La absolución de Virginia Nazarena Mercado en el juicio por encubrimiento agravado volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Justicia tucumana en torno al crimen de Paulina Lebbos. Tras conocerse el fallo, Alberto Lebbos difundió un listado de 25 causas penales derivadas del expediente principal que, según denunció, no registran avances informados o permanecen inmovilizadas en el Ministerio Público Fiscal.
El padre de la joven advirtió que varios de esos legajos podrían quedar alcanzados por la prescripción. Se trata de investigaciones originadas, en buena parte, a partir de las remisiones ordenadas por la Sala Penal III en la sentencia dictada el 25 de febrero de 2019.
Las causas surgidas del fallo de 2019
En aquella resolución, los jueces Carlos Caramutti, Rafael Macorito y Dante Ibáñez dispusieron que se investigara a más de 40 personas por posibles delitos de falso testimonio, encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
La medida se adoptó luego de las condenas contra Eduardo Oscar Di Lella, Hugo Sánchez, Luis Nicolás Barrera y Rubén Héctor Brito por el encubrimiento del crimen de Paulina, ocurrido el 26 de febrero de 2006.
De acuerdo con el relevamiento presentado por Lebbos, las causas derivadas de esa sentencia involucran a ex funcionarios de la gestión de José Jorge Alperovich, antiguos jefes policiales, investigadores, peritos y testigos que declararon durante el juicio oral.
Entre los expedientes mencionados aparece una investigación que incluye al ex gobernador Alperovich; al ex ministro Mario López Herrera; a Di Lella; a José Gerardo Ardiles; a Sánchez; a Barrera; a Brito; y a los ex funcionarios Heberto Arturo Cortez, José Eduardo Díaz, Margarita de Fátima Gómez, Néstor Hugo Juárez, Jorge Herminio Racedo, Luis Antonio Santana y Héctor René Sosa.
Según el listado, las actuaciones contemplan presuntos delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Investigaciones por falso testimonio y encubrimiento
La nómina difundida por Lebbos también incluye numerosos legajos abiertos por supuesto falso testimonio. En esa situación se encuentran Ernesto Bernabé Fierro, Fernando Rodolfo Maruf, Ramón Marcelo Fernández, Daniel Alejandro Díaz, Raúl Antonio Ferreyra, Gustavo Alberto Herrera, Guillermo Polli, Jimena Fabiana Mercado, José Alejandro Aramayo, Macarena del Valle Bordato y Jorge Hernán Jiménez.
Asimismo, aparecen investigaciones por encubrimiento contra Juan Pedro Cruzado, Lilia Amelia Moyano y Héctor Gustavo González.
El inventario incorpora, además, expedientes contra antiguos investigadores de la causa principal por posibles maniobras de encubrimiento, falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre ellos se mencionan las actuaciones contra Jorge Marcelo Mazuy y Vicente Francisco Picón, además de un expediente por amenazas coactivas e instigación a cometer delitos contra Enrique Eduardo Andrada Barone y otras personas.
También figuran causas unificadas por encubrimiento y falso testimonio contra Fernando Vázquez Carranza, Luis Roberto Gómez y Ernesto Juan Atim, junto con actuaciones iniciadas de oficio contra Jorge Hernán Jiménez y Víctor César Soto, ex pareja de Paulina.
El riesgo de prescripción y el reclamo de respuestas
Uno de los expedientes destacados es el legajo 6075/2006, que abarca presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio, encubrimiento, abuso de autoridad, falsedad ideológica y amenazas.
En esa investigación aparecen mencionados Barrera, Brito, Di Lella, Gómez, Rodríguez, Sánchez, Jorge Acevedo, Javier Acevedo, Julio Fabián Acevedo y González.
Para Alberto Lebbos, la falta de avances en estos 25 expedientes constituye una nueva expresión de la pasividad institucional que rodeó la investigación desde sus comienzos. Su preocupación central es que el paso del tiempo termine cerrando las causas sin que se determinen responsabilidades.
La denuncia pública se produjo después de la absolución de Virginia Mercado, una decisión que generó malestar entre los familiares y allegados de Paulina. A casi dos décadas del crimen, el reclamo de la familia vuelve a concentrarse en la necesidad de que las investigaciones pendientes avancen antes de que la prescripción impida llegar a una resolución judicial.
