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Catalán volvió a cargar contra el gasto legislativo y pidió redirigir fondos a obras urgentes

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, volvió a cuestionar el nivel de recursos que la Provincia destina al Poder Legislativo y planteó que ese esquema de gastos está alejado de las necesidades más urgentes de la población. Según sostuvo, la Legislatura tucumana absorbe unos U$S 95 millones al año, una cifra que, remarcó, representa cerca del 4% del presupuesto provincial.

El dirigente libertario comparó ese porcentaje con el promedio que, según afirmó, se registra en otras provincias del país, donde el gasto legislativo ronda entre el 1% y el 1,1%. A partir de esa diferencia, insistió en que Tucumán mantiene una estructura política sobredimensionada.

La propuesta: bajar el gasto y volcarlo a infraestructura

Catalán sostuvo que una reducción del gasto legislativo al 2% permitiría liberar alrededor de U$S 45 millones anuales. A su entender, esos recursos podrían destinarse a obras de infraestructura con impacto directo en la calidad de vida de los tucumanos.

En ese sentido, mencionó la necesidad de avanzar con un plan hídrico para localidades que sufren anegamientos cada vez que se registran lluvias intensas. Entre los ejemplos que puso sobre la mesa, aludió a La Madrid como uno de los puntos donde, dijo, hace falta una respuesta estructural después de años de postergaciones.

Un mensaje con tono electoral y foco en la gestión

El referente de LLA afirmó que en Tucumán no falta dinero, sino decisión política para cambiar las prioridades del gasto público. Bajo esa lógica, planteó que el problema de fondo pasa por sostener privilegios de la dirigencia en lugar de orientar los recursos a resolver problemas concretos.

Además, adelantó que su espacio trabaja junto a especialistas en una propuesta integral que no se limite a obras hídricas, sino que también contemple mejoras viales y soluciones para zonas críticas de la provincia. El eje de su mensaje volvió a ser el mismo: achicar el costo de la política para financiar respuestas de gestión.

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