenece al conjunto de la comunidad.
¿Por qué para solucionar el problema de esas familias había que eliminar una calle pública?
¿No existían otras herramientas jurídicas, administrativas o económicas?
¿Por qué la regularización dominial debía quedar atada al interés de una empresa que pretende avanzar con desarrollos inmobiliarios en la misma zona?
Esas son las preguntas que todavía necesitan una respuesta convincente.
Incluso dentro del propio Poder Ejecutivo aparecieron advertencias.
Antes de que el proyecto terminara convertido en ley, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior señaló que debía fundamentarse y acreditarse la pérdida de utilidad pública del inmueble. También debía explicarse por qué el camino había dejado de cumplir una función vinculada al tránsito o a la conectividad y cuál era concretamente el beneficio para la comunidad.
El dictamen no obligaba a la Legislatura a rechazar la iniciativa. Pero demuestra algo importante: hasta los propios técnicos del Estado entendieron que no bastaba con levantar la mano y votar.
Había que justificar por qué un bien público debía dejar de serlo.
Los vecinos que acudieron a la Corte sostienen precisamente que esa demostración nunca se realizó.
La ley terminó siendo aprobada, luego corregida por errores y finalmente promulgada por el Poder Ejecutivo.
Jaldo no puede presentarse como un actor ajeno a ese proceso. Antes de la promulgación defendió públicamente la operación y destacó su supuesto fin social. En la Legislatura, además, la propuesta fue impulsada principalmente desde el oficialismo por Mario Leito y recibió los votos necesarios para avanzar pese a las advertencias opositoras y técnicas.
El Gobierno eligió.
Y eligió avanzar.
La Corte deberá decidir sobre la ley, pero la responsabilidad política ya existe
Marcela Heredia y Enrique González, con el acompañamiento de Courel y el patrocinio del abogado Gabriel Sabaté, pidieron ahora que la Corte declare la inconstitucionalidad de las normas.
Además solicitaron una medida cautelar para impedir que, mientras se analiza el planteo, se produzcan transferencias, subdivisiones, cierres, ocupaciones o modificaciones sobre la traza.
El argumento es sencillo: si el espacio se transforma de manera irreversible y tiempo después la Justicia declara inválida la ley, la sentencia podría llegar demasiado tarde.
Será la Corte la que determine si las normas son constitucionales.
Pero la discusión política no necesita esperar una sentencia.
Los gobernantes tienen la obligación de explicar por qué consideraron conveniente resignar una reserva vial pública en beneficio de una operación que, simultáneamente, permite avanzar a un privado con sus desarrollos.
También deben demostrar que el beneficio obtenido por la comunidad es mayor que aquello que se está entregando.
Porque regularizar la situación de 80 familias es una obligación social valiosa. Pero utilizar a esas familias como argumento suficiente para eliminar una calle que puede necesitar toda una comunidad en el futuro es otra cosa.
La pregunta de fondo es qué modelo de crecimiento quiere Tucumán.
Uno en el que el Estado planifique primero las calles, los servicios, la circulación y los espacios públicos y después autorice los emprendimientos privados.
O uno en el que los barrios privados avancen primero y el Estado adapte después su planificación a las necesidades de los desarrolladores.
Lo ocurrido en El Manantial genera preocupación porque parece acercarse demasiado a la segunda alternativa.
Hoy quizá esa traza tenga poco tránsito. Mañana puede resultar indispensable. Y una vez que quede encerrada dentro de una urbanización cerrada, probablemente ya no exista marcha atrás.
La Provincia tenía una reserva pública en una zona de enorme expansión. Decidió desafectarla. La Legislatura acompañó. Jaldo promulgó las leyes pese a las objeciones urbanísticas que se habían hecho públicas.
Ahora serán los vecinos quienes deberán recurrir a la Corte para intentar conservar una posibilidad de conexión que el Estado decidió abandonar.
Por eso el conflicto de El Manantial excede largamente esos 650 metros.
Discute para quién se planifica la ciudad.
Para los miles de tucumanos que vivirán y circularán por esa zona durante las próximas décadas o para quienes hoy tienen los recursos para desarrollar cientos de hectáreas.
Cuando es el ciudadano el que termina recurriendo a la Justicia para defender una calle pública frente al avance de un emprendimiento privado, la pregunta deja de ser exagerada.
¿A los gobernantes les importa primero la gente o los empresarios?
