El Ente Autárquico Tucumán Turismo estaba dispuesto a desembolsar casi $80 millones en una campaña de promoción nacional que incluía páginas web, redes sociales, newsletters, canales de WhatsApp, bases de datos y otros espacios digitales. El problema apareció cuando el Tribunal de Cuentas intentó comprobar dónde concretamente iba a difundirse esa publicidad: en numerosos casos, simplemente no pudo hacerlo.
La situación quedó expuesta en el Acuerdo N° 5474 del organismo de control, que frenó preventivamente la contratación autorizada por el Ente que conduce Domingo Amaya y devolvió el expediente para que fueran subsanadas las inconsistencias.
El gasto total previsto era de $79.649.458, IVA incluido. La contratación directa había sido adjudicada a Marina María Molinari por un monto mensual de $11.378.494 durante siete meses, con el objetivo de desarrollar una estrategia de “co-marketing integral” destinada a posicionar a Tucumán como destino turístico.
Pero cuando el Departamento de Informática del Tribunal de Cuentas revisó el expediente surgió una pregunta elemental para cualquier contratación financiada con fondos públicos: ¿dónde exactamente iba a aparecer la publicidad por la que la Provincia estaba dispuesta a pagar?
En una cantidad significativa de casos, el expediente no ofrecía una respuesta verificable.
Sitios sin identificar, cuentas que no aparecían y bases de datos que nadie podía comprobar
La observación del Tribunal de Cuentas no fue genérica. El área informática revisó uno por uno distintos componentes de la propuesta y dejó asentadas dificultades para comprobar los canales ofrecidos.
En el caso de Almundo, por ejemplo, la documentación no precisaba cuáles eran el sitio web ni las cuentas de X, Facebook e Instagram sobre las que se realizaría la promoción. La conclusión técnica fue directa: sin esa individualización no era posible constatar su existencia.
Algo similar ocurrió con All Seasons, donde no estaban identificadas las cuentas de redes sociales y tampoco se informaba de manera suficiente cuáles serían los dominios de las radios mencionadas en el plan.
El caso de Grupo GEA resulta aún más llamativo. La propuesta hacía referencia a acciones en unos 650 sitios de agencias de viajes argentinas y otros 350 sitios de agencias de Perú. Sin embargo, esos mil sitios no estaban individualizados.
Es decir: figuraban como parte del alcance potencial de la campaña, pero el organismo encargado de controlar el gasto público no podía saber cuáles eran.
Tampoco estaban identificados el canal de WhatsApp ni las bases de datos de correo electrónico que serían empleadas.
Con OLA sucedió algo parecido. Se mencionaba una “Web Ola”, un newsletter exclusivo y un canal de WhatsApp, pero la documentación no aportaba los datos necesarios para identificar concretamente esos soportes.
Piamonte Turismo tenía previstas publicaciones y banners en diferentes medios digitales, pero tampoco se individualizaban adecuadamente las páginas en las que aparecerían. Travel Store presentaba problemas similares con dominios, newsletters e Instagram.
Y Wander Wine tenía previstas acciones en Facebook, Instagram y una web propia sin que la documentación permitiera identificar con precisión esos canales.
No significa necesariamente que todas esas empresas, páginas o herramientas sean inexistentes. Varias de las compañías mencionadas son operadores conocidos del sector turístico.
La gravedad administrativa es otra: el Ente estaba dispuesto a contratar y comprometer fondos públicos sin haber incorporado al expediente la información indispensable para que el Tribunal pudiera verificar una parte considerable de aquello que se estaba comprando.
El caso Pezzati: hasta buscaron una cuenta y no la encontraron
Las observaciones vinculadas con Pezzati Viajes fueron todavía más concretas.
La propuesta contemplaba acciones vinculadas con el programa “Mundo Turístico”, un canal de YouTube, un blog, newsletters, una revista digital y campañas de correo electrónico.
Cuando los técnicos buscaron el canal de YouTube identificado en la documentación, no pudieron constatar su existencia.
Tampoco pudieron localizar la cuenta de Facebook informada como perteneciente a Pezzati Viajes.
El organismo revisó además el dominio pezzati.com y encontró otro problema: mediante una consulta técnica no pudo comprobarse que el registrante tuviera relación acreditada con Pezzati o con Marina María Molinari, adjudicataria de la contratación.
Otro dominio sí aparecía registrado a nombre de una persona vinculada con el apellido Pezzati, pero el expediente tampoco contenía documentación que permitiera establecer su relación con Molinari.
El Tribunal incluso explicó que existían mecanismos técnicos relativamente sencillos para demostrar la posesión o administración de un dominio, pero esa acreditación no había sido presentada.
También faltaba identificar qué cuentas concretas serían utilizadas para campañas pagas de Facebook e Instagram.
Es difícil encontrar una imagen más clara del problema: Turismo había aprobado internamente un desembolso de casi $80 millones y recién cuando el expediente llegó al control técnico surgió que una parte de las vidrieras digitales donde supuestamente debía exhibirse Tucumán no podía siquiera ser individualizada correctamente.
La adjudicataria, cabe aclararlo, no es una persona sin antecedentes conocidos en la actividad. Registros públicos históricos muestran a Marina María Molinari vinculada desde hace años con emprendimientos relacionados con turismo, comunicación y publicidad, entre ellos El Mensajero Periódico Turístico e Ideas + Turismo.
Por eso, la pregunta no debería simplificarse en si “la contratada existe”.
La verdadera pregunta es mucho más incómoda para el Ente: ¿cómo se autorizó una contratación de semejante monto sin dejar acreditado con precisión dónde se iba a ejecutar buena parte del servicio?
Turismo había aprobado el gasto antes de que pudiera comprobarse qué estaba comprando
El punto políticamente más difícil para la conducción de Domingo Amaya es el orden en que ocurrieron las cosas.
No fue que el Tribunal recibió un proyecto preliminar para asesorar a Turismo sobre cómo armarlo.
El Ente ya había dictado la Resolución N° 1718/9, del 25 de junio de 2026, autorizando la contratación directa.
Recién durante el control preventivo aparecieron las inconsistencias.
El Departamento de Informática produjo el Informe Técnico N° 292/26 y exigió que fueran subsanados los faltantes antes de poder expedirse. El Tribunal tomó esas observaciones, devolvió las actuaciones y ordenó al Ente abstenerse de ejecutar el acto hasta que hubiera un pronunciamiento definitivo.
En otras palabras: el mecanismo de control funcionó antes de que pudiera concretarse el desembolso.
Pero justamente porque funcionó quedó expuesta la fragilidad con la que había avanzado previamente el expediente dentro de Turismo.
Por casi $80 millones, cualquier ciudadano podría esperar que el Estado sepa no solamente qué campaña quiere realizar, sino cuáles serán los sitios, las cuentas, las bases de datos, los newsletters, los canales y los espacios concretos donde aparecerá la publicidad.
Acá ocurrió al revés: Turismo autorizó la contratación y fue el Tribunal de Cuentas el que tuvo que preguntar después dónde estaban esos soportes y cómo se acreditaba que podían ser utilizados.
Hasta las fuentes públicas consultadas para esta nota no permiten establecer que exista un pronunciamiento definitivo posterior que haya levantado las observaciones del Acuerdo N° 5474.
Por eso, el interrogante sigue abierto.
No puede afirmarse que Turismo haya intentado contratar una campaña completamente inexistente. Eso iría más allá de lo comprobado.
Pero sí puede afirmarse algo suficientemente grave: el Ente pretendía comprometer casi $80 millones en una campaña en la que numerosos medios de difusión no estaban identificados de manera tal que el organismo de control pudiera siquiera verificar su existencia, titularidad o vinculación con la propuesta.
Y cuando se trata de plata pública, no saber exactamente dónde va a aparecer aquello que se está pagando no es un detalle técnico.
Es precisamente lo que debería saberse antes de autorizar el gasto.
