La caída de un niño de tres años en un pozo cloacal de Villa Luján volvió a poner a la gestión municipal en el centro de los cuestionamientos. Pero, además del debate sobre las responsabilidades por el estado de la vía pública, desde la oposición comenzó a repetirse una crítica que ya había aparecido durante las inundaciones: cuando la crisis escala, Rossana Chahla evita ponerse personalmente al frente de las explicaciones.
El episodio ocurrió en un sector sobre el cual, según documentación exhibida desde la oposición, ya existían reclamos previos. El planteo es que la Municipalidad había sido advertida sobre la existencia del peligro y que, pese a ello, no hubo una solución antes de que un menor terminara cayendo en el lugar.
La discusión sobre las competencias de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) aparece inevitablemente. Las instalaciones cloacales corresponden a la empresa prestataria. Sin embargo, la oposición sostiene que eso no exime al Municipio de intervenir cuando toma conocimiento de un riesgo ubicado en plena vía pública.
Y mientras crecen los cuestionamientos, la pregunta política vuelve a ser la misma: ¿dónde está la intendenta?
Un pozo denunciado y una respuesta que nunca llegó
Desde sectores opositores aseguran que el peligro había sido informado con anticipación mediante expedientes ingresados formalmente a la Municipalidad.
Uno de esos reclamos, afirman, estaba relacionado específicamente con el pozo en el que posteriormente cayó el niño. La presentación habría sido realizada alrededor de dos meses antes del episodio.
La respuesta municipal, según denunciaron, no incluyó un cronograma de reparación ni un plan concreto para eliminar el riesgo, sino una derivación hacia los canales habituales de atención de reclamos.
El caso terminó adquiriendo otra dimensión cuando el peligro dejó de ser solamente una advertencia administrativa y un niño de tres años cayó dentro de la abertura.
Afortunadamente, el menor pudo recuperarse y recibió el alta médica. Pero el desenlace favorable no elimina los interrogantes sobre qué mecanismos utiliza la Municipalidad para actuar cuando recibe información sobre situaciones que pueden representar un riesgo para los vecinos.
Desde la oposición plantean que la discusión no puede reducirse a determinar si la tapa, la cámara o el sistema cloacal dependen técnicamente de la SAT. El cuestionamiento apunta a saber qué hizo la Municipalidad una vez que fue advertida.
Hasta ahora, además, las explicaciones personales de Chahla no aparecieron.
El antecedente de las inundaciones
No es la primera vez que la oposición cuestiona a la intendenta por mantenerse al margen de las explicaciones durante una crisis.
En abril, después de las graves inundaciones que afectaron a distintos sectores de San Miguel de Tucumán, concejales opositores impulsaron una convocatoria para que Chahla asistiera al Concejo Deliberante y explicara qué obras y medidas se habían ejecutado para prevenir los anegamientos.
El pedido finalmente no prosperó.
En aquella oportunidad, quien salió a responder políticamente fue la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, quien calificó el planteo opositor como “oportunismo político” y defendió las tareas de mantenimiento, limpieza de canales e imbornales realizadas por la administración capitalina.
Chahla no fue al recinto.
La situación dejó instalado un cuestionamiento que ahora vuelve a aparecer: ante los momentos más incómodos para la gestión, son sus funcionarios quienes quedan encargados de enfrentar las críticas, mientras la intendenta evita exponerse directamente ante la oposición.
El temporal de abril había sido extraordinario. Defensa Civil reconoció posteriormente que cayeron más de 200 milímetros en apenas tres horas y que, por su magnitud, el fenómeno debió ser considerado una alerta roja.
Eso explica la gravedad de las inundaciones, pero no impidió que se abriera una discusión política sobre las obras, la prevención y la capacidad de respuesta de la Municipalidad.
Ahora el escenario es diferente, pero el comportamiento político que cuestiona la oposición se parece: frente a un episodio grave que involucra el espacio público municipal, la intendenta nuevamente queda lejos de las explicaciones.
La responsabilidad puede discutirse; el silencio también
La Municipalidad puede sostener que la responsabilidad directa por un pozo cloacal corresponde a la SAT. Y seguramente será necesario determinar técnicamente qué obligaciones correspondían a cada organismo.
Pero existe otro plano que es estrictamente político.
La intendenta gobierna San Miguel de Tucumán y, ante un episodio de esta gravedad, la oposición espera que sea ella quien explique qué sabía el Municipio, cuándo fue advertido, qué hizo frente al reclamo y por qué el problema no fue solucionado antes de que un niño terminara dentro del pozo.
El antecedente de las inundaciones hace que esa ausencia tenga todavía mayor peso.
En aquella crisis, la oposición pidió escuchar a Chahla y terminó discutiendo con sus funcionarios. Ahora, tras un hecho que pudo haber terminado de una manera mucho más grave, vuelve a ocurrir algo similar.
Mientras tanto, los cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura urbana siguen acumulándose: pozos, baches, desagües, calles deterioradas y reclamos vecinales que, según denuncia la oposición, no encuentran respuestas con la velocidad necesaria.
El debate sobre las responsabilidades de la SAT será parte inevitable del caso. Pero trasladar toda la discusión hacia la empresa también puede convertirse en una forma de evitar otra pregunta.
Cuando ocurre una crisis en la ciudad que administra, ¿por qué Chahla no es la primera en dar la cara?
