Un nuevo episodio de extrema violencia volvió a sacudir al transporte público de San Miguel de Tucumán. Un chofer de la Línea 3 fue apuñalado durante un intento de robo mientras realizaba su recorrido y, producto del ataque, perdió el control del colectivo. El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en la zona norte de la Capital y vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede largamente a una empresa o a una línea determinada: quién garantiza que trabajadores y pasajeros puedan circular sin convertirse en víctimas de la inseguridad.
La víctima, Juan Pablo Brau Carabajal, de 45 años, conducía la unidad a la altura del barrio 130 Viviendas cuando, alrededor de las 6.50, un hombre que viajaba como pasajero sacó un cuchillo y le exigió sus pertenencias. Se produjo un forcejeo y el trabajador recibió varias heridas de arma blanca en el hombro derecho.
Herido, el chofer perdió el dominio del colectivo, que terminó impactando contra un montículo de tierra. El agresor escapó y Brau Carabajal consiguió posteriormente llegar hasta una garita policial para pedir ayuda. Fue trasladado al Centro de Salud, donde le diagnosticaron múltiples lesiones cortantes y un neumotórax derecho. Horas después fue derivado a un sanatorio privado. La Policía informó posteriormente la detención de un sospechoso de 27 años.
Jaldo y una seguridad que el Gobierno presenta como prioridad
El episodio resulta especialmente incómodo para el Gobierno provincial porque la seguridad ha sido presentada por Osvaldo Jaldo como uno de los principales ejes de su gestión.
El mandatario viene destacando públicamente estadísticas oficiales que muestran una reducción de determinados delitos y homicidios, además del despliegue de operativos preventivos, inversiones en infraestructura policial y mayores controles. Incluso hace menos de dos semanas reunió a la Plana Mayor de la Policía y reclamó profundizar el trabajo contra la delincuencia.
Sin embargo, los números generales no borran lo que sucede en la calle. Y cuando un delincuente puede subir armado a un colectivo, atacar a su conductor a primera hora de la mañana y provocar que una unidad termine fuera de control, queda expuesta una falla concreta en la prevención.
La responsabilidad central en materia de seguridad corresponde al Gobierno provincial. Es la administración de Jaldo la que conduce la Policía de Tucumán, define los despliegues territoriales y establece las prioridades de prevención. La posterior detención de un sospechoso puede representar un avance en la investigación, pero no modifica una pregunta anterior: ¿por qué el delito pudo ocurrir?
En el transporte público, además, el riesgo se multiplica. Un ataque contra un chofer no solamente amenaza la vida del trabajador. Un colectivo fuera de control puede terminar en una tragedia que involucre a pasajeros, peatones y otros conductores.
Chahla tampoco puede mirar hacia otro lado
La intendenta Rossana Chahla tampoco queda al margen de esta discusión. Aunque la conducción de la Policía depende de la Provincia, la Municipalidad asumió públicamente un papel activo en materia de prevención y, especialmente, en la seguridad vinculada al transporte urbano.
La gestión municipal ha invertido en cámaras, desarrolló el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal y anunció la instalación estratégica de dispositivos en puntos vinculados con las paradas de colectivos. La propia Chahla explicó que el objetivo era trabajar coordinadamente con la Patrulla de Protección Ciudadana y la Policía provincial para prevenir delitos.
A eso se suma que el transporte urbano está atravesando una transformación promovida directamente por la intendenta. Hace pocas semanas presentó un plan para reorganizar recorridos, frecuencias y funcionamiento de las líneas de la Capital. Antes, el municipio también había inaugurado un centro destinado a monitorear en tiempo real el movimiento de las unidades.
Por eso resulta insuficiente discutir el transporte solamente en términos de boleto, frecuencias, recorridos, subsidios o cantidad de colectivos. La seguridad también forma parte de la calidad del servicio.
De poco sirve prometer que los usuarios volverán a elegir el colectivo si subir a una unidad implica hacerlo con miedo. Y mucho menos puede hablarse de una modernización integral mientras los choferes quedan expuestos ante episodios violentos durante su jornada laboral.
Provincia y Municipalidad vienen exhibiendo públicamente mecanismos de coordinación. Si esa articulación existe para sostener económicamente el sistema, controlar recorridos o instalar tecnología, también debería traducirse en una estrategia específica para proteger a quienes trabajan y viajan en los colectivos.
Un sistema en crisis que también necesita seguridad
El transporte tucumano ya arrastra una crisis profunda. Los pasajeros padecen aumentos tarifarios, problemas de frecuencia y un servicio que desde hace años pierde usuarios. Los empresarios reclaman por los costos, los trabajadores mantienen conflictos salariales y las administraciones provincial y municipal buscan reformular el esquema.
Ahora, el ataque al chofer de la Línea 3 agrega otro componente que no puede relativizarse: la inseguridad.
Jaldo y Chahla han decidido involucrarse personalmente en la discusión sobre el futuro del transporte. Hace pocos días ambos aparecieron juntos para cuestionar un posible paro de colectivos y remarcar los recursos públicos destinados a sostener el sistema. Esa centralidad política también implica asumir el costo cuando las respuestas estatales resultan insuficientes.
El episodio del domingo no puede reducirse a la conducta criminal de un delincuente ni agotarse con su eventual identificación y detención. También obliga a revisar qué prevención existe en recorridos y horarios considerados vulnerables, cómo se utilizan las cámaras instaladas, qué capacidad de respuesta tienen los sistemas de monitoreo y qué coordinación efectiva hay entre Municipio y Policía.
Mientras esas respuestas no lleguen, trabajadores y pasajeros seguirán pagando las consecuencias.
La inseguridad no distingue entre competencias administrativas. Para el vecino que espera un colectivo de madrugada, para el pasajero que necesita llegar a trabajar y para el chofer que pasa horas detrás del volante, Provincia y Municipalidad son parte de un mismo Estado.
Y cuando viajar en colectivo puede terminar con un trabajador apuñalado y una unidad fuera de control, Jaldo y Chahla tienen una responsabilidad política que no pueden esquivar.
