La deuda pública de Tucumán alcanzó los $153.000 millones al 31 de marzo de 2026. Aunque el Gobierno provincial destaca que el pasivo equivale a cerca del 3% del presupuesto vigente, la cifra expone compromisos relevantes con bancos privados, el Estado nacional y tenedores de títulos públicos.
El porcentaje sobre el presupuesto permite dimensionar la capacidad de pago, pero no elimina el peso concreto del endeudamiento. La Provincia debe destinar recursos al pago de capital e intereses en un escenario marcado por la caída de ingresos, los recortes presupuestarios y el agotamiento del Fondo Anticíclico.
Además, para evitar que los vencimientos afecten inmediatamente el funcionamiento del Estado, la administración de Osvaldo Jaldo recurre al “roll over”: refinancia obligaciones y traslada pagos hacia adelante. La estrategia brinda alivio en el corto plazo, aunque mantiene abierta la carga financiera para los próximos ejercicios.
Casi $80.000 millones con el Banco Macro
Uno de los datos más significativos es el crecimiento de la deuda con la banca privada. La Provincia utilizó un financiamiento cercano a los $80.000 millones otorgado por el Banco Macro, agente financiero del Estado tucumano.
Este compromiso representa más de la mitad del stock total informado. También marca un cambio en la composición del endeudamiento provincial, ya que históricamente la Nación era el principal acreedor de Tucumán. Actualmente, las obligaciones se reparten casi en partes iguales entre el poder central y las entidades financieras privadas.
El endeudamiento bancario puede aportar recursos para cubrir necesidades inmediatas, pero también genera intereses y vencimientos que deben ser atendidos con ingresos futuros. En el caso de las provincias, las transferencias de coparticipación federal suelen funcionar como garantía de los créditos asumidos.
Por lo tanto, una parte de los recursos que deberían financiar servicios públicos, salarios, infraestructura y políticas sociales queda condicionada por las obligaciones contraídas previamente.
Más de $55.000 millones vinculados con la Nación
La segunda deuda más importante registrada en las planillas oficiales asciende a $55.190 millones. Corresponde a una asistencia del Banco Nación utilizada para cancelar obligaciones con el desaparecido Fondo Federal para el Desarrollo Provincial.
A ese compromiso se suman cerca de $10.000 millones correspondientes a títulos públicos, entre ellos los Consadep II, III y IV y los Bonos de Conversión de Deuda Pública 2031.
Estos instrumentos fueron utilizados para reestructurar pasivos y acuerdos financieros. Operan en pesos y están vinculados con la tasa Badlar, por lo que su costo puede modificarse de acuerdo con la evolución de las tasas de interés del sistema bancario.
El Gobierno provincial resalta que Tucumán no tomó deuda directamente denominada en moneda extranjera. Sin embargo, la propia información oficial señala la existencia de créditos provenientes de organismos internacionales, originalmente nominados en dólares y luego registrados en pesos dentro de la contabilidad pública.
La pesificación reduce la exposición contable directa a una devaluación, pero no significa que las obligaciones desaparezcan ni que carezcan de costos financieros.
Refinanciar para pagar salarios y sostener el Estado
La Provincia admite que necesita refinanciar vencimientos para atender los gastos de funcionamiento y el pago de salarios. Esta situación se produce luego del agotamiento del Fondo Anticíclico y en medio de una contracción del gasto público.
El Ministerio de Economía provincial informó una reducción de partidas cercana al 20% en numerosas áreas de la administración. Desde marzo, el ajuste también alcanzó a organismos autárquicos y descentralizados.
Actualmente, el pago de capital e intereses demanda alrededor del 2,5% del gasto presupuestado para el año. La legislación permite destinar hasta un 10%, pero que el porcentaje se encuentre por debajo de ese límite legal no convierte al endeudamiento en un dato menor.
Los $153.000 millones representan recursos que deberán salir de presupuestos presentes o futuros. La sostenibilidad dependerá no sólo de que la deuda esté expresada en pesos, sino también de la evolución de la recaudación, la coparticipación, las tasas de interés y la capacidad del Gobierno para evitar que las sucesivas refinanciaciones acumulen nuevas obligaciones.
El pasivo provincial puede aparecer controlado cuando se lo compara con el presupuesto total. Sin embargo, la necesidad de renovar vencimientos, el agotamiento de reservas anticíclicas y los recortes aplicados en distintas áreas muestran que las cuentas públicas enfrentan restricciones concretas. La deuda no implica por sí sola una crisis fiscal, pero tampoco puede reducirse a un porcentaje tranquilizador.
