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El caso Vélez golpea al cisnerismo: el cierre provincial de la causa deja a Cisneros y Neme frente a sus propios expedientes

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de dejar firme en el ámbito provincial el sobreseimiento de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín no sólo clausura una etapa judicial que comenzó en marzo de 2024. También produce un fuerte impacto político sobre uno de los espacios que más se involucró públicamente en el expediente: el que encabeza el diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros.

El máximo tribunal provincial rechazó la queja de la querella y ratificó, de ese modo, una línea que ya había sido sostenida por el juez Augusto Paz Almonacid y luego por el Tribunal de Impugnación. Los magistrados consideraron que la valoración conjunta de la prueba permitía sostener que el encuentro sexual investigado había sido consentido y que no se configuró el delito atribuido a los futbolistas.

La resolución no significa, por sí misma, que la Justicia haya determinado que existió una falsa denuncia ni mucho menos que haya establecido responsabilidades penales de Cisneros, de la abogada Patricia Neme o de otras personas que intervinieron alrededor de la denunciante. Pero deja un escenario radicalmente diferente al de los primeros meses del caso: quienes impulsaron política y judicialmente la acusación contra los jugadores ahora tienen abiertos expedientes en los que sus propias actuaciones son materia de investigación.

De bandera política a un problema para el cisnerismo

Cisneros nunca fue un actor distante del caso. Cuando comenzaron a aparecer las primeras investigaciones paralelas contra el entorno de la denunciante, salió públicamente a respaldar a Patricia Neme y a cuestionar con dureza al Ministerio Público Fiscal de Tucumán.

En octubre de 2025, después de los allanamientos producidos en la denominada “causa espejo”, el diputado sostuvo que se estaba intentando desviar la investigación del supuesto abuso y responsabilizó directamente al jefe de los fiscales, Edmundo “Pirincho” Jiménez. También defendió públicamente la actuación de Neme y reivindicó su trayectoria como abogada en causas vinculadas con violencia de género y otros conflictos judiciales.

Neme, por su parte, fue todavía más categórica. Como integrante de la representación legal de la joven, cuestionó a fiscales y magistrados tucumanos, habló públicamente de maniobras corruptas y sostuvo que la querella buscaría una condena firme contra los futbolistas.

Ese posicionamiento tuvo además un correlato político y gremial. La causa se transformó en una bandera alrededor de sectores vinculados a La Bancaria y al propio Cisneros, que presentaron la discusión no sólo como un expediente penal, sino también como una pelea contra sectores del Poder Judicial tucumano.

El problema para ese discurso es que el resultado judicial terminó siendo exactamente el contrario al que anunciaban. Primero Paz Almonacid, después la jueza de Impugnación Patricia Carugatti y finalmente la Corte provincial rechazaron las pretensiones de la querella. El último fallo también sostuvo que la aplicación de perspectiva de género no supone aceptar de manera automática un relato, invertir la carga de la prueba ni desplazar la presunción de inocencia.

Para el cisnerismo, por lo tanto, el costo es fundamentalmente político: convirtió el expediente en una causa propia, confrontó con fiscales y jueces y defendió públicamente la hipótesis acusatoria que tres decisiones judiciales consecutivas terminaron descartando.

Patricia Neme pasó de querellante a quedar alcanzada por investigaciones derivadas

La situación de Patricia Neme resulta particularmente sensible. No se trata solamente de una abogada que intervino en representación de la denunciante. Su cercanía profesional con Cisneros está documentada incluso por declaraciones del propio diputado, que la defendió públicamente y destacó causas en las que actuaba vinculada a La Bancaria. Neme también patrocinó judicialmente a Cisneros en otros expedientes.

Durante el desarrollo del caso Vélez, uno de los acusados, José Florentín, dio vuelta el tablero. A partir del contenido recuperado de teléfonos celulares y de otros elementos incorporados a la investigación, denunció a personas del entorno de la joven y sostuvo que habría existido una maniobra destinada a perjudicar judicialmente a los futbolistas.

La presentación incluyó a Cisneros, Neme, otros abogados, testigos y personas vinculadas al ámbito bancario. Entre los delitos denunciados aparecen falso testimonio, estafa procesal, adulteración documental y asociación ilícita. Son imputaciones realizadas por la parte denunciante de ese segundo expediente y deberán ser demostradas: hasta ahora no existe una condena que permita atribuirles esos delitos como hechos comprobados.

La denominada “causa espejo” tuvo, sin embargo, movimientos concretos. Hubo allanamientos y secuestros de dispositivos. La Justicia rechazó pedidos para declarar nulas esas medidas, negó sobreseimientos solicitados por personas investigadas y finalmente dispuso que la pesquisa quedara bajo responsabilidad del fiscal regional Fernando Blanno.

Pero existe un segundo frente todavía más delicado.

A partir de la remisión de actuaciones efectuada por la Justicia provincial, se abrió en el Juzgado Federal N°2 de Tucumán una investigación sobre una posible hipótesis vinculada con trata de personas. En marzo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz pidió que Carlos Cisneros, Patricia Neme y Federico Petraglia fueran citados a declaración indagatoria. También requirió medidas de coerción y nuevas diligencias probatorias.

La defensa de Cisneros rechazó públicamente las acusaciones, sostuvo que se trata de una investigación preliminar y afirmó que el diputado está a disposición de la Justicia. Hasta la última información pública comprobable localizada sobre ese expediente, el juez federal Guillermo Díaz Martínez todavía no había resuelto el pedido de indagatorias.

La “contracausa” ya existe y ahora el interrogante es hasta dónde llegará

Por eso, la pregunta ya no es estrictamente si habrá una contracausa después del sobreseimiento de los futbolistas. Las contracausas ya están abiertas.

Lo que debe definirse es si esas investigaciones reunirán prueba suficiente para avanzar procesalmente contra Cisneros, Neme u otras personas. Y en ese punto la resolución de la Corte provincial puede tener consecuencias relevantes, aunque no automáticas.

El fallo deja definitivamente a salvo, dentro de la Justicia tucumana, la valoración probatoria que condujo al sobreseimiento y rechaza los cuestionamientos de la querella contra el análisis de evidencia digital. Es justamente parte de ese material el que dio origen a las denuncias posteriores. Eso fortalece la posibilidad de que esos elementos continúen siendo examinados en los expedientes derivados, pero no convierte automáticamente a los denunciados en culpables de ninguna maniobra.

Cada causa deberá probar de manera independiente si existieron delitos, quiénes participaron y con qué grado de responsabilidad.

En sede provincial, el foco estará puesto en lo que resuelva la Fiscalía Regional sobre la denuncia presentada por Florentín. En el fuero federal, la definición más importante sigue pendiente: si el juez acepta el requerimiento del fiscal Vehils Ruiz y convoca a Cisneros, Neme y Petraglia a indagatoria, el expediente ingresará en una fase procesal considerablemente más comprometida para los tres.

Mientras tanto, la representación de la denunciante conserva la posibilidad de intentar llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ese camino extraordinario no cambia un dato político difícil de soslayar en Tucumán: la causa que el cisnerismo convirtió durante más de dos años en una de sus principales banderas terminó cerrándose en la provincia con tres decisiones favorables a los futbolistas, mientras Cisneros y una de sus principales abogadas quedaron involucrados en investigaciones surgidas del mismo expediente que defendieron públicamente.

El caso, así, cambió completamente de dirección. Para Cisneros y Patricia Neme ya no se trata solamente de explicar por qué fracasó la acusación que sostuvieron. También deberán seguir de cerca qué hace la Justicia con las actuaciones que ahora los tienen a ellos bajo investigación.

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